Las medidas anti-migratorias y anti-LGBTI anunciadas por Donald Trump ya empezaron a aplicarse. Conversamos activistas LGBTI migrantes para conocer su situación y el panorama venidero.
Este 20 de enero Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión. Desde desde su elección, anunció los efectos de su política migratoria: “llevar a cabo la deportación más grande de la historia”. Dijo que bloqueará medidas solicitud al derecho al asilo como el programa CPB-one y llevará más tropas a la frontera con México.
Trump llega a la presidencia con la Cámara de Representantes y el Senado a su favor con la mayoría de curules del Partido Republicano. Además de una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Es el primer presidente de la historia de Estados Unidos sentenciado por al menos 34 delitos graves por soborno, aunque sin pena de cárcel o multa.
Durante la campaña y en el acto de ayer Trump mantuvo una narrativa racista, xenófoba, anti LGBTI+, antimigrante y militarista.
Conversamos con Raúl Caporal, director de Casa Frida, un albergue para personas en movilidad humana con sede en Tapachula, Monterrey y Ciudad de México; y con Blanca Castro, defensora de derechos humanos de Honduras.
11,2 millones de personas en riesgo
A minutos de su gestión como presidente, periodistas y medios informaron que la aplicación CPB-One dejó de funcionar y las citas de solicitud de asilo que personas migrantes tenían programadas fueron canceladas. Además, Trump firmó una orden ejecutiva que declara el estado de emergencia en la frontera con México.
En una entrevista con Carmen Aristegui, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch en las Américas, declaró que las medidas de Trump en asuntos migratorios ponen en vulnerabilidad a 11.2 millones de personas migrantes en situación irregular, de los cuales el 66% son de México y Centroamérica.
Desde Presentes nos contactamos con mujeres trans migrantes en Nueva York y Los Ángeles.
“Tenemos mucho miedo, en las calles vemos camionetas de migración y estamos todas asustadas. Ya he sido discriminada y ahora con esto que dice Trump de que solo hay dos géneros, tengo miedo de que ahora la gente tenga más confianza de decirme más cosas en la cara por ser trans, trabajadora sexual y ser migrante”, cuenta una mujer trans salvadoreña que hizo su transición en la ruta migratoria. En México le negaron su derecho al asilo y llegó hace dos años a Nueva York. Frente al panorama actual ahora piensa si migrar o no a España. Por seguridad esta mujer pidió el anonimato.
Raúl Caporal de Casa Frida y Blanca Castro de Honduras coinciden en que en las últimas semanas las personas LGBT+ migrantes y refugiadas ven su sueño frustrado. Esto ha hecho que muchas de ellas tomen rutas migratorias irregulares en donde enfrentan riesgos y vulneración a sus derechos humanos. Corren riesgo de tráfico ilegal, violencia física y sexual por parte de grupos del crimen organizado, fuerzas de seguridad y autoridades migratorias.
“Lo que vimos en las últimas semanas a medida que se acerca la toma de protesta de Trump es que hay una aceleración en los tiempos y con ello tomar rutas irregulares de migración que conlleva más peligros y violaciones a derechos humanos. Están muy vinculado grupos del crimen organizado y hoy es uno de los mayores problemas por los riesgos. Es un panorama donde hay mucha desesperanza y ansiedad por llegar a Estados Unidos”, comenta Caporal.
“En Honduras tenemos una bomba de tiempo”
En Honduras la población LGBT+ se encuentra en indefensión de sus derechos humanos. Desde que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso «Vicky Hernández y otras vs. Honduras» fue emitida, el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar el reconocimiento a la identidad de género y otras medidas de protección para las poblaciones LGBT+, sin embargo, no se han implementado.
Blanca Castro, defensora de derechos humanos, cuenta que “se mencionó a la población LGTB en un discurso de toma de posesión (de la actual presidenta Xiomara Castro). Pero desde entonces no ha habido políticas, ni derechos y las recomendaciones de la sentencia de Vicky Hernández han sido manejadas al antojo. No ha habido un beneficio real, tangible o visible para la población, entonces nos quedamos prácticamente agarrados de la cooperación internacional”.
La ayuda internacional de Estados Unidos bajo la gestión de Trump también puede verse vulnerada. A partir del Proyecto 2025, un plan de gobierno de ultraderecha que ha adoptado Trump, se busca limitar el apoyo internacional desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otras medidas que impacten directamente en los derechos humanos y protección de poblaciones vulneradas.
Una de estas medidas de protección para personas migrantes fue suspendida la semana pasada para Honduras, El Salvador, Nicaragua, Nepal y Sudán. Se trata del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que el gobierno de Estados Unidos brinda a personas de ciertas nacionalidades que, por diversos motivos de emergencia no pueden volver a su país, por lo que les ofrece estadía temporal y permisos de trabajo, además de garantizarles la suspensión de una posible deportación. El Proyecto 2025 llama a eliminar el TPS y cualquier otra forma de protección a la población migrante.
“Lo del TPS nos cayó como balde de agua fría porque hay muchas personas tanto de la población LGTB como personas que no son parte de la población que dependen de este estatus. Si a eso le agregas un asunto interno en el país de altos niveles de discriminación y violencia contra grupos vulnerables y protegidos, y poca actuación de la justicia, sin acceso al derecho laboral, entonces estamos en una bomba de tiempo que pone a nuestras poblaciones LGBT migrantes y no migrantes en una total situación de riesgo e indefensión”, explica Blanca Castro.
En su primer día como presidente, Trump firmó una órden ejecutiva que suspende temporalmente todos los programas de Estados Unidos para la asistencia extranjera por 90 días y serán revisados para determinar si se alinean con su visión política.
“Frente a este panorama lo que creo que nos va a fortalecer es la resiliencia, la cooperación entre colectivos y las redes que hemos tejido. Las personas LGBT+ han tenido un escudo de resiliencia impresionante, no importa la situación ni la adversidad, nosotros creamos las oportunidades y esta vez no va a ser distinto, lo hemos hecho siempre. Hay aliados y hay historias de las cuales podemos aprender”, agrega Blanca.
“Fortalecer el trabajo de años y mejorar las alianzas”
Casa Frida comenzó a trabajar como albergue para personas migrantes LGBT+ en 2020 y hoy cuenta con dos sedes más en Monterrey (al norte de México) y en la capital del país.
Casa Frida es la única organización mexicana que trabaja con una perspectiva de integración local para personas migrantes LGBT que solicitan refugio por razones humanitarias y personas migrantes en desplazamiento que buscan iniciar un proceso de asilo en Estados Unidos. También acompañan a personas LGBTI+ mexicanas en situación de desplazamiento interno forzado.
Su director, Raúl Caporal dice en entrevista que más que prepararse ante una nueva administración de Trump, su visión es “fortalecer lo que ya sabemos hacer”.
“En el contexto actual preocupaciones hay muchas pero lo que nos queda es fortalecer nuestro trabajo y mejorar las alianzas con otros espacios y albergues, tanto para personas LGBTI como para la población general tanto en México como en Centroamérica. Necesitamos trabajar coordinadamente en nuevas estrategias para fortalecer los mecanismos de integración local y protección internacional con la única autoridad facultada en México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero lo cierto es que hoy no hay titular y con el paso del tiempo ha habido un debilitamiento ante la mirada de la política migratoria en Estados Unidos”, explica Caporal.
El rol de México
Los desafíos que Raúl observa para las poblaciones LGBT+ migrantes es sobre todo en cómo “orientar, integrar y proteger” a las personas que van a ser deportadas y que al mismo tiempo no pueden volver a sus países de origen dado que su integridad está en peligro por razones de su orientación sexual, identidad y expresión de género y contextos de violencia y falta de empleo.
En ese sentido, Raúl cree que México “podría convertirse en ese país seguro con opciones para la población LGBT+ migrante y refugiada. Al menos en la Ciudad de México por sus avances legislativos y política pública las personas migrantes podrían tener una alternativa”.
“De hecho este es un deseo de quienes acompañamos, un 70% de nuestra población solicitante de refugio inicia su proceso en México con intención de quedarse. Con el cierre de fronteras el restante 30% que sigue la ruta hasta llegar a Estados Unidos o que pueda ser deportada tendremos entonces que prepararnos para recibirles con la capacidad que tenemos instalada. Pero no es algo nuevo que vayamos a empezar de cero”.
En diciembre la autoridad federal mexicana mencionó la apertura de 25 albergues más en puntos fronterizos con Estados Unidos. De acuerdo a una nota de la periodista Almudena Barragán de El País, a una semana de la toma de protesta de Trump, los gobiernos estatales y municipales al norte del país “trabajan a marchas forzadas desde hace semanas (…) y advierten de los obstáculos económicos y de infraestructura que enfrentan y han hecho un llamado al Gobierno de Claudia Sheinbaum para trabajar de manera conjunta”.
