La justicia sudafricana aplazó hoy para el próximo 10 de agosto el juicio en el que está siendo procesado el expresidente del país Jacob Zuma (2009-2018) por corrupción y otros cargos en relación con un acuerdo armamentístico firmado a finales de la década de 1990.
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«El juicio queda aplazado para los días del 10 al 13 de agosto de 2021», dictaminó el juez Piet Koen en una vista virtual celebrada este martes por el Tribunal Superior de Pietermaritzburg (este), una de las ciudades más golpeadas por la oleada de saqueos y disturbios masivos que vivió recientemente el país.
La defensa del exmandatario había solicitado este lunes el aplazamiento del juicio porque, según el abogado Dali Mpofu, no poder celebrar actualmente vistas en persona por la situación de seguridad violaría el «derecho» de Zuma a un «juicio justo».
La defensa también incidió el lunes en reclamar la recusación del procurador del caso, Billy Downer, pero la Fiscalía sostuvo que Zuma solo busca «desesperadamente» nuevas vías para aplazar su obligación de responder por los cargos que se le imputan.
Aunque el magistrado mantiene de momento la decisión de que el juicio sea virtual, Koen abrió la puerta a un cambio en esta directiva y solicitó hoy a las partes del proceso que entreguen antes del 2 de agosto una lista de «las consideraciones y posibles prejuicios» que estimen relevantes en este sentido.
Como el resto de las partes implicadas, Zuma compareció y escuchó el dictamen del juez de manera virtual desde la prisión de Estcourt, en el este de Sudáfrica, aunque no se pudo ver su imagen en la retransmisión y se mantuvo en silencio.
En esta causa a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude tras cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
En concreto, al expresidente se le acusa de haber recibido sobornos con la intermediación de un asesor financiero.
La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, fue acusado formalmente.
Zuma había dimitido de la presidencia solo un mes antes, forzado por su propio partido en medio de múltiples escándalos de corrupción.
DISTURBIOS MASIVOS EN SUDÁFRICA
Las acusaciones contra Zuma por el caso del acuerdo de armas son las más avanzadas judicialmente, pero no las únicas que penden sobre el polémico expresidente.
Entre ellas destacan las de la «Captura del Estado», una investigación en la que se le acusa de orquestar durante su gobierno un entramado corrupto que atravesaba todo el aparato público para beneficiar a su persona, a otros altos cargos y a empresarios afines.
En el marco de ese caso, Zuma se negó reiteradamente a testificar ante la comisión judicial oficial que lo investiga, lo que el 29 de junio pasado llevó al Tribunal Constitucional sudafricano a condenarlo a 15 meses de cárcel por desacato judicial.
Zuma, que alega que todas las acusaciones contra él son una persecución por motivos políticos, afirmó entonces que ir a la cárcel sería para él una «sentencia de muerte» y su entorno advirtió de que habría agitación social.
Dos días después de su entrada en prisión, Sudáfrica comenzó a vivir varias jornadas de disturbios y de saqueos masivos que, si bien empezaron en forma de protestas de apoyo al exmandatario, degeneraron después en violencia generalizada, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país.
El Gobierno afirma que la oleada de disturbios, que ha dejado 215 muertos y más de 3.400 detenidos, fue «instigada» y planeada y se investiga si estuvieron implicadas personas afines a Zuma.
Además de estos casos, el exmandatario ya tuvo que devolver en 2016 medio millón de euros de dinero público que había usado de forma irregular para reformar su residencia privada.
