Un consultor de Chicago fue acusado en un tribunal federal por presuntamente ofrecer dinero corruptamente a un senador estatal de Illinois en relación con la obtención de la aprobación estatal para un proyecto de desarrollo suburbano.
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WILLIAM A. HELM, de 56 años, de Chicago, está acusado de un cargo de soborno del programa federal. La acusación fue devuelta el jueves en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Chicago. La acusación está programada para el 10 de marzo de 2020, a las 2:00 p.m., ante la juez magistrada estadounidense Sheila M. Finnegan.
La acusación fue anunciada por John R. Lausch, Jr., Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois; Emmerson Buie, Jr., agente especial a cargo de la oficina del FBI en Chicago; y Kathy A. Enstrom, agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal del IRS en Chicago. El gobierno está representado por los fiscales federales adjuntos Christopher J. Stetler y James P. Durkin.
Según la acusación, Helm y su empresa consultora fueron contratados por una empresa de construcción para ayudar a obtener la aprobación del Departamento de Transporte de Illinois para la señalización y el trabajo en carretera en relación con el proyecto de desarrollo de la compañía en East Dundee. La compañía solicitó la aprobación de IDOT en 2017, afirma la acusación. Desde julio de 2018 hasta al menos noviembre de 2018, Helm ofreció corruptamente y acordó pagar dinero para influir y recompensar al senador en relación con la aprobación del proyecto por parte de IDOT, afirma la acusación. En ese momento, el senador era presidente del Comité de Transporte del Senado y estaba en condiciones de ayudar a obtener tales aprobaciones, afirma la acusación.
Se recuerda al público que una acusación no es evidencia de culpabilidad. Se presume que el acusado es inocente y tiene derecho a un juicio justo en el que el gobierno tiene la carga de probar la culpa más allá de una duda razonable.
El cargo en la acusación se castiga con hasta diez años en prisión federal. Si se lo declara culpable, el Tribunal debe imponer una sentencia razonable en virtud de los estatutos federales de sentencia y las pautas consultivas de sentencia de Estados Unidos.
