Los registradores avisaron el pasado año de casi 600 potenciales delitos de lavado de dinero, 250 más que en 2019, espoleados por el aumento de los casos en sociedades y empresas.

Antilavadodedinero / Diariopalentino

Son la primera línea de infantería contra el blanqueo de capitales de grandes mafias y criminales. Quienes ‘desbrozan la maleza’ y remiten posibles casos de lavado de dinero al Sepblac. Los registradores de la propiedad y mercantiles alertaron el pasado año de más de diez operaciones sospechosas de blanqueo a la semana en Castilla y León, casi medio centenar al mes, y 578 en todo el ejercicio.

Cifras que ponen de manifiesto un notable aumento de los potenciales intentos de introducir dinero ilícito en el curso legal dentro de la Comunidad, que se han duplicado respecto al año 2019, cuando se emitieron 314 voces de alarma. 

El último balance anual del Colegio de Registradores de España deja a las claras una tendencia alcista en la región, que no solo supera los datos prepandemia, sino que se disparan un 80%. Algo que no ha ocurrido enEspaña, donde las 28.680 alertas notificadas siguen por debajo de las 31.700 de 2019.

«Esto no quiere decir que luego haya mayores actuaciones de inspección en Castilla y León. Simplemente es que no encontramos con más alertas, y es posible que este aumento luego no se traduzca en delitos reales», reconoce a este periódico el líder de este ejército de ‘sabuesos’, el director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) y vicedecano del Colegio de Registradores de España, José Miguel Tabares.

Este vallisoletano destaca que estas cifras «no nos deben hacer pensar que haya un aumento de casos de blanqueo de capitales, sino que ha crecido la labor de control».

Número de alertas por casos de blanqueo de capitales

Datos de las comunidades autónomas

Una realidad que avalan las cifras, que evidencian como el registro mercantil –aquellas operaciones relacionadas con sociedades y empresas– es donde mayor número de alertas están sonando en Castilla y León, con casi una diaria, prácticamente el doble que en 2019.

Menos significativo es, al menos porcentualmente, el crecimiento en el ámbito de la propiedad –las vinculadas al intento de compra de viviendas con dinero negro–, donde se ha pasado de 160 a 224 sospechas. Números que, de forma global, sitúan a la Comunidad como la séptima de España, aunque muy lejos de los grandes centros económicos, como Madrid o Cataluña, que entre ambas suman más de 13.000 potenciales casos anuales. Datos que dejan a la región ligeramente por encima del 2% del total nacional.

«Un expediente puede tener multitud de alertas, ya que una misma persona puede estar realizando varias operaciones de blanqueo a la vez», aclara Tabares, matizando que el número de posibles casos no se traduce en igual cifra de personas físicas o jurídicas. 

No oculta tampoco que las mafias y grupos criminales que se dedican al lavado de dinero se han ido especializando a la par que crece la presión sobre ellos. «Cada vez usan estructuras societarias y jurídicas más complejas e intentan elevar el número de operaciones que realizan para despistar», reconoce el director del CRAB, en una batalla entre ‘buenos’ y ‘malos’ que nunca termina: «Nosotros mejoramos nuestros sistemas y ellos también». 

La infantería del Sepblac

«Centralizamos las alertas que nos llegan desde los distintos registros de España, y las filtramos para facilitarle al Sepblac el trabajo». Labor, esta última, que ha convertido al CRAB que Tabares comanda en los ‘ojos’ del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (Sepblac), en su lucha contra el crimen organizado.

Para ello han establecido una serie de protocolos y parámetros que hacen saltar las alertas cuando una operación dudosa pasa por sus manos. Movimientos extraños, fondos que provienen de paraísos fiscales, pagos con medios opacos, o alteraciones de valor inusuales, entre otras muchas, hacen que la alarma pite.

Un trabajo que los registradores de la propiedad viene realizando de forma estandarizada desde el pasado 16 de marzo de 2016, y que ha servido para que estas alertas sean utilizadas después por las unidades antiblanqueo del Banco de España, la Agencia Tributaria, o lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar que dinero negro salte al curso legal.

«No existe un perfil tipo para estos delincuentes, porque el objetivo es pasar lo más desapercibido posible», sentencia Tabares.