El abogado penalista, Gustavo De La Fuente no sólo quedó en la mira de la Justicia de Argentina por el grave delito de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, sino, también, como presunto autor de lavado de dinero.
Así, quedó imputado por poner en circulación, en el circuito legal, activos o plata proveniente de un hecho delictivo, como las ganancias de la supuesta explotación a un grupo de mujeres que trabajaban realizando haciendo transmisiones y videos de contenido sexual, de las que se habría aprovechado de su situación de vulnerabilidad.
Frente a ese cuadro delictivo, tanto el fiscal federal Francisco Maldonado como el juez Leopoldo Rago señalaron que el penalista está expuesto a enfrentar una pena que va de 4 a 8 años de prisión, en el hipotético caso de una condena, lo que le acarrearía un castigo de cárcel efectiva.
Por eso, el representante del Ministerio Público se opuso al pedido de excarcelación planteado por sus abogados defensores, al igual que el magistrado, quien consideró que existe el riesgo de fuga y la posibilidad de que obstaculice el proceso, teniendo en cuenta que hay trámites de la investigación que se están desarrollando, dijeron fuentes judiciales.
De esa manera, De La Fuente fue trasladado de la sede de Gendarmería, en Marquesado, al Penal de Chimbas, al sector de presos federales. Uno de sus defensores, Fernando Castro, había adelantado que, en caso de una negativa a su pedido de excarcelación, iba a apelar la medida.
De La Fuente está señalado como presunto “socio” de una empresa dedicada a la venta y transmisión de videos eróticos y sexuales de mujeres. Si bien las víctimas habrían prestado consentimiento, la Justicia Federal investiga al abogado y a otros dos sospechosos por beneficiarse con la explotación de las jóvenes y aprovecharse de su situación de vulnerabilidad, ya que serían de condiciones humildes.
Los investigadores encontraron contratos en los que se establecía que la empresa no podía cobrar más del 50 por ciento de lo que ganaran las jóvenes con sus videos, pero estas no sabían los precios que se pactaban, por lo que recibían montos inferiores, explicaron las fuentes.
Gustavo De la Fuente integró una de las ternas elaborada por el Consejo de la Magistratua para la Defensoría Oficial de la provincia.
En ese plano, la Justicia tiene bajo la lupa a De La Fuente y a un colombiano como los socios de la empresa que “manejaban todo”, ya que señalan que el abogado “gastaba en productos que hacían falta para el funcionamiento de las actividades” y “recibía dinero”.
El otro socio es el colombiano identificado como Jhon Sebastián Quevedo, quien declaró ante las autoridades judiciales, pero cuyo contenido no trascendió. Las indagatorias continuarán mañana con el tercer detenido, una persona de origen venezolana, quien sería la encargada del local en el que las mujeres hacían los videos, destacaron las fuentes.
La investigación ha arrojado que personal de Gendarmería, al allanar la vivienda de calle Güemes, en donde se hacían los videos, encontró a tres jóvenes, las que ya declararon en Cámara Gesell. No obstante, por la empresa pasaron más mujeres, dado que hubo altas y bajas, indicaron.
De acuerdo a lo que trascendió, no se podía ingresar a la “página” en la que se producía el streaming o se subían los videos desde cuentas o conexiones de Argentina, por lo que todos los usuarios eran del exterior.
La denuncia fue realizada hace meses a la línea 145, por lo que intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien envió el caso a la Fiscalía a cargo de Maldonado, en la que se llevó a cabo la investigación.
Así, hubo escuchas telefónicas, el llamado “trabajo de campo” por parte del personal de Gendarmería y la obtención de informes y registros financieros, además de todos los elementos que se secuestraron durante los allanamientos, como celulares, notebooks y aparatos electrónicos.
Además, fuentes calificadas informaron que De La Fuente fue indagado debido a que se encontraron estupefacientes en su estudio jurídico durante el allanamiento.
Con respecto al delito de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, el fiscal y el juez consideraron, en esta etapa inicial, que se habrían configurado, además, agravantes como la participación de tres personas en la maniobra y que hubo tres víctimas. No es lo único, ya que también se habría consumado la explotación de las víctimas, indicaron las fuentes.
En cuanto a la figura de lavado de dinero, se produce cuando una persona “convirtiere, transfiriere (…) o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal”, cuya consecuencia genera la apariencia de un origen lícito, indica el artículo 303 del Código Penal.
Con el avance de la causa, se verá sí De La Fuente continúa involucrado y, si es así, cuál es la imputación final que quedará, por ejemplo, en el dictado de un eventual procesamiento. Su defensa tendrá la posibilidad de apelar en instancias superiores ante una probable resolución en su contra hasta que se concrete el hipotético juicio.
