Daniel Ortega logró imponerse para un nuevo mandato a través de las amenazas, la represión y el encarcelamiento de sus adversarios políticos para gobernar hasta enero de 2027.
Antilavado de Dinero / Diario Las Américas.
Pero las acciones con las que se adjudicó el “triunfo” en unas cuestionadas elecciones empiezan a tener consecuencias. El resultado de esos comicios no cuenta con reconocimiento internacional y conducen al país por el camino del aislamiento.
Más de 45 países desconocen el resultado electoral en la nación centroamericana, reveló el organismo Internacional Crisis Group, especializado en análisis de conflictos.
Tras el fraude electoral del 7 de noviembre, el proceso de aislamiento al que Ortega conduce al país se aceleró por la renuncia oficial de Nicaragua a continuar siendo miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). La medida de Ortega de sacar a Nicaragua del organismo es respuesta a la resolución aprobada por la 51 Asamblea General de la OEA que desconoce los resultados de las elecciones presidenciales.
Ortega alega “injerencia” en los asuntos internos del país. El proceso de salida de la OEA tiene un periodo de 2 años.
“Las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, subraya la resolución aprobada por 25 países y con la abstención de 7, que ordena una evaluación antes del 30 de noviembre sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que llevaría a Nicaragua a la expulsión de la OEA.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la evaluación solicitada al Consejo Permanente en la resolución de la 51 Asamblea General corresponde al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, sobre la “apreciación colectiva de la situación y para adoptar las decisiones que se estimen convenientes”.
Los cuestionados resultados de las elecciones en las que Ortega no tuvo contendientes para competir tras encarcelar a siete opositores que aspiraban participar en los comicios presidenciales, y eliminar de la contienda a tres partidos políticos, empiezan a tener como consecuencias, la presión internacional.
Sanciones
Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña designaron sanciones contra casi una treintena de altos funcionarios y alcaldes del régimen sandinista.
La administración del presidente Joe Biden amplió esas sanciones, las más fuertes hasta hoy, que impiden a todo funcionario de la dictadura ingresar a Estados Unidos. La medida incluye también a cónyuges, hijos e hijas de los sancionados, un golpe duro para el sandinismo, cuyos adeptos acostumbran a viajar de vacaciones y para hacer compras y negocios en Estados Unidos.
La medida es “una señal a los sandinistas, a todos los niveles, y es un paso más hacia la ruptura de las relaciones diplomáticas” entre Estados Unidos y Nicaragua, afirma Crisis Group.
Todo indica que se avecinan más sanciones.
La decisión de Ortega de sacar a Nicaragua de la OEA podría además vetar el acceso del país a los créditos de organismos financieros internacionales. Muchos de los países que han votado a favor de las resoluciones, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, integran los organismos multilaterales de financiamiento.
Hasta ahora el régimen sandinista ha recibido créditos sin restricciones, incluso de Estados Unidos, pese a las violaciones, a la corrupción y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Estados Unidos, un voto decisivo ante los organismos financieros, ha votado a favor de créditos para Nicaragua, pese a que la Ley Nica Act aprobada en 2018, ordena al gobierno votar en contra de los préstamos al régimen sandinista.
Tras las masivas protestas de 2018, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha proporcionado créditos al régimen de Ortega por más 2.818 millones de dólares.
Mientras, el Fondo Monetario Internacional [FMI] aprobó 353.5 millones de dólares en agosto pasado, y antes, 185 millones de dólares a finales de noviembre de 2020.
De enero a septiembre de 2021, Nicaragua ha recibido casi 900 millones de dólares en desembolsos de los organismos financieros multilaterales.
El análisis del organismo United States Institute of Peace (USPI), revela que Ortega sabe que no puede mantener el control del país sin promover el crecimiento económico en una de las naciones que califica entre las más pobres de la región. El Producto Interno Bruto (PIB), se contrajo en un 9% durante 2017-2020 debido a la crisis sociopolítica y a la pandemia del COVID-19.
El país comenzó a recuperarse a inicio de 2021, gracias a las remesas, el aumento en las exportaciones, la inversión extranjera y el desembolso de los organismos financieros internacionales, pero ese panorama podría cambiar, afectar la permanencia de Ortega en el poder y su alianza con algunos sectores del sector privado.
“Estados Unidos debería trabajar con aliados extranjeros y actores democráticos nicaragüenses para diseñar un enfoque que ofrezca tanto presión como alivio”, recomienda USPI.
Al mismo tiempo, sugiere que las sanciones dirigidas siguen siendo la opción más fácil, pero a su juicio “deben coordinarse con otros países y sincronizarse mejor internamente con otras herramientas políticas de los Estados Unidos”.
Negociación
El análisis apunta a que “puede haber una apertura en algún momento [del régimen] para un enfoque más del tipo de ‘hoja de ruta’ que vincule mejores alivios específicos de la presión estadounidense o de la Unión Europea con acciones tangibles por parte del régimen de Ortega, en contraposición al sistema actual de sanciones generalizadas en busca de cambio total”, subrayan los expertos Keith Mines y Mary Speck, autores del análisis.
Entre las líneas de comunicación deben permanecer abiertas, a través de mediadores internacionales, como el Vaticano, la ONU o la OEA, “para que el gobierno entienda que hay un camino adelante”, sugieren.
International Crisis Group coincide con USIP, asegura que una salida negociada sería la vía. “Mientras la meta de la comunidad internacional sea derrocar a Ortega, es poco probable que tenga éxito. Una salida negociada, que recomponga el tejido social fracturado, debería ser el objetivo”.
Ortega sabe que la ayuda, el comercio y las inversiones multilaterales están en peligro a menos que su gobierno convenza a socios económicos de que puede garantizar estabilidad trabajando con la comunidad empresarial y la sociedad civil en general.
Para lograr ese propósito, Ortega debería garantizar que liberará a los presos políticos, respetará los derechos humanos, las libertades civiles y permitirá la apertura de auténticos espacios de diálogo.
Por ahora las acciones de Ortega siguen siendo hostiles contra la comunidad internacional, mientras convierte el país en una cárcel, decide quien sale y entra, y mantiene a más de 150 opositores presos.
La decisión de Ortega de sacar a Nicaragua de la OEA no detiene el mandato de la resolución de la 51 Asamblea General de ese organismo de evaluar antes del 30 de noviembre, la situación de Nicaragua.
