Un escaño en el Congreso, un alcalde provincial, una obra pública y una empresa dispuesta a lo que sea para obtener la licitación. Estos, eran todos los ingredientes necesarios para poner en funcionamiento un esquema de corruptela para la entrega de proyectos a cambio de sobornos, según el fiscal contra el Crimen Organizado.
Esta organización criminal, conocida como ‘Los Temerarios del Crimen‘, tenía como cabecilla al hoy detenido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. Sin embargo, este exfuncionario no operaba solo. En esta investigación han sido incluidos cinco congresistas: Carlos Bruce (hoy ministro de Vivienda), Héctor Becerril (Fuerza Popular), Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), Javier Velásquez Quesquén (Apra) y César Vásquez (Alianza Para el Progreso).
El modus operandi de esta banda delictiva, según el fiscal Carrasco, es el siguiente: Los congresistas utilizaban la Comisión de Presupuesto para realizar modificaciones que permitan que, tanto alcalde provincial como parlamentario, coordinen y direccionen obras públicas hacia determinadas empresas, previo beneficio económico indebido.
«Facilitaban que estas obras públicas terminen en manos de personas que habían sido colocadas o por los congresistas o por los funcionarios de la municipalidad, previa prevenda económica. El pago era 5% de la obra para el congresista y 5% para el alcalde», dijo el magistrado a cargo del caso.
«[…] Al tener inmunidad parlamentaria corresponde que la Fiscalía de la Nación que continúe las diligencias o abra la investigación respectiva, sobre estos hechos que han sido denunciados y puestos en conocimiento y que en algunos casos hay ciertos elementos de convicción e indicios probados que nos permitirían corroborar lo dicho por los imputados. […] Estamos identificando que, por lo menos, desde el año 2015 hasta el 2018, fue el tiempo de operación de vigencia de esta organización criminal», añadió.
Los congresistas imputados podrían ser acusados penalmente por tráfico de influencias, corrupción de funcionarios y organización criminal. La pena en su contra no bajaría de los 15 años de prisión efectiva, además del monto de reparación civil que tendrían que pagar al Estado. No obstante, por el momento, con la inmunidad que gozan, no pueden ser sentenciados.
ALD/LaRepublica
