El director regional de Crime Stoppers describe la asociación directa entre pandillas y su transformación en el crimen organizado. No solo se vinculan con el narcotráfico, ahora incursionan en otros delitos que les proporcionan ingresos mas rápidos y con más efectividad.
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El crimen organizado cambió su forma de operar. Entiende lo que a las autoridades les cuesta aplicar, que juntos tienen más efectividad. De esta forma ganan terreno y aprovechan las vulnerabilidades del sistema. A esto se le conoce como la convergencia criminal. Alejo Campos, director regional de la plataforma Crime Stoppers (tupista.org) describe este tipo de alianzas y el rol de las pandillas en Panamá, su transformación y qué futuro nos espera en esta materia de no poner un freno a tiempo.
El asunto es multidimensional, tiene que ver con la atención a las familias, ofrecer educación y oportunidades de trabajo dignas, que sirvan como una barrera ante los ofrecimientos y amenazas del crimen organizado.
¿Cómo están operando las redes criminales en Panamá?
En el caso de Panamá las pandillas forman parte de esta red. Hay que entender que las redes trasnacionales son corporativas, son redes que operan en todos los países de Latinoamérica, en algunos más que otros, abusando de los sistemas legales. En el caso particular de Panamá, aprovechan la capacidad que tiene de hub logístico entre los continentes y por donde pasa el 7% del comercio internacional en el sistema multimodal que usa todo el mundo.
Eso obviamente es muy atractivo para las estructuras de crimen organizado, no solamente para el narcotráfico, sino para otras actividades que utilizan este sistema multimodal como para movilizar mercancías y parte de esas “mercancías” hay que decir que son personas, porque para las estructuras de trata de personas, una víctima es un producto al cual tratan de sacarle el mejor beneficio posible.
Entendíamos que las pandillas se transformaron de prestadores de servicios a ser subcontratadas por los carteles de la droga, ¿cómo es el rol en esta estructura criminal?
Lo que se ha visto con los años, y que creo que se ha potencializado durante y después de la pandemia, es más que nada una asociación directa y no tanto una relación de sumisión con el crimen organizado o los narcotraficantes internacionales. Antes prestaban un servicio que representaba una ganancia que podía ser en dinero, cocaína o en productos vinculados al contrabando. Pero ahora vemos lo que llamamos la convergencia criminal, esto de que trabajan juntos, no solo en narcotráfico, esto es parte de un negocio criminal, sino que también trabajan en contrabando, blanqueo de capitales, los temas de trata de personas, tráfico de armas, en el entendido que antes eran diferentes grupos criminales que trabajaban con estos delitos y ahora han entendido que si trabajan juntos es mucho más efectivo lo que hacen.
¿Pero hablamos de crimen organizado internacional o de las pandillas?
No los podemos separar, porque al final las pandillas terminan siendo esos brazos ejecutores en lo local porque tienen conocimiento del territorio, contacto directo con la gente, conocen la dinámica cultural que existe en las poblaciones y obviamente cuantas más necesidades hay en las poblaciones más vulnerables son como para que puedan ser reclutadas por estos organismos.
Es decir que las pandillas se han diversificado en su actuar delictivo…
Sí, por supuesto porque hay que financiar la estructura diaria de la pandilla y a veces el narcotráfico no lo hace de forma inmediata. Tienen que generar otros ilícitos.
¿Como cuáles?
Contrabando, comercio ilícito es uno de los principales atractivos para las pandillas porque genera un dinero rápido en los mercados ilegales para pagar las pequeñas operaciones criminales. Esto tiene que ver con pagar abogados, enviar dinero a las cárceles, comprar municiones, pagar a sicarios, toda esa logística criminal del día a día de la pandilla, muchas veces se tiene que pagar con un dinero que sea fácil de generar y no solo fácil, sino de riesgo reducido.
¿Cuál es el futuro de las pandillas en Panamá?
Lo hemos visto en otros países. Las pandillas como en El Salvador, la MS13, hoy en día es una corporación trasnacional criminal con células muy bien instaladas no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en Australia, Sudamérica (especialmente el triángulo norte) y operan de esa forma como una corporación criminal. Ellos han aumentado su operación criminal y ya no tanto del delito del homicidio, del feminicidio, sino de una corporación trasnacional. Controlan los territorios.
¿En qué se traduce esto en la sociedad? ¿qué tan consciente está la sociedad sobre esta situación?
Depende d el lugar donde vivan. Hay lugares que son casi que secuestrados actualmente por algunas de las pandillas y eso impacta directamente en la calidad de vida de las personas. No pueden salir de su casa o tienen horarios para salir, o son extorsionados; puede ser desde $5 hasta $5 mil dólares, por ejemplo, dependiendo de la capacidad que pueda tener cada persona. Eso impacta los negocios, que muchas veces pueden ser ‘renteados’, o pueden ser obligados a vender ciertos productos que son parte del contrabando y como ellos controlan el territorio donde se encuentra el comercio, obligan a los comerciantes. Si no lo hacen puede haber consecuencias. Lo podemos ver en la contrapartida de lo que está pasando en El Salvador. Más allá de lo que se está diciendo públicamente, la gente está volviendo a sus casas a recuperar sus hogares, los comercios están abriendo en las barriadas donde antes las pandillas tenían total dominio sobre los territorios. La pandilla ejerce un control territorial, comercial, cultural, económico sobre la población, sin control.
Es conocido que los pandilleros operan desde la cárcel, ¿por qué esto aparentemente no está sucediendo en El Salvador?
Porque realmente hay una depuración del sistema en sí. Si un pandillero ejerce ese control desde la cárcel y sigue operando desde adentro es porque de alguna forma se le permite que esto suceda ingresando celulares, mensajeros, sacando y entrando dinero, metiendo drogas para vender adentro, cigarrillos que son una moneda de cambio dentro de la cárcel, y se permite. Eso es lo que hay que controlar y que se ha controlado en El Salvador, y de alguna forma también hace que el delito desde adentro no se genere. Antes, la mayoría de las extorsiones telefónicas que salían se originaban en la cárcel.
¿Cómo penetran esferas políticas o institucionales?
Hay varios casos que a veces vemos, y es importante decir que a veces las personas no tienen opción. Hay una desprotección muy grande de los actores del sistema de seguridad de nuestros países y son vulnerables a que los amenacen, a que los obliguen a hacer determinadas acciones o no hacer algo. No hay una protección en sí para jueces y fiscales.
¿A qué tipo de protección se refiere?
Hay varias experiencias exitosas en la región. Pero fíjate que, si un juez termina residiendo en la misma barriada de alguien que tenía que juzgar, o que su familia vive allí, o que el policía no puede ingresar a su barriada con el uniforme -como sucede en otros países- porque eso representaría un riesgo muy grande.
Aun así, nuestras comunidades son pequeñas y todo se termina sabiendo y eso representa un riesgo muy grande que expone a la familia y es muy difícil, en ese caso, no ceder ante las amenazas de este tipo. Por otro lado, hay como en toda institución, personas corruptas que quieren tomar caminos cortos para lograr ciertos poderes y dinero que les permita realizar otras acciones. El tema es que una vez que cae en una sola acción, es algo muy difícil retirarse de una sola vez. Eso es una escalada que cada vez va aumentando.
¿La sociedad está aceptando el crimen como vía para obtener ingresos?
Hay que entender que los temas de seguridad en nuestros países no son exclusivamente una materia del Ministerio de Seguridad o del juzgado o de la fiscalía. Sobre todo, la construcción del entorno de seguridad es multidimensional, tiene que ver con educación, con oportunidades de empleo dignas que ganen lo mínimo razonable para vivir bien y que con todas estas herramientas tengan la oportunidad a declinar cualquier tentación del crimen organizado, que sepan decir no. Los entornos grandes de inseguridad se dan cuando fallan las políticas públicas a nivel social, esto aumenta los espacios de vulnerabilidad para esta gente.
El año pasado se registraron alrededor de 18 mil denuncias de violencia doméstica en el Ministerio Público. ¿Por qué estamos viendo un aumento en este renglón?
También vimos ese reflejo en nuestra plataforma de denuncias, tuvimos muchas denuncias el año pasado y a partir de la pandemia, sobre todo de vecinos y amigos que denuncian hechos contra la mujer. Obviamente hay un estrés en la sociedad muy grande y sobre todo las diferencias de poder en casa están generando muchísima violencia, más que antes. Por eso es por lo que hay que pensar los temas de seguridad y violencia doméstica contra las mujeres como un componente social. El abordaje de la seguridad debe tener un componente social, político y cultural para que dé oportunidad a la gente de tener una buena calidad de vida. Sino, no será posible contrarrestar estos efectos.
No estoy segura de que ese es el enfoque que se tiene actualmente en Panamá…
En algunos puntos sí. Hay programas de prevención que están funcionando, pero no sirven aislados. A veces hay organizaciones no gubernamentales haciendo esfuerzos puntuales y tratamos de mejorar un entorno muy pequeño. Ahora, esto hay que reproducirlo a nivel nacional.
El maltrato al menor también es consecuencia de la violencia doméstica…
Exacto, es un contexto de violencia en el que estamos viviendo que no solo tiene que ver con pandillas y homicidios, todo suma en ese contexto de violencia social que nace y repercute dentro de los hogares.
¿Cuántas denuncias recibieron en 2022?
A la fecha tenemos como 1.600 denuncias de posible maltrato. En eso el equipo de Senniaf y de la Policía están haciendo su trabajo para verificar esas situaciones y ver qué procesos lleva.
Hemos visto en las últimas semanas el hallazgo de cabezas y cuerpos desmembrados. Si usted fuera Ministro de Seguridad, ¿qué acción tomaría al respecto?
Hay que estar más en contacto con la gente porque todas estas informaciones las personas las tienen. A veces antes de que sucedan y después quién fue. Entonces hay que estar en contacto con la gente y buscar los mecanismos mediante los cuales puedan colaborar con las autoridades, pero eso tiene que ir amarrado con una efectividad al 100% o 110% porque si no, esa colaboración ciudadana con la autoridad o viceversa, termina generando una desconfianza y entonces la gente decide no compartir esa información que es clave para la policía, porque es imposible tener un policía en cada esquina. Sobre todo, en estos temas estamos viendo fenómenos criminales que se están viendo en otros países con otras estructuras de pandillas, crimen organizado, narcotráfico. Yo creo que también Panamá tiene que salir a pedir ayuda a los países vecinos, entendiendo que muchos de los problemas que tiene Panamá se originan afuera, pero parece que Panamá es la cancha de juego para las estructuras criminales.
En países vecinos tampoco logran controlarlo…
Sí, pero creo que hay que aumentar mucho más la cooperación que existe entre los países. Muchos de los problemas de Panamá, como el narcotráfico, vienen de Colombia. Los migrantes no vienen de acá, la trata de personas, la mayoría vienen de afuera, aunque últimamente hemos visto víctimas en Panamá que se están tratando o explotando en el país. El contrabando también viene de afuera. Al final, todos los problemas grandes que tiene Panamá, que son los que alimentan a los pequeños en las comunidades porque es un vínculo natural, vienen de afuera. Hay que pensar en una política exterior.
Supuestamente hay una cooperación bilateral entre los países… ¿no funciona?
Tiene que ser mucho más efectivo y rápido. Ver esto en las legislaciones de cada país es de lo que siempre hemos hablado, el tema de armonizar las leyes en todos los países para que las cooperaciones se hagan de forma más inmediata es necesario. De lo contrario, te encuentras con fiscales que dicen que solicitaron una cooperación y no les llegó.
Eso lo aprovecha el crimen organizado más la penetración que puede tener en la justicia y se fortalece de alguna forma. El tema legislativo es importante. Panamá parece que a veces tiene leyes que vienen a fortalecer el tema de la criminalidad. Lo vemos en comercio ilícito. Hay leyes que de alguna manera en vez de contrarrestar o prevenir los efectos, parece que están creando paralelos ilegales desde la legislación.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, ahora estamos trabajando en el artículo 288 A del Código Penal que dice que para que una incautación de contrabando de cualquier producto pase a ser un delito e investigado por una fiscalía, tiene que ser mayor de $500 mil. En otros países de la región lo mínimo es de $10 mil. Nosotros estamos tratando de pasarlo. Ya eso quedó puesto en un informe que hizo una subcomisión de la Asamblea, y ahora se está tratando. Todavía no tenemos nada firme. Pero lo que pretendemos es bajarlo a $50 mil y ayudaría muchísimo porque el crimen organizado sabe que acá no puede operar de esa manera. Es un riesgo más para ellos.
¿Cómo funciona Crime Stoppers en otros países con respecto a la respuesta de las autoridades en comparación con Panamá?
Te pongo un ejemplo. Guatemala tiene una población más grande que Panamá y altos índices de criminalidad, pandillas muy fuertes como la del Barrio 18 y la MS13, la efectividad que tiene Crime Stoppers es del 46% dicho por los ministros de Seguridad de ese país. Eso quiere decir que de toda la actividad de las operaciones positivas que tiene la policía, el 46% viene de información que recibe Crime Stoppers.
Es inteligencia en materia de seguridad, sabes lo que pasa en tu entorno y lo compartes. En Panamá estamos tratando de aumentar los números. Recientemente tuvimos un caso muy grande, la operación Omega 3, que desarticuló una estructura de trata de personas de una modalidad de la que no se hablaba mucho, que era la explotación laboral y con menores de edad involucrados. Hay otras investigaciones en curso sobre trata.
¿Cuál es el porcentaje que tienen en Panamá?
Creo que está entre un 10% a un 15% de efectividad. Estamos tratando de apoyar a las autoridades para que haya mayor efectividad en eso.
¿Por qué tienen esos números en Panamá?
Hay que recordar que estamos trabajando aquí hace poco tiempo, obviamente la institucionalización de Crime Stoppers como canal de denuncia lleva su tiempo. La cantidad de denuncias ha ido en aumento. Se asegura el anonimato, ahora estamos empezando a tener charlas con los vecinos vigilantes para que lo tengan como herramienta de denuncia.
La migración irregular que pasa por nuestro país antes viene de pagarle al crimen organizado en Colombia. Parece que no se toma acción ante esto…
Creo que el primer error es pensar que el problema sale de las jurisdicciones. Estamos frente a una realidad de un problema trasnacional que no piensa en jurisdicciones. Si de este lado seguimos pensando que sale de la jurisdicción y si a eso sumamos la baja efectividad que hay en la colaboración, esto termina alimentando a las estructuras criminales que en toda esta población ven una oportunidad económica.
Sabemos bien que desde Colombia tienen que pagar entre $50 a $300 por un peaje que termina recibiendo las estructuras del narcotráfico allá. Ese es un dinero sin riesgo, porque no es lo mismo cobrarle ese dinero a un migrante que tener un paquete pequeño de cocaína y tratar de venderlo. El riesgo es altísimo. Ese dinero es el que decimos que es para crímenes paralelos que van a financiar la estructura grande del narco que es mucho más costosa porque obviamente acá no tienen que invertir con la trata.
