Una serie de sanciones contra empresas y personas implicadas en una estafa de tipo tiempo compartido en Puerto Vallarta, México, demuestra cómo organizaciones narcotraficantes como el CJNG usan a turistas desprevenidos como otra fuente de rentas ilícitas.
antilavadodedinero / InSightCrime
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, sancionó a siete personas y a 19 empresas mexicanas sospechosas de haber participado en un fraude con propiedades de tiempo compartido orquestado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta, importante destino turístico en la costa Pacífica de México. La OFAC impuso sanciones a otras ocho firmas mexicanas vinculadas a la misma red en marzo.
Las estafas de los delincuentes al parecer incluían ofertas no solicitadas de compra de propiedades en la modalidad de tiempo compartido. Cuando los propietarios accedían a vender, los timadores solicitaban pagos anticipados con el pretexto de cubrir impuestos y tasas para agilizar la venta. Cuando los propietarios pagaban, los delincuentes desaparecían, dejando a las víctimas sin comprador y sin dinero, según un comunicado del Departamento del Tesoro.
En otro timo, firmas de desarrollo inmobiliario vendían unidades en proyectos de tiempo compartido que nunca se construyeron, ya porque esas empresas simplemente se esfumaban, o porque los proyectos se planearon a propósito en zonas de reserva natural y posteriormente eran canceladas, como le explicó a InSight Crime un experto en actividades criminales radicado en Puerto Vallarta, quien pidió no ser identificado por motivos de seguridad. El dinero de los inversionistas nunca se reembolsaba.
Este tipo de fraude en el segmento de tiempo compartido muchas veces apunta a personas que buscan propiedades en el exterior para su retiro o para vacaciones y permite al CJNG generar ingresos por fuera de sus actividades tradicionales en el narcotráfico.
“Se aprovechan del hecho de que esas son por lo general personas mayores que tienden a ser confiadas y no siguen medidas de seguridad básicas, como solicitar referencias o verificar información pública sobre la propiedad”, puntualizó la fuente.
El CJNG también hizo uso de testaferros, personas que recibían pagos por usar su identificación oficial o testaferros que prestaran su nombre para registrar empresas para realizar las estafas, según documentos obtenidos por VICE. En algunos casos, los nombres de esos delegados correspondían a personas muertas o que no tenían idea de que se usara su identidad para actividades ilícitas.
Análisis de InSight Crime
La participación del CJNG en el fraude de tiempo compartido es la punta del iceberg en relación con su implicación en empresas del sector turístico de Puerto Vallarta, que por años ha sido una mina de oro para el grupo.
Hoteles, bares, restaurantes y ahora propiedades en tiempo compartido son especialmente atractivas, pues dan acceso a toda una variedad de actividades criminales, como lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico, como lo explicó la fuente consultada por InSight Crime.
Por ser una zona con gran afluencia de turistas, los proyectos de desarrollo inmobiliario o los complejos residenciales de Puerto Vallarta ofrecen a los grupos criminales una vía fácil para blanquear inversiones, comentó la fuente.
Estas organizaciones criminales usan testaferros o empresas de cartón para hacer pedidos grandes de materiales de construcción o financiar la construcción de propiedades con dinero ilegal. El costo de un apartamento frente a la playa es alto, lo que significa que es una forma fácil de legitimar grandes sumas de dinero de procedencia ilícita.
El sector de restaurantes también es crucial para las actividades del CJNG, pues se usan los restaurantes como punto de intercambio para el despacho y la venta de drogas. Pero los restaurantes también pueden ser epicentros de violencia y atraer la atención de las autoridades locales. Como en el caso del secuestro, en 2016, de dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo«, y su posterior liberación, en un restaurante de Puerto Vallarta, supuestamente por orden de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho«, cabeza del CJNG. Además, el exgobernador Aristóteles Sandoval fue asesinado en un restaurante de Puerto Vallarta en 2020. El CJNG estuvo involucrado en el asesinato.
A pesar del abanico de economías criminales que se mueven en el sector turístico de Puerto Vallarta, es cuestionable la efectividad de las sanciones internacionales y confiscaciones de propiedades por parte de las autoridades locales. Es probable que las sanciones tengan un efecto limitado en esta operación criminal, pues solo congelarían los activos dentro de Estados Unidos, si bien el fraude ocurre en México, sin dejar de reconocer que esto dificultará bastante el acceso de estas empresas al sistema financiero estadounidense. En lo que respecta a la confiscación a nivel local, “estas representan un daño mínimo”, señaló la fuente. “Por cada diez empresas que intervienen, ellos tienen 100 en operación, por lo que no es muy significativo”.
Los Cuinis, en el pasado una fuerte facción dedicada al lavado de dinero para el CJNG, usó durante años el sector de bienes raíces en Puerto Vallarta y en otros destinos de playa en Jalisco para lavar ganancias generadas en el narcotráfico. Y las sanciones impuestas en 2015 por el Departamento del Tesoro estadounidense contra 15 empresas y seis personas vinculadas a la organización no han hecho mucho para impedir que el CJNG use el sector turístico para lavar dinero y extorsionar.
