El caso AllBank Corp., entidad financiera del Grupo Financiero BOD, ha entrado en un proceso de controversia donde las posiciones de la directiva del banco panameño y la Superintendencia de Bancos que ordenó un proceso de liquidación forzosa, se contradicen y son objeto de demandas ante la Corte Suprema de Justicia.
Antilavadodedinero / Panamaamerica
«Desde el año 2019, se ha especulado sobre la intervención de AllBank Corp. En septiembre de ese año, la Superintendencia de Bancos de Panamá resolvió ordenar la toma de control administrativo y operativo de Allbank Corp, sin convocar a los accionistas y a los directores del banco, desconociendo el plan de acción de la entidad y perjudicando a los depositantes», señalaron representantes del banco al diario Panamá América aclarando que no se trata de un caso de fraude, sino de una liquidación irregular y arbitraria que ha sido demandada.
Afirman que la decisión de la intervención y luego la liquidación fue tomada por el ex superintendente, Ricardo Fernández, quien ordenó además la liquidación de 4 entidades financieras, «las cuales han sido catalogadas como arbitrarias y de abuso de poder, y han representado procesos judiciales contra la República de Panamá«.
Fuentes del banco sostienen que la máxima autoridad del sistema financiero panameño, para ese momento, no tomó en cuenta elementos muy importantes como: la notificación formal previa que hizo AllBank de la situación del Banco del Orinoco NV, la reunión acordada entre el presidente de la Junta Directiva y la Superintendencia de Bancos para explicar la situación y las diferentes auditorías hechas por la Superintendencia que demostraron la capacidad financiera del banco.
En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió mediante resolución la demanda introducida por Allbank Corp y ordenó proceder con el juicio de nulidad contra el acto donde se solicita la liquidación de esta entidad.Regístrate para recibir contenido exclusivo
Los representantes de AllBank afirman que Fernández no solo forzó un proceso contrario a la ley, abusando de su poder, sino que contra el deseo y los intereses de los accionistas del banco, y LP que es aún más importante, de los clientes que depositaron su confianza no solo en el banco de su preferencia, sino en el sistema financiero del país.
Afirman que a la fecha, AllBank Corp sigue sin poder operar, a pesar de haber sido auditado y demostrada su capacidad financiera y los clientes del banco están a la espera de decisiones del nuevo superintendente.
«Se generan muchas dudas sobre la transparencia de este proceso, producto de una especie de superintendencia paralela contraria a los intereses de Panamá, dejando a la vista el ensañamiento contra AllBank Corp y surgen varias interrogantes: a quién o quiénes benefician estas acciones, por qué ir en contra de las decisiones de accionistas, por qué las autoridades que deberían defender a los clientes los perjudican o por qué hay retraso en las decisiones legales.
Será que la función de la Superintendencia es proteger a los usuarios del sistema o procurar un negocio de liquidaciones de bancos? Quien sale ganando en estos procesos?», comentaron los representantes del banco.
«Entonces, ¿qué deben esperar los bancos y, sobre todo, los ahorristas e inversionistas de las autoridades financieras de Panamá? ¿Es el caso del Grupo AllBank Corp un ejemplo de corrupción financiera? La respuesta parece ser obvia, pero por encima de estas acciones deberían estar los intereses de los miles de clientes bancarizados que forman parte del sistema financiero panameño», recalcaron representantes del banco.
