República Dominicana logró una baja vulnerabilidad de riesgos relacionados al terrorismo, pero en materia de lucha contra el lavado de activos se detectó una alta vulnerabilidad en las cooperativas, bancas de apuestas y de loterías y casinos de juegos.
Así consta en el más reciente informe: “Evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo de la República Dominicana”, realizado por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Concaflit).
El sector cooperativas presentó una vulnerabilidad media, pero según explica el informe, al evaluar otros factores el riesgo sube y se coloca en vulnerabilidad alta, debido a que aún persisten debilidades, muchas de las cuales o no han sido tratadas o no contemplan una solución definitiva. Identifica entre estas debilidades, el hecho de que a pesar del gran tamaño de las cooperativas al supervisor se le dificulta el seguimiento, situación que además se agrava con la necesidad de un nuevo marco legal.
Como también, poder identificar casos de cooperativas involucradas en esquemas de lavado de activos, entre otros problemas, “además, que algunas presentan un uso de efectivo medio alto”. Los sectores con mayor calificación de riesgo fueron cooperativas (vulnerabilidad alto y amenaza media alta), los agentes de remesas y cambio, casinos y juegos de azar, las APNFDs: vehículo de motor, inmobiliarias, metales preciosos y constructoras (vulnerabilidad media-alta y amenaza alta), así como, bancario y agentes de cambio (vulnerabilidad media y amenaza media-alta).
Según el informe, el sector casinos y juegos de azar arrojó una calificación media alta, especialmente bancas de apuestas deportivas, casinos y salas de juegos de máquinas tragamonedas y los concesionarios de lotería electrónica, “verificándose vulnerabilidades similares en dichos subsectores, aunque con variantes de más o de menos en el nivel de gravedad”.
Existe una debilidad de cumplimiento en todo el sector agravándose en las bancas de lotería donde en pocas entidades han designado oficiales de cumplimiento, no han elaborado manuales de prevención en lavado de activos y financiamiento al terrorismo, no tienen procesos para reportar actividades sospechosas e inusuales, ni han capacitado a su personal, señala.
Se requieren mejoras
El informe detalla que aún existen oportunidades de mejora en la aplicación de sanciones administrativas, posición que comparten la mayoría de los sectores, incluyendo el sector bancario, a pesar de que sus sujetos obligados exhiben una notable madurez en cuanto a cumplimiento y además cuentan con un regulador con amplias capacidades legales y áreas especializadas.
Como una excepción, se identificó al sector de seguros el cual, pudo reducir su nivel de vulnerabilidad de medio a bajo, y debido, según el informe, al robustecimiento de sus normas, resoluciones y guías, y la aplicación de sanciones luego de haber realizado inspecciones.
No obstante, indica que el sector seguro conserva una amenaza medio por los diversos servicios y productos de inversión que ofrecen, y que pueden ser comercializados en mercados secundarios, el amplio rango geográfico con el que cuenta para realizar sus diversas operaciones.
Respecto a los contadores, abogados, notarios, casa de empeño, factoraje, fiduciarias y armerías, la vulnerabilidad es media y el nivel de amenaza medio alto, mientras el instrumento Giros Postales reflejó un nivel bajo en ambos escenarios.
UAF
La Unidad de Análisis Financiero, organismo coordinador por disposición del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Concaflit), presentó la Estrategia Nacional de Riesgos del país, documento que se nutrió de los planes de acción presentados por los diferentes grupos de trabajo que integraron los módulos.
Estrategia
La evaluación, fue conocida, debatida y aprobada por los titulares de las instituciones participantes, marcando el inicio de la Estrategia Nacional de Riesgo. La estrategia tiene el propósito de contribuir a que la República Dominicana cuente con un mapa de ruta con miras a mitigar los riesgos identificados en relación con los delitos de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
