Argentina y Uruguay suscribieron un acuerdo marco para la «Disposición de Bienes Decomisados».
Lo rubricaron en Montevideo el canciller Jorge Faurie y su par de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, en presencia del procurador general Eduardo Casal y del titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici. Había sido uno de los puntos acordados por Mauricio Macri y Tabaré Vázquez en su encuentro de fines del año pasado.
De acuerdo al texto emitido por la Cancillería, el convenio establece los mecanismos de cooperación y negociación que permitirán «la recuperación de activos que se encuentren en el territorio de un país, y hayan sido obtenidos a través de delitos de corrupción, tráfico ilícito de estupefacientes y delincuencia organizada transnacional, cometidos en el otro país».
Este es el primer acuerdo bilateral que la Argentina suscribe de este tipo. Hasta el momento hay un acuerdo firmado con el Mercosur similar pero no entre Estados.
Existen recomendaciones internacionales que van en este sentido como la convención de Mérida, la convención de Palermo y otra normativa incluyendo la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en su apartado 38 recomienda a los países estos acuerdos. Pero el pacto se basa en los artículos 12, 13 y 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que se refieren al reparto de bienes decomisados, afirmaron en Cancillería.
Un caso emblemático en el que se podría usar es en el del empresario periodístico y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, Marcelo Balcedo, detenido por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Fruto de ellos sería la mansión que tenía en Cerro del Burro en Uruguay, sobre 90 hectáreas y una construcción de más de 2100 metros cuadrados. Poseía una flota de autos de alta gama y armas. El tenía en su poder 500 mil dólares.
«El acuerdo celebrado se enmarca en un objetivo central del Gobierno argentino, como es la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional», explicaron fuentes de la la Cancillería argentina. Pero ahora debe ser aprobado por los dos Congresos, aunque en Argentina, debe primero ser aprobado en comisión.
En la UIF señalaron que el objetivo de este acuerdo no es «recaudatorio» sino que tiene el fin de «crear un efecto disuasivo para los delincuentes que busquen refugios fuera de sus países».
«Este es un acuerdo que tiene un marco general, sin especificar cómo se hace la distribución de los bienes, que eso lo van a tratar las autoridades intervinientes como la Fiscalía, Procuraduría y son ellos los que determinará los porcentajes de distribución», explicó el canciller uruguayo tras la firma del acuerdo.
Si bien todavía no se determinó el porcentaje que le corresponderá a cada país, se acordó el mecanismo de negociación que van a establecer ambas naciones. Una vez que se apruebe este acuerdo marco, debería funcionar así: la fiscalía pide el decomiso de los bienes y, si hay condena, recién ahí es el juez el que ordena el decomiso una vez que haya sentencia. Los bienes que sean del ilícito -o la venta de los mismos- se compartirán entre los dos Estados.
Faurie explicó que el presidente Mauricio Macri y su par uruguayo, Tabaré Vázquez, habían hablado sobre este tema durante la cumbre del Mercosur que se realizó en Montevideo.
«Ustedes son uruguayos y conocen la vida de Argentina y saben que hemos sido profundamente afectados por los mecanismos de corrupción que prevalecieron durante un largo período en nuestra política reciente y que muchos de esos casos han tenido reflejo sobre la vida cotidiana del Uruguay», dijo Faurie en declaraciones a la prensa.
El caso testigo que mencionaron los cancilleres durante el encuentro fue el del sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, ambos detenidos en Uruguay.
ALD/Clarin
