Dura declaración de la fiscal anticorrupción, Carmen Launa, que concluyó su informe final en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia.
En su opinión, las actuaciones de los consejeros “no fueron errores, fueron falseamientos conscientes de la realidad económica del grupo transmitidos al mercado y a terceros por los acusados para mantenerse en sus puestos de poder y privilegios”. Launa ha elevado la petición de penas a los acusados al incluir un nuevo delito, el de falsedad contable. Para Rodrigo Rato, expresidente, pide ocho años y medio de cárcel.
Tras casi cinco horas de lectura de las últimas conclusiones, alrededor de las 18 horas del lunes, la fiscal reserva las mayores acusaciones para las conclusiones: “Dentro de escasos días va a finalizar lo que ha sido una de las épocas más duras de nuestra historia reciente, porque los hechos que hemos estado valorando en estas sesiones provocaron que se volatilizaran los ahorros de miles de españoles. Además, en esa época se produjo el mayor rescate financiero de nuestra historia de España y uno de sus grandes protagonistas fue Bankia”.
Y entra de lleno en la voluntariedad de las actuaciones de los acusados, principalmente los gestores del grupo BFA-Bankia, un aspecto clave para sostener sus acusaciones. “Podemos considerar que hubo errores de gestión empresarial, pero en este juicio no hemos valorado errores de gestión porque no es nuestra cometido ni ha sido objeto del procedimiento ni estamos aquí para ello. Lo que aquí se ha juzgado es una de las mayores estafas que hemos conocido tanto por su cuantía como por el número de afectados y el impacto que tuvo en la economía en general”.
Launa afirma que crear el grupo BFA “y valorarlo frente al público por un importe de 6.000 millones de euros superior al real no fue un error empresarial, como tampoco lo fue crear con estos activos sobrevalorados una filial, Bankia, y sacarla a Bolsa sobre la base de un folleto que ocultaba esta sobrevaloración ficticia y el deterioro real, todo ello aderezado con una imponente campaña de publicidad fingida sobre la realidad”.
En su opinión, tampoco se puede considerar un error “mantener la ficción de unas cuentas saneadas a 31 de diciembre de 2011, ocultando las abultadas pérdidas del grupo inmobiliario y la inviabilidad de la matriz, cuyo principal activo sufría un deterioro de más de 5.000 millones de euros que no habían sido registrado, ofreciendo al mercado, mediante Hechos Relevantes, una imagen de fortaleza inexistente”.
La fiscal termina diciendo que “todas estas actuaciones no fueron errores, fueron falseamientos conscientes de la realidad económica del grupo BFA-Bankia transmitidos al mercado y a terceros por los acusados para mantenerse en sus puestos de poder y privilegios”. Por eso, enfatiza que las penas que solicita “son justas y proporcionadas a la gravedad de los hechos cometidos, y ajustadas a la concreta participación de los acusados”.
Sin embargo, no solo acusa a los gestores de haber cometido errores. El ministerio público apreció “defectos” en la labor supervisora del Banco de España, si bien la responsabilidad de las irregularidades las hizo recaer sobre los administradores de la entidad. Todos los acusados, recuerda la fiscal, se han justificado a lo largo del juicio apelando al respaldo que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dieron a sus actuaciones.
Errores del supervisor
Para la Fiscalía Anticorrupción, “quizás el supervisor hubiera tenido que requerir mayores comprobaciones y estudios” de los informes y datos que recibía de la entidad financiera, pero la elaboración y responsabilidad de dichos datos recae sobre los administradores. No obstante, la información de la que disponía el Banco de España, “de forma indirecta y semioculta”, no implicaba que fueran avales por parte del organismo al hecho de que Bankia saliera a Bolsa con cuentas falsas, de ahí que únicamente proceda el reproche penal a los acusados, añade.
Tampoco cabe atribuir responsabilidad alguna a la CNMV, que “en principio no podía conocer ni corroborar los estados financieros incorporados al folleto”, y que, según la fiscal, “exigió más allá de lo exigible, de hecho, porque pidió que figuraran las cuentas de las siete cajas”. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el supervisor bursátil “cumplió con sus funciones de transparencia, pues no era su labor comprobar la exactitud contable”. Muchos de los responsables de ambos organismos fueron considerados investigados en la fase de instrucción, situación que fue posteriormente sobreseída por el juez instructor, Fernando Andreu.
El País
