Desgraciadamente no hemos avanzado nada ni con la gestión realizada por anterior Ministro de Justicia, Sr. Catalá, ni con la actual Ministra, Sra Delgado.
Es particularmente llamativo que tras la primera huelga realizada en 2018 (22 de mayo), en la que participó de forma activa y comprometida la ministra de Justicia, Dolores Delgado García, resulta sorprendente que, una vez accede al Ministerio, el avance haya sido nulo, a pesar de que configuró un equipo ministerial con personas que pertenecen a la carrera fiscal y judicial, completamente comprometidos con las reivindicaciones asociativas, no siendo necesario, en consecuencia, explicar las fundadas y justa peticiones de los Jueces y Fiscales, sobradamente conocidas por ellos.
Tan es así que, como todos saben, las asociaciones tuvimos que convocar una segunda jornada de huelga que se llevó a cabo, en toda España, el 19 de noviembre del año pasado.
A jueces y fiscales nos cuesta mucho, no sólo hacer huelga, sino convocarla.
En ambas carreras sigue pesando la consideración de desarrollar una función – jurisdiccional- que es propia de un poder del Estado: El poder judicial.
Lo que no se nos puede ocultar, a nadie, es que a este poder no se le dota de la independencia de la que sí gozan tanto el Ejecutivo como el Legislativo.
Un poder del Estado y un servicio público
La Justicia es un poder del Estado y también un servicio público (Administración).
Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se empeñan, de forma empecinada e insoportable, en no configurar en nuestro país un Poder Judicial verdaderamente independiente.
Si la situación fuera así, téngalo seguro el ciudadano, no se hubieran producido las dos huelgas a las que he hecho referencia.
La Justicia, cuando se analiza como servicio al ciudadano, como Administración de Justicia, la realidad en la que está sumida es demoledora.
Nos encontramos con un Poder del Estado cuyo ejercicio, de forma efectiva, se ha transferido, en muchos casos, a las Comunidades Autónomas.
Precisamente por ello el nivel de funcionamiento varía de unas regiones a otras.
Tanto los edificios como los funcionarios al servicio de esta Administración son aportados por las distintas Comunidades Autónomas.
Como puede comprobarse la calidad del servicio cambia, considerablemente, de unas zonas a otras.
Por poner sólo un ejemplo que entenderá fácilmente el lector: no existe un mismo sistema informático en toda España para la Administración de Justicia y, en consecuencia, para el funcionamiento eficiente del Poder Judicial.
Llegados a este punto podremos convenir que es necesario llegar a un Pacto Nacional por la Justicia.
Hay que desanclarla del siglo XIX y ponerla en el siglo XXI.
Es necesario dotarla de independencia y eficacia. Estos dos conceptos son esenciales y, créanme, la Justicia no se encuentra en esta situación por olvido o por descuido, sino que intencionadamente no interesa que el Poder Judicial sea independiente y eficaz.
La lucha que llevamos a cabo todas las asociaciones judiciales y fiscales, en una unidad asociativa sin precedente, tiene como fines esenciales dotar de estas dos cualidades a la Justicia, de independencia y de eficacia.
Es necesaria una real despolitización de la Justicia, empezando por una modificación de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de extracción judicial (doce vocales) sustrayéndolos de su designación parlamentaria y residenciándola en los propios jueces y magistrados; así como un cambio en el proceso de nombramiento del fiscal general del Estado -para que de una vez pase de fiscal general del Gobierno a fiscal general del Estado-.
Son muchas las mejoras que hemos pedido a lo largo de estos últimos años, entre ellas el aumento de plazas judiciales y fiscales para dar una respuesta más rápida y eficaz a las demandas de los ciudadanos.
Éstos perciben una lentitud de la Justicia que les provoca desconfianza y desafecto, lo que influye de manera importante en la ausencia, cada vez más creciente, de tutela judicial efectiva de sus derechos. De poco sirve la Justicia cuando llega con excesivo retraso.
El desarrollo de la Administración de Justicia es absolutamente necesario
Se hace imprescindible superar normas procesales del siglo XIX, es preciso desarrollar sistemas informáticos compatibles en todo el territorio nacional, ha de contarse con instrumentos técnicos que nos permitan desarrollar nuestro trabajo con la misma eficacia que en otros departamentos ministeriales, por ejemplo con la misma tecnología con la que trabaja el Ministerio de Hacienda.
A pesar de las explicaciones que se han dado por el actual equipo ministerial, la realidad es tozuda.
No se ha llegado a conseguir ninguna de las catorce medidas – más cuatro específicas de los fiscales- que propugnamos en nuestra primera huelga (como se dijo, secundada por la ministra).
La situación es exactamente igual y, teniendo en cuenta el anuncio de elecciones generales para el próximo 28 de abril de 2019, me temo que nos encontraremos atrapados en el día de la marmota.
Después de las elecciones, tras la conformación de nuevo Gobierno, de un nuevo/a ministro/a, tendremos que volver a explicar todas y cada una de las medidas con las que empezamos a trabajar con el ministro Rafael Catalá.
La mejora de la Justicia nos afecta a todos -sobre todo al ciudadano- ya que sin un Poder Judicial verdaderamente independiente y eficaz, un Estado de Derecho funciona con déficit.
Ojalá que pronto podamos decir: Por fin en España ha llegado la hora de la Justicia.
ALD/Confilegal
