Es una época de fuerte tensión entre el Gobierno argentino y el banco BBVA. Como consecuencia de la delicada situación económica que se aceleró luego del traspié electoral en las PASO del 11 de agosto último, la administración que encabeza Mauricio Macri decretó el control de capitales.
Ante esta situación el grupo español llevó a los tribunales el carácter «inconstitucional» de la norma que imposibilita la aplicación íntegra del mecanismo de ajuste por inflación en el Impuesto de Ganancias correspondiente al ejercicio 2018.
El pasado mayo la filial del banco -anteriormente denominado BBVA Francés- realizó el abono de este gravamen sin el ajuste correspondiente por la subida de los precios del 47,6%, el nivel más alto desde 1991.
La entidad no está conforme con la regulación y el coste que conlleva, por lo que también presentó en sede judicial una acción declarativa solicitando la inconstitucionalidad de la normativa al considerarla «confiscatoria»
Según las cuentas de 2018, el BBVA tuvo que elevar en Argentina un 150% la factura por el Impuesto de Sociedades, hasta los 4.027 millones de pesos, lo que supuso un tipo efectivo del 29,3% sobre los beneficios brutos.
Con los ajustes, el banco destaca que el tipo superaría el 90% de las ganancias, tal y como señaló la directora de relaciones con inversores de la filial, Cecilia Acuna, en la reunión con analistas sobre los resultados del segundo trimestre de 2019. Añadió que las dotaciones hechas se revertirán en un futuro si el resultado de la demanda es positivo.
Fuentes financieras sostienen que los efectos de la inflación sobre el Impuesto de Sociedades están vigentes desde principios de la pasada década y que ha generado conflictos con diferentes empresas. De hecho, en algunos casos la Agencia Tributaria del país ha llegado perder los contenciosos, según indicó Elecomonista.es.
Investigación por blanqueo
La demanda en los tribunales se produjo en plena apertura de una investigación a la filial del grupo español y su cúpula por un posible caso de blanqueo de capitales por parte de las autoridades del país sudamericano.
La Unidad de Información Financiera (UIF) argentina inició un proceso contra la franquicia de BBVA por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La confrontación abierta con el Ejecutivo de Mauricio Macri está teniendo lugar en un momento en que la incertidumbre sobre la economía y del país en su conjunto es elevada, con un desplome del peso debido a la posibilidad de que el régimen peronista vuelva al poder en las próximas elecciones presidenciales.
El Gobierno tuvo que tomar medidas drásticas, como el control de capitales con la restricción de dividendos a las entidades financieras, algo que afectará entre otros a BBVA, además de limitar compras en dólares.
Estas decisiones han provocado largas colas en las puertas de las sucursales para retirar el dinero depositado ante las dudas de quedarse sin fondos si la coyuntura empeora.
BBVA repatrió de su filial argentina dividendos -de la que posee el 66,5% del capital- con cargo a los resultados de 2018 un total de 2.400 millones de pesos (26 millones de euros), equivalentes al 25% de los beneficios obtenidos.
El empeoramiento político y económico de Argentina ha cogido al grupo español con el pie cambiado. En los últimos trimestres, ha venido elevando el valor en libros de la filial, hasta en un 50%.
Según los últimos datos, de cierre del primer semestre, tenía una valoración de 900 millones, frente a los 600 millones de hace un año. Ahora, teniendo en cuenta la cotización del peso, tendría que llevar a cabo un ajuste de golpe por el mismo importe, con lo que las minusvalías ascienden a 300 millones de euros.
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