SVCMC Inc., anteriormente conocida como Saint Vincents Catholic Medical Centers of New York (Saint Vincent), acordó pagar $29 millones para resolver las acusaciones de que violó la Ley de Reclamaciones Falsas al retener deliberadamente pagos erróneamente inflados recibidos del Departamento de Defensa por servicios de atención médica proporcionados a militares retirados y sus familias.
Saint Vincent es uno de los seis planes de salud que participan en el programa Uniformed Services Family Health Plan (USFHP), que es un programa federal de seguro médico financiado por la Defense Health Agency (DHA), un componente del Departamento de Defensa. En virtud del programa USFHP, la DHA paga a Saint Vincent tarifas per cápita para proporcionar servicios de atención médica al personal militar, los jubilados y sus familias.
La denuncia alegaba que, en 2012, Saint Vincent se enteró de que se habían cometido errores en el cálculo de las tarifas per cápita que dieron lugar a importantes sobrepagos a Saint Vincent y a los otros cinco planes USFHP durante los cuatro años anteriores. Según la denuncia del gobierno, en lugar de notificar al gobierno sobre los sobrepagos o devolver los fondos, Saint Vincent, junto con los otros cinco planes USFHP, tomaron medidas para ocultar la existencia de los sobrepagos a la DHA, continuaron presentando facturas con las tarifas de pago infladas y conspiraron para evitar devolver el dinero. El acuerdo de hoy resuelve las reclamaciones del gobierno contra Saint Vincent.
“Quienes reciben fondos públicos, incluidos los participantes en programas de atención médica del gobierno, deben devolver los fondos a los que no tienen derecho”, dijo el fiscal general adjunto interino Brett A. Shumate, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “Junto con nuestros socios en todo el gobierno federal, haremos que rindan cuentas quienes incumplan deliberadamente esta obligación ante los contribuyentes estadounidenses”.
“Quiero agradecer al Departamento de Justicia por resolver este caso en nombre de TRICARE y la Agencia de Salud de Defensa”, dijo el Dr. David C. Krulak, Director del Plan de Salud TRICARE, DHA. “Brindar una excelente atención médica a nuestros 9,5 millones de beneficiarios en todo el mundo es esencial para mantener la preparación de las fuerzas y cumplir nuestra promesa a nuestros familiares y jubilados, al mismo tiempo que administramos bien el dinero de los contribuyentes”.
El acuerdo civil resuelve las reclamaciones presentadas en virtud de las disposiciones qui tam o de denuncia de irregularidades de la Ley de Reclamaciones Falsas por Jane Rollinson y Daniel Gregorie en el Distrito de Maine. De 2007 a 2015, la Sra. Rollinson trabajó en Martin’s Point Health Care, uno de los planes de salud que participan en el programa USFHP, incluso como su Directora Financiera Interina. El Sr. Gregorie fue consultor del Director Ejecutivo y la Junta de Martin’s Point Health Care y más tarde formó parte de su Junta de Síndicos. En virtud de las disposiciones qui tam de la Ley de Reclamaciones Falsas, una parte privada puede presentar una acción en nombre de los Estados Unidos y recibir una parte de cualquier recuperación. Estados Unidos puede intervenir y proceder con el caso, como lo hizo aquí. El caso qui tam se titula United States ex rel. Rollinson v. Martin’s Point Health Care, Inc. , No. 2:16-cv-00447-NT (D. Me.). Como parte del acuerdo alcanzado hoy, la Sra. Rollinson y el Sr. Gregorie recibirán 5,655 millones de dólares. Estados Unidos sigue adelante con las reclamaciones restantes en este caso.
La resolución de este asunto fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre la División de Litigios Comerciales (Sección de Fraude) de la División Civil y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Maine, con la asistencia del DHA.
La investigación y resolución de este asunto ilustra el énfasis del gobierno en combatir el fraude en la atención médica. Una de las herramientas más poderosas en este esfuerzo es la Ley de Reclamos Falsos. Las denuncias y quejas de todas las fuentes sobre posibles fraudes, despilfarro, abuso y mala administración se pueden comunicar al Departamento de Salud y Servicios Humanos llamando al 800-HHS-TIPS (800-447-8477).
El asunto fue manejado por los abogados de la Sección de Fraude Diana Cieslak y Evan Ballan y los fiscales federales adjuntos Andrew Lizotte y Sheila Sawyer para el Distrito de Maine.
Las reclamaciones resueltas mediante el acuerdo son sólo alegaciones y no ha habido ninguna determinación de responsabilidad.
