Una peligrosa “megabanda” de Venezuela masacró a los integrantes de otro presunto grupo criminal en represalia por el asesinato de dos militares. La aplicación de esta forma de “justicia” hamponil confirmaría la ya denunciada connivencia o pax mafiosa entre algunas organizaciones criminales, que controlan barrios de Caracas, y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
La noche del pasado 12 de febrero la megabanda de Carlos Luis Revette, alias “Coqui” (organización criminal integrada por más de 100 hombres) asesinó a siete integrantes de la banda de Elvis Eduardo Castro Troya, alias “El Culón”, una agrupación menos poderosa, con la que compartía territorio en la Cota 905, un populoso barrio, con altos niveles de violencia, ubicado al suroeste de Caracas.
La masacre se produjo luego de que integrantes de la banda de Castro Troya asesinaran a un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El doble homicidio fue considerado como el quebrantamiento de una regla criminal no escrita, que prohíbe el asesinato de funcionarios policiales o militares en esa zona.
Se presume que alias Coqui -uno de los criminales más buscados de Venezuela- actuó en “defensa” de supuestos acuerdos de paz “suscritos” con actores del gobierno nacional, que le han permitido a esta organización criminal operar en la Cota 905, con la condición de sin afectar la integridad de funcionarios del Estado.
Este territorio había sido declarado “Zona de paz” en 2015 por el Ministerio de Relaciones Interiores, como parte de una política de seguridad mediante la cual las autoridades gubernamentales llegaron a acuerdos con los delincuentes para disminuir la violencia a cambio de la cesión de territorios. Aunque el pacto se rompió a mediados de ese mismo año debido a la aplicación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) -una política de exterminio en los barrios pobres- en la Cota 905, fue retomada a finales de 2017.
La masacre ejecutada en la Cota 905 por una megabanda supuestamente perseguida por el Gobierno desde 2015, pero conveniente nunca capturada, corresponde a la pax mafiosa que opera en algunas localidades de Venezuela. Es estos casos la delegación del poder estatal en organizaciones criminales, que han quedado fuera de control, como las megabandas hace que estas impongan sus propias reglas en los territorios que dominan, en medio de una anomia generalizada de las autoridades que al mismo tiempo fortalece el crimen organizado en Venezuela.
En el caso del asesinato de los dos militares no fue necesaria la acción de los cuerpos de seguridad para capturar a los homicidas, ni su procesamiento en un tribunal, la megabanda de el Coqui se encargó de hacer el trabajo del Estado, pero aplicando su propia “justicia” criminal.
En Venezuela los pactos de no agresión entre las fuerzas de seguridad y los delincuentes han sido promovidos por la más altas autoridades del Estado venezolano. En 2013, el para entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos, había iniciado estas particulares “negociaciones” entre el gobierno de Venezuela y las megabandas.
En agosto de 2017, la actual vicepresidenta de la República y para entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, visitó la Cota 905 en compañía de otros altos funcionarios gubernamentales, y desde una cancha deportiva del sector dijo: “…estamos siendo cuidadosos en la Cota 905 de cualquier tipo de extralimitación que pueda darse desde los organismos de seguridad del Estado…”. Según fuentes de InSight Crime en la zona durante la visita se realizó una reunión entre las autoridades gubernamentales y el Coqui.
En la práctica, la laxitud del gobierno venezolano con los delincuentes habría conducido al fortalecimiento de las megabandas y a la extensión de su control territorial de los grupos de la Cota 905 hacia otros barrios al sur de Caracas que degeneró en los llamados “corredores de la muerte”. Una muestra de esta complacencia es un video difundido en redes sociales que muestra a el Coqui y sus compañeros disfrutando de una fiesta en el barrio.
Lejos de disminuir la criminalidad, la pax mafiosa promovida por las autoridades de Venezuela apunta hacia la actuación impune del crimen organizado. Una semana después de la más reciente masacre en la Cota 905, alias Coqui permanece intocable.
ALD/insightcrime
