ace semanas que en la Argentina la atención se ha puesto pura y exclusivamente en la discusión de la ley ómnibus; sin embargo, es importante recordar que no es lo único que está tratando el Senado. Desde mediados del año pasado se está deliberando un proyecto de modificación de la ley 25.246 en prevención del lavado de activos.
De no sancionarse, la Argentina podría ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con consecuencias financieras graves para nuestro país.
En marzo de este año, un comité evaluador del GAFI y su rama regional, Gafilat, llegará a nuestro país para analizar el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la Argentina.
El GAFI, organismo intergubernamental creado originariamente por el G7 y con estrecha relación con la OCDE, promueve buenas prácticas y estándares en esta área a nivel mundial, contando con este mecanismo de evaluación de los países.
Lamentablemente, en la actualidad, nuestro país mantiene un incumplimiento técnico de los estándares mínimos de las recomendaciones del GAFI. Aunque las disposiciones del proyecto de ley podrían corregir esta situación, el tiempo apremia, ya que el comité evaluador finalizará su tarea a fines de marzo.
Entre otras medidas, el proyecto propone modificar el tipo penal, establecer un registro de beneficiarios finales de las entidades jurídicas e incluir a los abogados como sujetos obligados en la prevención del lavado de activos y a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (es decir, los exchanges de criptoactivos).
El proyecto ha estado en el Senado desde mediados del año pasado sin avances significativos en su tratamiento, principalmente debido a las elecciones presidenciales. En este punto, es crucial señalar que, si bien diversas entidades han cuestionado algunos aspectos de la reforma, lamentablemente ya no hay tiempo para realizarle mayores modificaciones.
El proyecto es bueno en términos generales y es preferible aprobar una ley imperfecta –que puede mejorarse con posterioridad-, que no tenerla al momento de la evaluación del GAFI, ya que las consecuencias serían graves.
La aprobación de la ley es el requisito mínimo para cumplir con los estándares del GAFI, pero está lejos de ser suficiente. La situación se complica aún más debido a las graves deficiencias estructurales que tiene nuestro país en la prevención del lavado de dinero.
En esta evaluación (cuarta ronda), se pondrá énfasis en la efectividad del sistema, es decir, si los sujetos obligados reportan operaciones sospechosas de lavado, si la Unidad de Información Financiera (UIF) impone sanciones por deficiencias del sistema, si hay condenas, decomisos y congelamientos de bienes por parte de la justicia, entre otros puntos.
También se evaluarán los riesgos de lavado a los que se enfrenta la Argentina, entre los que destacan los delitos de narcotráfico y corrupción, y si se han abordado adecuadamente en términos de prevención y sanción. Es de conocimiento público la situación en Rosario y las ciudades fronterizas con el narcotráfico, así como los altos índices de corrupción en todo el territorio, como lo refleja el índice de percepción de la corrupción publicado recientemente por Transparencia Internacional.
No es necesario decir que los avances en la prevención y sanción en estas áreas han sido limitados, responsabilidad que recae en los distintos poderes del Estado a lo largo de los años.
A fines de marzo concluirá la evaluación in situ en el país, cuyo informe será presentado a las autoridades del GAFI en octubre de este año, quienes decidirán si la Argentina es incluida en la lista conocida como “jurisdicciones bajo monitoreo intensificado”, comúnmente denominada “lista gris”.
En ese caso, seríamos el único país de la región en formar parte de la lista, compartiéndola con Yemen, Haití y Mozambique, entre otros. No sería la primera vez. La Argentina ya ha estado en este selecto grupo desde 2010 hasta 2014.
Si esto ocurre, el sistema financiero internacional se verá obligado a intensificar los controles sobre las transacciones relacionadas con nuestro país, considerándolo un riesgo en términos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto podría llevar a que los costos de compliance sean más altos, con la consecuente posibilidad de que ciertos bancos eviten realizar transacciones con la Argentina, o incluso que prefieran cerrar cuentas de empresas o ciudadanos argentinos debido al riesgo asociado.
Este aumento de costos no solo afectará a los bancos, sino que también se traducirá en mayores requisitos de documentación para los clientes argentinos, quienes deberán justificar con mayor detalle su actividad y operaciones. También hará más caro el financiamiento del Estado Nacional, las provincias y las empresas en el mercado internacional o con organismos internacionales como el FMI o el BID y resentirá las posibilidades de ingresar a la OCDE.
Las nuevas autoridades de los organismos y poderes del país, especialmente la UIF con su nueva gestión, enfrentarán un gran desafío en las próximas semanas para intentar evitar esta situación crítica, cuyas consecuencias tendrán un impacto en las inversiones y la imagen internacional de nuestro país.
