La Fiscalía de Estados Unidos consumó un giro decisivo en la causa judicial contra Sebastián Marset. La ampliación de la acusación formal, radicada ante un juzgado del Distrito de Virginia, incorpora delitos graves que modifican el escenario para el líder del Primer Cartel Uruguayo, quien hasta ahora solo arrastraba cargos por conspiración para el blanqueo de capitales, lo que conlleva una pena máxima de 20 años de cárcel.
Con esta nueva acusación, Marset quedó imputado formalmente por conspiración para cometer narcoterrorismo, distribución e intento de posesión de cocaína a bordo de embarcaciones, conspiración y lavado de dinero.
De ser hallado culpable de estos nuevos cargos, la legislación estadounidense contempla la cadena perpetua, lo que sepulta las expectativas iniciales de su defensa.
Marset rompió el silencio y acusó a la DEA de extorsionarlo para quedarse con USD 4 millones
La justicia estadounidense asegura que el denominado «rey del sur» proporcionó apoyo material a estructuras vinculadas con actividades terroristas e intentó traficar cocaína en una embarcación sujeta a la jurisdicción norteamericana. Estos dos nuevos cargos se dieron a conocer luego de que Marset publicara un descargo público en el que denunciaba haber sido extorsionado por agentes de la DEA.
Las agencias de investigación norteamericanas consideran que la organización liderada por Marset operaba una compleja red transnacional para mover masivos cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia puertos europeos.
Para canalizar y legitimar las ganancias millonarias del narcotráfico, el entramado financiero se servía de un sofisticado circuito que combinaba la emisión de facturas falsas, el uso de diversas entidades bancarias convencionales y el desvío sistemático de fondos hacia el mercado de las criptomonedas.
La justicia estadounidense asegura que el denominado ‘rey del sur’ proporcionó apoyo material a estructuras vinculadas con actividades terroristas e intentó traficar cocaína en una embarcación sujeta a la jurisdicción norteamericana
Desde su llegada a Estados Unidos, tras ser extraditado desde Bolivia en marzo pasado, Marset permanece bajo reclusión en régimen federal. A pesar de los intentos de sus abogados por negociar o desestimar las acusaciones, la Fiscalía norteamericana cerró el cerco operativo sobre el esquema que el imputado coordinaba en la región.
Marset acaba de despedir a su equipo legal en Estados Unidos porque se habían negado a presentar denuncias o mociones para destituir al fiscal de la causa. Este recambio se produce en un momento delicado, ya que la justicia estadounidense fijó la audiencia de lectura de los nuevos cargos para el próximo 7 de julio, lo que promete ser un punto de inflexión que delineará el rumbo judicial del caso.
EFE
