Barclays (LON:BARC) ganó el miércoles una apelación ante el Tribunal Supremo de Reino Unido sobre el alcance de la obligación de los bancos de proteger a sus clientes frente a los defraudadores, en una decisión que, según abogados, podría poner freno a una avalancha de litigios.
Fiona Philipp, profesora de música y cliente desde hace muchos años, demandó al banco en 2020 después de que la engañaran para que transfiriera 700.000 libras (906.000 dólares) a cuentas en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en un elaborado fraude de los denominados pagos automáticos autorizados por adelantado (conocidos en inglés como pagos «push» o APP por sus siglas).
Estas estafas se han convertido en el mayor tipo de fraude en los pagos en Reino Unido y costaron a los clientes 583 millones de libras (752 millones de dólares) en 2021, un aumento del 39% respecto a 2020, según el organismo de control Regulador de los Sistemas de Pago (Payment Systems Regulator, PSR). Las autoridades están tratando de hacer que los bancos sean fundamentales en la prevención del fraude.
Phillip alegó que Barclays tenía la obligación de ignorar sus instrucciones si el banco tenía motivos razonables para sospechar que estaba siendo estafada.
Sin embargo, en una sentencia unánime que, según los abogados, supondría un «enorme alivio» para el sector financiero, el juez del Tribunal Supremo George Leggatt afirmó que esto sería «incompatible con los primeros principios del derecho bancario», al anular una sentencia de 2021 del Tribunal de Apelación que permitía que el caso siguiera adelante hasta el juicio.
«Cuando el cliente ha autorizado y dado instrucciones al banco para que realice un pago, el banco debe llevar a cabo la instrucción con prontitud», dijo. «No corresponde al banco preocuparse por el acierto o los riesgos de las decisiones de pago de su cliente».
El tribunal admitió que este tipo de fraudes causan grandes dificultades a las víctimas, pero dijo que, en última instancia, corresponde al Parlamento considerar quién debe asumir las pérdidas, señalando que la nueva Ley de Servicios y Mercados Financieros prevé un plan de reembolso obligatorio en algunos casos de fraude nacional.
Sin embargo, los pagos al extranjero no estarán cubiertos por el plan propuesto.
Barclays acogió con satisfacción una decisión que aporta «certidumbre y claridad» en una importante cuestión jurídica.
James Levy, socio del bufete de abogados Ashurst, dijo que corresponde a los clientes asegurarse de que las instrucciones de pago son de buena fe.
«De este modo se cierra el importante riesgo de lo que, de otro modo, podría haber sido una avalancha de litigios contra los bancos del país interpuestos por clientes que han sido víctimas del fraude por APP», afirmó.
El Tribunal Supremo, sin embargo, permitió a Philipp presentar una demanda alternativa contra Barclays alegando que el banco incumplió su deber al no tomar las medidas adecuadas para recuperar el dinero transferido a EAU.
