Las organizaciones criminales están utilizando las brechas de regulación para mover miles de millones en ingresos ilícitos a través de la industria de las criptomonedas. La advertencia forma parte de la última revisión sobre activos virtuales y finanzas ilícitas del Grupo de Acción Financiera.
El organismo intergubernamental, con sede en París, señaló que el crimen habilitado por criptomonedas se volvió más complejo e interconectado durante el último año. Esta evolución dificulta la identificación de los responsables y el seguimiento de los fondos.
El problema no se limita a una modalidad específica de delito. Las autoridades enfrentan flujos vinculados con compuestos fraudulentos y redes dedicadas al fraude de inversión.
Estos esquemas pueden utilizar múltiples servicios, billeteras y plataformas para mover los recursos entre diferentes actores. La fragmentación de las operaciones complica la tarea de reconstruir el origen y el destino del dinero.
La revisión también muestra que la expansión de las criptomonedas no elimina los riesgos tradicionales de lavado de dinero. En cambio, puede ofrecer a los delincuentes nuevas herramientas para coordinar operaciones transfronterizas.
Para los lectores nuevos en el tema, los activos virtuales incluyen criptomonedas y otros instrumentos digitales que pueden transferirse mediante redes basadas en blockchain. Aunque muchas transacciones quedan registradas, los investigadores necesitan vincular las direcciones digitales con personas o entidades concretas.
Reguladores y empresas enfrentan desafíos persistentes
El Grupo de Acción Financiera afirmó que los reguladores nacionales, las instituciones financieras y las compañías de criptomonedas enfrentan desafíos significativos y continuos. La principal dificultad consiste en detectar y detener los flujos de dinero relacionados con actividades fraudulentas.
Las empresas del sector suelen aplicar procesos de conocimiento del cliente y monitoreo de transacciones. Sin embargo, las redes criminales pueden aprovechar diferencias regulatorias entre países para trasladar rápidamente sus operaciones.
La cooperación internacional resulta clave porque los fondos pueden circular por jurisdicciones con reglas y capacidades de supervisión distintas. Una respuesta fragmentada deja espacios que los delincuentes pueden explotar.
La evaluación registró una mejora en el número de países que siguen las recomendaciones del organismo para las criptomonedas. Aun así, el avance global continúa siendo limitado frente a la escala de los riesgos identificados.
Hasta abril de 2026, 51 de las 149 jurisdicciones evaluadas eran consideradas en gran medida conformes con los estándares del Grupo de Acción Financiera para los activos virtuales. Esa cifra representa poco más de un tercio del total, equivalente al 34%.
El porcentaje supone una mejora frente al 29% registrado durante el año anterior. La diferencia indica que más países han adoptado medidas de cumplimiento, aunque todavía persiste una mayoría fuera de la categoría de conformidad amplia.
La organización advirtió que permanecen importantes brechas en la aplicación práctica de las normas. En particular, los países no siempre convierten sus evaluaciones de riesgo en pasos concretos para reducir el crimen relacionado con criptomonedas.
El avance de las stablecoins ilícitas
Uno de los principales focos de preocupación es el aumento del uso de stablecoins por parte de actores ilícitos durante el último año. Estos activos digitales buscan mantener un valor estable frente a una referencia, como una moneda tradicional.
Su estabilidad puede resultar atractiva para usuarios legítimos que desean reducir la volatilidad de otras criptomonedas. También puede interesar a redes criminales que buscan transferir valor sin exponerse a grandes variaciones de precio.
El informe señaló que algunas redes criminales están desarrollando sus propias stablecoins. Según la revisión, estos instrumentos pueden diseñarse para resistir el congelamiento o la confiscación por parte de las autoridades.
La posibilidad de impedir una intervención oficial eleva la complejidad de las investigaciones. También plantea desafíos para los proveedores de servicios que intentan bloquear fondos relacionados con delitos.
Una stablecoin controlada por una red criminal podría funcionar como una herramienta interna para mover recursos entre miembros del grupo. Su utilidad dependería de la aceptación dentro de la red y de la capacidad para dificultar la acción de terceros.
El señalamiento no implica que todas las stablecoins tengan un vínculo con actividades ilícitas. La alerta se refiere al uso que determinados actores pueden hacer de estos activos y al desarrollo de instrumentos específicos para evadir controles.
La distinción es relevante para evitar conclusiones generales sobre la tecnología. Las stablecoins también cumplen funciones en pagos, comercio y mercados digitales, pero su crecimiento exige mecanismos de supervisión capaces de identificar usos abusivos.
Una mejora estadística que no resuelve el riesgo
El aumento de la conformidad amplia, desde 29% hasta 34%, representa una señal positiva para el cumplimiento internacional. Sin embargo, el propio organismo considera que ese avance no basta para cerrar las brechas existentes.
La adopción de reglas puede ser insuficiente si no viene acompañada de supervisión y acciones concretas. Las evaluaciones de riesgo deben traducirse en procedimientos que reduzcan efectivamente la circulación de fondos ilícitos.
Este desafío afecta tanto a las autoridades públicas como a las compañías privadas. Los reguladores deben vigilar el cumplimiento, mientras las empresas necesitan detectar patrones sospechosos y responder con rapidez.
Las instituciones financieras tradicionales también forman parte de esta cadena de control. Cuando interactúan con plataformas de activos virtuales, necesitan comprender los riesgos asociados con transferencias rápidas y operaciones entre distintas jurisdicciones.
La advertencia llega en un momento de mayor interconexión entre servicios financieros digitales. Esa conexión puede facilitar operaciones legítimas, pero también permite que las redes criminales distribuyan sus actividades entre varios proveedores.
La complejidad del fenómeno exige que las investigaciones combinen análisis financiero, herramientas de rastreo blockchain y cooperación entre agencias. Ningún mecanismo aislado garantiza la detección de todos los flujos ilícitos.
El informe tampoco presenta la falta de regulación como el único problema. También destaca la distancia entre identificar un riesgo y aplicar medidas capaces de reducirlo en la práctica.
Implicaciones para el ecosistema de criptomonedas
La revisión del Grupo de Acción Financiera puede aumentar la presión sobre los países que aún no cumplen ampliamente sus estándares. Las autoridades tendrán que demostrar que sus marcos regulatorios funcionan más allá de la aprobación formal de nuevas normas.
Para las empresas de criptomonedas, el entorno puede implicar controles más rigurosos sobre clientes, transacciones y productos. Las plataformas que no detecten actividades sospechosas podrían enfrentar un escrutinio mayor de los supervisores.
Los usuarios legítimos también pueden percibir cambios en los procesos de verificación y en la disponibilidad de ciertos servicios. Una regulación más estricta puede generar fricción, aunque busca reducir el uso del sector para fines criminales.
El equilibrio entre privacidad, innovación y cumplimiento seguirá siendo un asunto central. Las medidas contra el lavado de dinero deben proteger el sistema financiero sin asumir que toda actividad relacionada con criptomonedas es ilícita.
El crecimiento de las stablecoins creadas por redes criminales añade una dimensión tecnológica al desafío. Las autoridades no solo deben rastrear transferencias, sino también entender cómo funcionan los mecanismos que dificultan los congelamientos.
La advertencia subraya que el crimen organizado continúa adaptándose a la evolución del mercado digital. Mientras las reglas avanzan de manera desigual, los delincuentes buscan nuevas estructuras para ocultar, transferir y conservar sus ingresos.
La evaluación del Grupo de Acción Financiera deja una conclusión clara: la mejora en el cumplimiento internacional es real, pero todavía insuficiente. Las brechas regulatorias y el uso ilícito de stablecoins mantienen abierta una amenaza que requiere respuestas coordinadas y sostenidas.
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