La candidatura del diputado Ulises Quintana como precandidato a la intendencia municipal de Ciudad del Este a ponen a la palestra pública que figuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado accedan a cargos electivos con el abierto respaldo de referentes del actual Gobierno. La ciudadanía debe ser crítica para evitar que políticos procesados por vincularse con el tráfico de drogas puedan seguir conquistando puestos de poder.
La vigencia de la narcopolítica ha causado muchos daños a la sociedad paraguaya y al sistema democrático, como el asesinato del periodista Pablo Medina a manos de una banda criminal liderada por un intendente municipal colorado.
En un acto, con el abierto respaldo de varios legisladores del Movimiento Colorado Añetete, liderado por el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, entre quienes se encontraban los diputados Arnaldo Samaniego, Freddy D’Ecclesiis, Luis Urbieta, Rubén Balbuena, Pastor Soria, Martín Samaniego y su esposa Patricia Corvalán, intendenta municipal de Quyquyhó.
Aunque Quintana está bajo proceso y aún no ha sido condenado, fue imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al ser vinculado al presunto capo narco Javier Cucho Cabaña, detenido en setiembre de 2018 durante el operativo Berilo, llevado a cabo por siete agentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Luego, la Fiscalía presentó acusación por asociación criminal para el tráfico de drogas y lavado.
Tras haber permanecido diez meses en prisión, el diputado Quintana fue dejado en libertad ambulatoria y retomó su banca en el Congreso y lanza ahora su precandidatura a la intendencia de CDE.
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