La Unión Europea (UE) objetó el listado elaborado por la Comisión Europea (CE) sobre los riesgos a los que podrían exponerse sus miembros al hacer negocios con Puerto Rico y otros 22 países debido a posibles deficiencias en sus sistemas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El rechazo se produjo por carecer el listado de “transparencia y credibilidad”.
Funcionarios de la Isla elogiaron esa decisión y la describieron como positiva, aun cuando se estima que durante el pasado año se pudieron haber sometido en Puerto Rico más de 70 mil informes de actividades sospechosas.
Se espera que en los próximos días, el Consejo Europeo de la UE ratifique el rechazo al listado publicado por la CE.
“Esto es positivo para Puerto Rico. Demuestra las discusiones a favor de Estados Unidos y los defectos procesales que hubo en la confección de la lista. Estados Unidos representa un mercado importante para la banca internacional y Puerto Rico, como territorio estadounidense, es parte esencial de ese mercado”, sentenció George Joyner, principal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
Explicó que de acuerdo con datos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), durante el pasado año hubo un aumento de 20% en los reportes de actividades sospechosas, pero distinguió que “esto no se debe ver negativamente, porque significa que la banca local está apegada a esos reglamentos y que está haciendo cumplir las leyes”.
Joyner detalló que Estados Unidos cuenta con un andamiaje legal y regulatorio robusto para prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, lo que automáticamente convierte a Puerto Rico en uno de los mercados con reglamentaciones más severas. La reglamentación federal y estatal exige a las instituciones bancarias de la Isla develar ante la Red de Procesamiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro federal toda actividad sospechosa.
En el listado de la CE figuran Arabia Saudita –país petrolero— y cuatro territorios de los Estados Unidos: Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana. La mayoría de los estados miembros de la UE mantienen fuertes relaciones económicas con ambas naciones por lo que 27 de los 28 países que la comprenden se opusieron rotundamente a la llamada “lista negra”.
Joyner, quien anteriormente había catalogado el listado como “un risible ejercicio político para hacerle daño a Estados Unidos”, sostuvo ayer que la objeción de la UE —aun cuando la CE es su órgano ejecutivo y encargado de representarla a nivel internacional— demuestra que la lista no es confiable y que carece de rigurosidad.
Amplio marco regulatorio en la Isla
Por su parte, Marilú Jiménez, presidenta de FINC Advisors —firma de consultoría de antilavado de dinero y cumplimiento—, mencionó a este rotativo que en la medida en que aumentan los registros de actividad sospechosa, se fortalece el control y se ayuda a las agencias de ley y orden encargadas del asunto a poder cumplir con su trabajo.
“Este aumento en actividades sospechosas detectadas demuestra la rigurosidad de nuestros procesos”, comentó
Dijo que en la última evaluación de cumplimiento del Financial Action Task Force —organización intergubernamental fundada por Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido— se determinó que Estados Unidos y sus territorios poseen un régimen robusto de antilavado de dinero y antifinanciación del terrorismo.
“Lo que hacemos en Puerto Rico para prevenir prácticas ilegales es más severo que en otros países y por eso nos sorprendió la inclusión malograda de Puerto Rico en esa lista”, sentenció la experta.
Jiménez, quien también fue presidenta del Comité de Antilavado de Dinero de la Asociación de Bancos, reconoció que la tecnología basada en inteligencia artificial juega un papel importante en el reconocimiento de actividades inusuales e ilegales.
“Nosotros hacemos monitoreo transaccional de los clientes en donde se utiliza la inteligencia artificial. Las instituciones financieras cada vez tienen más oficiales de cumplimiento y sus labores se integran con este tipo de tecnologías para hacerlo más riguroso y eficiente. Estos sistemas van agregando transacciones y permiten ver el perfil del cliente de una manera holística y ayuda a facilitar la identificación de prácticas ilegales”, agregó.
Por otro lado, Joyner señaló que —a pesar de que el Tesoro federal rechazó desde un inicio la determinación de la organización europea y que ninguna institución bancaria en la Isla está obligada a acatar las recomendaciones impuestas— su oficina está dispuesta a analizar el informe para —de ser necesario— tomar cartas en el asunto.
ALD/Elvocero
