La pregunta inmediata se centra en el estallido en el período 2018-2024, lo que conduce a la guerra contra el narcotráfico. Una mirada instrumental de corto plazo.
Las explicaciones de la opinión pública separan las violencias de su contexto y raíz, trazando una línea de tranquilidad y salvaguardia entre el tumor maligno, y el cuerpo social sano, una frontera entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos.
Esta visión es amplificada por el poder dominante interesado en ocultar las raíces, los vínculos de los capitales y el narcotráfico con el Estado, los funcionamientos del mercado y la economía: ellos, los malos, los carteles y las mafias son el enemigo, la encarnación del maligno: el tiempo de la guerra contra el mal.
La versión oficial es que los carteles funcionan como el mal que amenaza desde afuera a la sociedad, a la marcha normal del capital y la democracia. Oswaldo Zavala señala que “los carteles no existen” (Zavala, 2018) al margen del poder y del Estado.
Para la gente la preocupación inmediata es cómo librarse de los sicariatos, los asesinatos, los secuestros, las vacunas, los asaltos, y restablecer un ambiente de seguridad. Por ello, hay una aceptación de las acciones del gobierno, de la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, y la exigencia de mano dura. Precisamente allí está el problema.
Las alarmas se encienden por el estallido del número de muertos a partir de 2018:[1]
| 1990 | 2000 | 2002 | 2007 | 2008 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9 | 15 | 15 | 16 | 18 | 6 | 6 | 7 | 8 | 14 | 24 | 40-43 |
En el Decreto 111, el gobierno cita como indicador el incremento de la utilización de armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios, incluso de uso militar exclusivo, en los homicidios intencionales, pasa del 55% en 2019 a 83% en 2022 y 88% en 2023.
Las investigaciones sobre el narcotráfico y el capital criminal en América Latina, coinciden en que este problema se desarrolla en una zona gris (Trejo & Ley, 2020), en la que se entrecruzan las bandas y mafias criminales, las instituciones del Estado, los grupos de poder económico y político, nacionales y trasnacionales, y habría que añadir, la cultura y las formaciones sicológicas.[2] No se trata de un problema local, sino que se mueve en un marco de conflictos regionales y mundiales, con incidencia de los alineamientos geopolíticos, por lo cual cada uno de estos círculos requiere una mirada y un tratamiento de políticas globales y locales.
La pregunta, por tanto, no es ¿cómo eliminar las bandas, en particular a los integrantes que se pueden ubicar en las barriadas?, porque las respuestas irían en el sentido de la limpieza social racializada y de estigmatizaciones de las poblaciones en condición de vulnerabilidad cooptadas por las organizaciones criminales.
Sino, ¿cómo empezar a desmontar las raíces del narcotráfico, la violencia y el capital criminal? Pero, la pregunta previa es ¿Cuáles son esas raíces estructurales? Y también, ¿es posible otra estrategia? ¿Hay experiencias exitosas alternativas para enfrentar el narcotráfico, la violencia, el capital criminal?
Se trata de ver un tiempo largo y un proceso complejo. ¿Cómo podemos entender la violencia extrema que ha estallado en Ecuador? ¿Cuáles son las relaciones entre la violencia, el narcotráfico y el capital criminal? Otra vez una pregunta similar a la que se planteaba la Escuela de Frankfurt sobre el fascismo. ¿Se trata de estallidos temporales, diferenciados del funcionamiento del Estado y el mercado, o son el resultado estructural del funcionamiento sistémico del capital y del Estado?
- Ruta de la investigación-acción-participativa
Sobre la base de diversos estudios críticos, podemos trazar una visión más integral, en torno a una cruz cuadrada; en la zona gris se dibujan diversas trayectorias de vínculos entre los cuatro lados del cuadrado: bandas, Estado, mercado y cultura; una “causalidad convergente”, en la que se cruzan diversos procesos. Se puede trazar relaciones de parejas complementarias, en cruz: bandas-cultura, Estado-mercado. Cada lado requiere una investigación específica, para reconstruir una totalidad compleja, las múltiples determinaciones.
El carácter fractal de la geometría andina puede permitir analizar el problema a diversas escalas, local, provincial, nacional, regional, mundial, en modo de poder contemplar en una especie de GPS los puntos de agravamiento de la violencia y las actuaciones de los diversos componentes en el tiempo, para proponer remedios y estrategias adecuadas.
Una consideración-hipótesis de partida es reconocer que la violencia, el narcotráfico y el capital criminal son cuestiones estructurales, con dinámicas específicas de cada componente.
El capital criminal es la forma principal de reproducción ampliada del capital mundial en la fase actual de decadencia. Una fijación-estancamiento de la reproducción ampliada en los tiempos de la acumulación originaria y diversas formas de acumulación por expropiación violenta. El capital requiere una reserva inagotable para las transiciones de los momentos de crisis, la destrucción de capitales desechables, basura, que encuentran en las rutas del capital ilegal, los paraísos fiscales, las guerras de limpieza interna, la explotación de los cuerpos, la posibilidad de una fuga adelante, como sucedió en la crisis del 2008.
Aunque no se trata tampoco de una actuación libre, sino que en cada punto-espacio, podemos reconocer también las capacidades y experiencias de resistencia, contrapoder y construcción de alternativas. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Investigar implica conocer un objeto mediante teorías para relatar una historia fundamentada, construir un modelo explicativo. No hay conocimiento neutral, la relación entre saber y poder exige mostrar las rutas y los marcos teóricos desde los cuales se estudia el objeto.
Investigar el narcotráfico, la violencia y el capital criminal en el Ecuador implica un estudio de la Formación económico-social en este tiempo presente. Requerimos seguir dos líneas: ubicar al Ecuador en el mapa geoeconómico-político mundial, ver qué papel cumple en la reproducción ampliada del capital criminal y el tráfico de drogas; y estudiar el funcionamiento interno del Ecuador, cómo funciona la violencia, el narcotráfico dentro del país.
Dos líneas de reflexión-investigación-acción participativa: Una primera, un trabajo epistemológico de construcción de teorías, metodologías de conocimiento que aborden la complejidad del problema y puedan fundamentar estrategias alternativas, desde la vida y la comunidad.
Y una segunda, de comunicación-investigación con los sectores sociales afectados doblemente, especialmente los jóvenes, para averiguar, ¿cuáles son los factores, circuitos, estrategias de seducción, cooptación, incorporación de las mafias a las dinámicas de participación en la violencia del capital criminal? Y también, ¿cuáles son las formas, caminos, de resistencia-supervivencia ante esta situación?
Conocer un objeto empieza por colocarlo en el tiempo y en el espacio. Partir de la sistematización de la información disponible, para construir una línea de tiempo-lugar, que nos permita ubicar los puntos de ruptura, los quiebres, que marcarán el tiempo explicativo.
- Tiempo: Génesis
La primera pregunta es, ¿dónde ubicar el punto de partida, la ruptura de génesis del proceso? Un punto genesial, a partir del cual trazar las volutas de un tiempo en espiral.
El estallido es resultado de un proceso prolongado. La pregunta sería, ¿cuándo el Ecuador se convierte en un engranaje clave del funcionamiento del narcotráfico y del capital criminal mundial? Y, quizás una mirada más amplia, ¿cuáles son los factores que generan las condiciones para que el Ecuador pase de “isla de paz” a espacio privilegiado del lavado, almacenamiento, tráfico e incluso producción de la droga? ¿Cuál es la línea de tiempo en la conformación de un proceso que en el momento actual se muestra como estallido? La violencia del narcotráfico se presenta como indicador que hay que explicar, más que como causa explicativa
Y aún más, este no es un problema local, responde a una lógica del capital y del orden mundial. Por ello, la pregunta genesial sería, ¿cuándo el narcotráfico se convierte en un problema económico-político mundial?
¿Cuándo la hoja sagrada de coca, utilizada por los pueblos originarios para sus ritos sagrados y como potente energético en medio del trabajo, se convierte en la planta del mal? ¿Cuándo la coca se convierte en cocaína industrial y en mercancía de acumulación del capital criminal? ¿Cuándo el narcotráfico se convierte en el problema absoluto, en la amenaza principal a la seguridad del Estado?
La coca era consumida en nuestra América desde hace muchos siglos. Se penaliza el uso de la droga en una combinación de la prohibición religiosa y el poder político, hasta convertirlo en la amenaza principal a la seguridad nacional. Hay un momento decisivo: la respuesta a los acontecimientos del 11S, en que cristaliza la segurización de la política y del Estado, y la constitución del narcoterrorismo como el nuevo enemigo global, después de la caída de la URSS. Convergen los mundos: terrorismo, narcotráfico y migración post 11S. (Chávez, 2008)
El Acta Patriótica, Ley para la Unión y el Fortalecimiento de América por medio de la Provisión de Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstruir al Terrorismo, promulgada por el Gobierno de Bush, en julio 2001, cierra la tradición liberal de Estados Unidos, elimina las libertades individuales y da paso a una estrategia de vigilancia y control de toda la sociedad.
La Ley de Estrategia de Seguridad Nacional del Estados Unidos, emitida por George W Bush en septiembre de 2002, traza una nueva política de seguridad y una nueva división geopolítica entre el mundo de Occidente y el Eje del Mal. Bush calificó al terrorismo como un “acto de guerra” y no como un “acto criminal”, como lo habían hecho las anteriores administraciones demócratas (Barrientos Ramírez, 2008).
Esta cristalización es resultado de un largo proceso de definiciones. El ritmo es más acelerado, en referencia a América Latina, por su dependencia más directa. El rastro pasa sobre todo por las relaciones políticas de Estados Unidos con Colombia.
El problema de los estupefacientes para Estados Unidos empieza como un problema de consumo. La Comisión Shafer designada por Richard Nixon en 1972 para evaluar las políticas antidrogas, concluyó que el uso del alcohol era más peligroso que el del cannabis, y que era conveniente legalizarlo. Nixon, un ferviente cristiano, acusó que esa era una recomendación de los judíos para destruir a Estados Unidos, y más bien dispuso una estrategia de criminalización y persecución. Y acuñó la frase “guerra contra las drogas”. (Linton, 2015)
En los años 80 se señala los altos costos económicos y sociales del consumo de drogas para Estados Unidos, así como los efectos para la salud.[3] Como la mayoría de las drogas vienen de afuera se ha creado una doctrina del enfrentamiento al enemigo externo, mediante la intervención en el punto de origen, en la producción y procesamiento. (Chávez, 2008) En 1986, el Gobierno de Reagan define al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional. Este es el punto de quiebre en las estrategias de lucha contra las drogas.
“Cuando Bill Clinton y el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana negociaron el Plan Colombia en 1998, acordaron que la lucha contra las guerrillas y la lucha contra las drogas eran dos batallas completamente diferentes. (…) Pero poco después, durante una reunión en Washington, Pastrana cambió su postura y repentinamente se ubicó del lado de lo que más tarde se llamaría la «narcotización» del conflicto colombiano, es decir, la idea de que el tráfico de drogas es el único problema real que frena a Colombia.” (Linton, 2015)
Con el Plan Colombia y con la calificación delas FARC como terroristas a raíz de la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos, “la guerra contra las drogas se volvió sinónimo de guerra contra el narcoterrorismo. Se definió al nuevo enemigo global como narcoterrorismo. “El problema era que diez años después de que el Plan Colombia entrara en funcionamiento, la cocaína ya no era solo una droga. Lo era todo.” (Linton, 2015) Pero, si bien el Plan Colombia logró desarmar a las FARC y desmovilizar las Autodefensas, el negocio de las drogas más bien creció.[4]
En nuestro país, en términos de economía política el punto de quiebre está en el salto a la dolarización en 2000, a raíz de la crisis y el salvataje bancarios, lo que abre las puertas al interés de las mafias internacionales para utilizar las facilidades para el narcolavado ante un sistema monetario que no tiene que pasar por la moneda local, y que no cuenta con controles sólidos.
A partir de esa fecha se puede ubicar la entrada de los carteles mexicanos y de la mafia albanesa, y su progresiva expansión, la metamorfosis de las bandas delincuenciales locales en grupos de delincuencia organizada.
- Tiempo: Periodización
Podemos distinguir cinco períodos del narcotráfico y el capital criminal en nuestro país.
- La Isla de paz
Un primer período en torno a los 80-90 del siglo pasado, en que los carteles colombianos, de Cali y Medellín, utilizan al Ecuador como sitio de tránsito, por el puerto de Guayaquil a través de la exportación de productos primarios, sobre todo banano y camarón. Los vínculos se tejen entre el poder encabezado en Colombia por Uribe, y sectores del Partido Social Cristiano. Un período que se presenta al Ecuador como “isla de paz”, en medio de los dos grandes productores y exportadores de coca, Colombia y Perú.
La conclusión de este período coincide con la firma del Plan Colombia en 1999, que controla el poder monopólico de las mafias colombianas, y abre las condiciones para un desplazamiento al control de las mafias mexicanas.
La figura emblemática de este período es el patriarca mafioso Jorge Reyes que creó una red mafiosa con clientelismo social, con un modelo similar al de Pablo Escobar, como benefactor de una base social. Los bienes de Reyes fueron decomisados en el operativo Ciclón en junio de 1992, en que se intervinieron 34 propiedades, 90 carros, un número indeterminado de bienes muebles e inmuebles, que pasaron a administración del CONCEP.
- Período 2000-2016: la latencia
El paso a la dolarización el 2000 marca un salto cualitativo, el país se convierte en plataforma de narcolavado utilizada por los carteles transnacionales. La entrada de los carteles mexicanos, ante todo el Cartel de Sinaloa y luego el Cartel Jalisco Nueva Generación, transforma los grupos locales, organizados en torno a los Choneros, en grupos de delincuencia organizada.
La reforma carcelaria, con una red de mega prisiones, y la estrategia de negociación con las bandas, sobre todo con los Lating King y los Ñetas, tuvieron resultados contraproducentes. Por debajo las bandas locales tejieron relaciones con las mafias internacionales, sobre todo mexicanas, se operó la metamorfosis a grupos de delincuencia organizada, y establecieron el control de las cárceles como centros operativos.
Lo que se ganó en el control de la violencia externa y la reducción de las muertes violentas, se tradujo en la gestación de redes extorsivas con conexiones políticas y económicas: “cuando se configuran redes de protección extorsiva patrocinadas por el Estado, los niveles de violencia letal en los mercados ilícitos son bajos. En cambio, cuando estas redes se rompen, la violencia letal se dispara.” (Snyder & Durán, 2009) (Córdova, 2024)
En el contexto internacional hay tres procesos claves. La securitización de la guerra contra el narcoterrorismo a raíz de los acontecimientos del 11S. La entrada de capitales ilegales para compensar la crisis hipotecaria-financiera del 2008. La sobreproducción de cocaína en torno a 2014-2015, que lleva a las mafias mexicanas a modificar el pago monetario de los servicios a las bandas locales a pago en especie, lo que abre las condiciones para la ampliación del microconsumo interno, base de la disputa de territorios entre las bandas.
- Período 2016-2020: Hacia el narco-Estado
El debilitamiento y crisis de los Estados nacionales en el nuevo orden mundial, abre paso a la transnacionalización del crimen organizado.
La Paz del Estado Colombiano con las FARC modifica el mapa de la producción y tráfico de la droga colombiana. El retiro de las FARC que actuaban como para-Estado en la zona limítrofe con Ecuador, permite la expansión de la producción de coca y el desplazamiento de las rutas de tráfico a nuestro país.
Al mismo tiempo, la crisis migratoria desde Venezuela, abre condiciones para la expansión de la mafia venezolana, tanto el Clan del Sol, que opera través de estructuras estatales, como del Tren de Aragua, que actúa desde bandas criminales en Venezuela, y que se expande a nivel internacional, sobre todo en Perú y luego entra en nuestro país.
Dos figuras emblemáticas: Édison Washington Prado Álava, alias Gerald, conocido como el Pablo Escobar de Ecuador. Se inició como lanchero y se convirtió en jefe de una banda de tráfico, vinculado a altos cargos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Según la justicia norteamericana habría transportado 250 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 2016 y 2017. Apresado en Ipiales el 12 de abril de 2017, fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece recluido en prisión con una condena de 19 años.
Y el ex-Prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, vinculado al socialcristianismo y luego al correismo, denunciado por el Consejo de Participación Ciudadana en 2018 por presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, perjurio, testaferrismo y lavado de activos. La Fiscalía archivó el caso después de cuatro años y cuatro meses, bajo el argumento de que no se habían encontrado pruebas.
Se abren las condiciones para el paso hacia un narcoestado, como señaló en su momento Francisco Huerta Montalvo. “Para que sea aplicado el calificativo «narcoestado» a un determinado país, este debe cumplir con algunas prerrogativas esenciales: permitir que carteles del narcotráfico operen con libertad en el territorio (tanto en la producción como en la distribución de drogas), que el sistema financiero (los bancos) esté involucrado en dichas actividades y que el Estado, sobre todo, sea cómplice y parte activa del negocio.” (Serafino, 2022) Hay que añadir un factor decisivo: la articulación orgánica del Estado y la economía del país a la reproducción ampliada del capital criminal.
- El estallido de la violencia criminal: 2020-2024.
Se crean las condiciones para la tormenta perfecta. La crisis política se presenta como un empate catastrófico en la oposición binaria correismo-anticorreismo que maniata el funcionamiento del aparato del Estado, en un doble proceso: de un lado, el intento trunco de reforma y de desmonte de las estructuras heredadas del período de la Revolución Ciudadana, y de otro, la vinculación de las instituciones del Estado con estructuras mafiosas y políticas, lo que desemboca en una descomposición creciente de la justicia, las cárceles y los aparatos de seguridad.
Esta violencia está ligada al cambio del papel del Ecuador en la reproducción ampliada del capital, pasa a ser espacio de narcolavado, zona principal de almacenamiento y tránsito, e incluso zona de producción y procesamiento. El Ecuador “se ha convertido en un país que ocupa un puesto privilegiado en la cadena de valor del narcotráfico, al incrementar exponencialmente su participación en la producción, el refinamiento, el almacenamiento y el transporte de drogas ilícitas.” (Rivera-Rhon & Bravo-Grijalva, 2020, pág. 10)
Plan V recoge los datos de la Evaluación situacional del entorno estratégico del narcotráfico en Ecuador, 2019 – 2022 realizada por la Dirección Nacional Antinarcóticos. Señala que el 80% de la cocaína del sur colombiano pasa por Ecuador. “Los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, alcanzaron el 43% del total del cultivo de hoja de coca en el país vecino, en 2021. Esto representa en promedio 574 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.” Entre el 70 y el 80% de esta cocaína ingresa a Ecuador, “es decir, en 2021, entre 400 y 460 toneladas.” La Policía ecuatoriana incautó 176 toneladas, es decir entre el 38 y 44% de esta droga. (Plan V, 2023)
Un hecho clave es el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, el líder de los Choneros, el 28 de diciembre de 2020. Los Choneros, bajo el mando de Rasquiña, habían logrado mantener el control de las cárceles y también el control de los diferentes grupos. A raíz de este asesinato se desata una disputa sangrienta entre las bandas por el control de las cárceles, convertidas en centros de coordinación de la delincuencia, y por el control de territorios. Incide también la disputa por los vínculos con las mafias mexicanas, mientras Los Choneros mantienen la alianza con Sinaloa, los grupos disidentes se vinculan a Jalisco Nueva Generación.
El caso Metástasis muestra los vínculos orgánicos de los GDO encabezados por Leandro Antonio Norero Tigua, con el Director General del Sistema de Prisiones (SNAI), con el Presidente de la Judicatura, con altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, con jueces, fiscales y abogados. Formó parte de los Ñetas y participó con los Lating King en el proceso de pacificación impulsado por el gobierno de Rafael Correa. Conformó una amplia red de narcolavado que penetra diferentes sectores de la economía, minería, bienes raíces, equipos de fútbol, centros de apuestas, etc. Aparece vinculado al exVicepresidente Jorge Glas. Se consolidó en el período de la crisis del Covid19, convirtiéndose en el principal proveedor de los Choneros, los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers, estos últimos fueron fundados por él.
El caso Purga, una ampliación del caso Metástasis, muestra los vínculos con una red coordinada por Pablo Muentes, exAsambleísta del Partido Social Cristiano, y la participación de siete jueces de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
A la presencia de los carteles mexicanos se suma la actuación de la mafia albanesa, atrás de la cual operan diversas mafias europeas. A diferencia de las estrategias del capital criminal mexicano que opera en alianza con los grupos de delincuencia locales, la mafia europea actúa en relación directa con los grupos económicos y de poder locales.
El caso Gran Padrino muestra la relación orgánica de la mafia albanesa, representada por Dritan Gjika, con el Grupo Financiero del Banco de Guayaquil, encabezado por el Gran Cuñado, Danilo Carrera, y con las estructuras del Estado, mediante la conformación, dispuesta por el Presidente Guillermo Lasso, de una red estatal, estructurada en torno a EMCO, Empresa de coordinación del manejo de las Empresas Públicas, presidida por Hernán Luque Lecaro, y con la mediación de Rubén Cherres. El asesinato de Cherres ha silenciado este proceso. Hay denuncias de vínculos de la Comandante General de la Policía, Tannya Varela, en este caso. Sin embargo, la investigación no ha sido impulsada con decisión por la Fiscalía General del Estado.
- Las drogas sintéticas
La entrada y expansión de las drogas sintéticas, en especial el fentanilo, en el mercado norteamericano, va a modificar el papel de las drogas de origen agrícola, como la cocaína. Implica el paso desde la renta tradicional a la renta tecnológica en la producción, circulación y consumo de las drogas.
En cada período hay que reconstruir las zonas grises de las cruces cuadradas que operan, las variaciones de las bandas locales y de sus articulaciones con las mafias transnacionales, las modificaciones del funcionamiento del capital criminal, los vínculos y transformaciones de las institucionalidad del Estado, y los cambios en la cultura y la sociedad.
- Ubicación y número
Actualmente, los datos policiales son descripciones de la localización de los 15 distritos con mayor número y frecuencia de hechos violentos: Prosperina, Sur de Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo, Machala, Pascuales, Manta, Portete, Esteros, Florida, Portoviejo, Milagro, Salinas, Durán y Balzar. En estos 15 distritos se genera el gran porcentaje de las muertes violentas. A veces, varía entre el 80% y el 87% de las muertes.[5]
La ubicación tiene que ser abordada en el cruce de varios niveles territoriales: los nodos internacionales del narcotráfico y del capital criminal, las provincias y los poderes locales, los espacios barriales y los tejidos sociales.
La primera guía está en los flujos y circuitos del capital criminal, bajo sus diferentes variantes, el tráfico de drogas, de armas, de personas, el lavado, los negocios ilegales, los negocios de azar, las inversiones en bienes raíces y minería. Las fronteras, los puertos contaminados y controlados, las caletas, las vías de tráfico, los flujos financieros encausados. Los paraísos fiscales son nodos claves en la circulación del capital criminal mundial.
Entre el 70 y el 75% del tráfico internacional de la droga se realiza por vía marítima. En nuestro país, el 40% de la incautación de droga se realiza en los conteiners de exportación de banano y de productos perecibles. Por ello los puertos, en especial el de Guayaquil, con conexión a la Cuenca del Pacífico, se han convertido en zonas de alto interés de las mafias.
La segunda guía es la transformación de la propiedad territorial, en particular, la expropiación violenta de tierras comunales tanto por grupos económicos de bienes raíces y agroexportadores, como por las bandas de traficantes de tierras y de grupos delincuenciales localizados. Procesos de acumulación originaria, con vaciamiento de territorios, y de acumulación por desposesión, con mecanismos violentos de legalización, en los que opera nuevamente la zona gris de una cruz cuadrada de relaciones entre las bandas-mafias, los grupos económicos nacionales y transnacionales, las autoridades estatales locales y nacionales, y el padecimiento de la sociedad, como víctimas del despojo o cohabitantes del nuevo orden violento.
Una tercera guía es el mapeo del control territorial de los grupos de delincuencia organizada, las bandas locales y los enlaces con las mafias internacionales. Las cárceles juegan un papel central, como nodos de información, organización y mando. Puede presentarse un mapeo de la presencia de las bandas en las Provincias.[7]
Pero también se requiere trazar los mapas de resistencia de los pueblos y los sectores sociales, las formas de supervivencia y de vida para enfrentar la estrategia de muerte.
En el Decreto 111, el Gobierno enumera 22 organizaciones declaradas terroristas: Águilas, Águilas Killer, AK47, Caballeros Obscuros, Chone Killers, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Ganster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los P. 27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7; Tiguerones. Y en varios discursos, el Presidente ha señalado que habría 30 mil integrantes.
Fernando Carrión estima que son 25 GDOs, con 40 o 50 mil integrantes. Quizás el número puede ser más alto, en torno a los 70, pues si bien se menciona además de los vínculos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, le presencia de la mafia albanesa, no se ubica los grupos correspondientes. Tampoco se particulariza la presencia de grupos con vínculos con los remanentes de las FARC, como en el caso del Frente Oliver Sinisterra. No se menciona la presencia de la Mafia del Tren de Aragua, de origen venezolano, que se ha expandido desde el sur y se ha especializado en extorsión, vacunas, secuestros express contra pequeños y medianos negocios. Y hay también un silencio sobre la presencia de las mafias brasileñas, que pueden irse principalizando conforme se fortalezca la ruta amazónica del tráfico de drogas hacia el Puerto de Manaos.
El problema no se reduce al número de los integrantes directos de las bandas, sino que se expande a la irradiación e incorporación de las familias, ya que la oferta es una perspectiva de vida no sólo económica, sino de pertenencia y seguridad.
En la contabilidad estadística hay que tomar en cuenta la presencia de carteles internacionales de “segundo piso”, como la Mafia Albanesa, que no actúan a través de las bandas de calle, sino que operan a través de empresas legales y de fachada, para el almacenamiento y tráfico de la droga, armas u otras mercancías ilegales.
- Economía política del narcotráfico
La raíz principal del narcotráfico y del capital criminal está en la economía, es un negocio altamente rentable, precisamente porque es ilegal. Los carteles operan como empresas transnacionales en condiciones de libre mercado perfecto, sin controles y con alta incidencia del control del poder.
El proceso económico pasa por dos fases: D-M y M-D, la fase de producción de la mercancía y de tránsito hasta el mercado, y la fase de valorización o financiera, a partir de la distribución y el consumo y la transformación de la mercancía en dinero. (Arrighi, 1999)
“A pesar de las similitudes con la estructura de algunas cadenas de producción agrícolas, varias características de este tipo de industrias se dan por su ilegalidad: a) la violencia se utiliza en la resolución de los conflictos ante la imposibilidad de hacerlo por vías legales; b) produce formas de competencia que normalmente no se encuentran en los mercados legales, debido a la combinación de recursos económicos, políticos y militares; c) los mercados en las diversas fases y entre los distintos agentes son altamente segmentados; d) los costos de transacción son bastante altos debido a que las reglas del juego, aunque pueden ser explícitas, no se traducen en contratos escritos o formales; e) la respuesta de la oferta ante las variaciones de la demanda puede demorarse bastante debido a la lentitud con la cual los agentes se enteran de los cambios en los diferentes eslabones de la cadena. La consecuencia de una estructura como la descrita, es que los precios al consumidor final reflejan, en mayor medida, los riegos percibidos en la producción y en la distribución, más que una proporción de los costos de los factores.” La ilegalidad es el principal factor de valorización del capital criminal: “los riesgos percibidos (debido a los éxitos y fracasos en la detección de cargamentos y en la persecución de las redes de distribución) fueran, probablemente, el factor más importante en la determinación de los precios.” (Rubio Pardo, 2000)
En el caso de la producción y valorización de la cocaína, el proceso parte de la producción de la hoja de coca por el campesinado en zonas agrícolas, pasa a los intermediarios que entregan la mercancía a un primer procesamiento de la pasta, que es transportada hasta los puertos y los mercados de consumo en los países centrales. “La producción de hoja de coca, de la cual se sintetiza la cocaína, se encuentra concentrada en tres países suramericanos: Bolivia, Perú y Colombia. Según UNDCP, cerca del 98% de la oferta de cocaína en el mundo proviene de estos países.” (Rubio Pardo, 2000)
En el tráfico de armas, la dirección es la inversa: los países centrales, en particular los Estados Unidos, son los proveedores principales de armas que circulan en manos de las mafias y los carteles; a pesar de lo cual no hay una responsabilidad al menos de control.
La economía capitalista funciona en tres esferas superpuestas: la economía popular, en donde hunde sus raíces el proceso productivo; la esfera del mercado capitalista regido por la ley de la oferta y la demanda; y la esfera opaca de la economía política, regida por el poder político y el poder de los monopolios, el terreno de los grandes capitales. (Arrighi, 1999)
La paradoja perversa es que el ciclo D-M, en la división internacional del trabajo de la droga, corresponde a los países periféricos, entre los cuales están Colombia, Perú o Ecuador; y esta fase está ilegalizada, criminalizada. Mientras tanto la fase de valorización M-D corresponde a los países centrales, y esta fase encuentra diversos dispositivos de legalización, empezando por los paraísos fiscales, para entrar en el flujo de la reproducción ampliada del capital.
Se reproduce, por tanto, un sistema de dependencia, en donde los países periféricos aportan la materia prima, y los mercados centrales procesan y distribuyen la droga elaborada en los mercados de consumo. América Latina pasa a jugar, también en este proceso, el papel una acumulación originaria y por desposesión, con dispositivos violentos e ilegales, para garantizar la producción de plusvalía extraordinaria y la realización de ganancias extraordinarias que son acumuladas por el capital transnacional. (Marini, 1981)
“El crimen organizado es parte consustancial de los procesos de acumulación de capital, y –a su vez– se engarza con mecanismos de desposesión y despojo, así como con la triple explotación – la que recae sobre la naturaleza, la clase trabajadora y sobre la mujer. Y ello se eslabona y, paralelamente, reproduce una descomposición del tejido social que incrementa exponencialmente la vulnerabilidad de las sociedades e individuos. (…) El poder del crimen organizado se fundamenta, en principio, en el control del territorio y desde allí escala al control y despojo de los recursos naturales y a la cruenta disputa en torno a bosques, aserraderos, agua, tierras fértiles, rutas y mercados para el tráfico de estupefacientes y armas. Redondea su poder con la incursión de los recursos de procedencia ilícita en los mercados financieros y en el sistema bancario internacional.” (Enríquez, 2022)
Los cálculos del negocio global estiman “entre US$ 100 billones a más de US$ 1.000 billones al año. Las cifras más frecuentes encontradas en la literatura fluctúan entre US$ 300 billones y US$ 500 billones al año. El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, UNDCP, estimaba para 1995 un dato cercano a los US$ 400 billones, cifra similar a la calculada por la Policía Internacional, Interpol, hacia 1994. Sin embargo, la cifra no parece ser producto de ningún estudio riguroso.” En todo caso, se estima que representa el 8% del comercio mundial. (Rubio Pardo, 2000)
Según el Informe del Foro Económico Mundial de 2015, las principales actividades ilícitas representaban entre el 8 y el 15% del PIB mundial, entre las que está el tráfico de drogas con 750 mil millones de dólares anuales. (Tornafoch, 2021)
No hay estudios en el caso del Ecuador. CELAG señala que el lavado en Ecuador está entre el 2 al 5% del PIB, que entran a circular por los canales financieros: pasa de 1.208 millones en 2016-17, a 2.632 en el período 2017-2020; y a 3.517 millones de dólares en 2021. El método se basa en ubicar “el crecimiento que año a año tuvo el dinero que tienen los bancos en el Ecuador y que no presenta ninguna justificación: ni por crecimiento nominal de la economía, ni por inflación, ni por efectos de los flujos externos, ni por expansión monetaria desde el banco central.” (CELAG, 2023)
Plan V señala una cifra similar, 3.458 millones de dólares anuales, tomando en cuenta la cifra referencial del 2 al 5% del PIB que maneja la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su reporte Estimación de los flujos financieros ilícitos derivados del narcotráfico, de 2011. (Plan V, 2022)
Podemos tomar como referencia algunos datos sobre el negocio en Colombia. Según Sergio Uribe, los precios del kg de pasta de cocaína en el Guaviare entre 1979 y 10995, han variado hacia la baja. Se trata de un precio político[8], donde la oferta depende del contexto del poder.
Valor del Kg de base de coca en $, Departamento del Guaviare 1979-1995
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| 12.500 | 19.300 | 11.840 | 8.621 | 1.320 | 5.140 | 2.440 | 1.900 | 1.210 | 800 |
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| 650 | 510 | 570 | 588 | 860 | 1.331 | 601 |
Fuente: (Uribe Ramírez, 1997)
“La caída de 1983 refleja las condiciones que se presentaron con la devaluación del peso en más del 50%, la sobreproducción, los problemas de delincuencia originados en el movimiento de altas sumas de dinero; el fenómeno 1984-1985 pone de manifiesto la represión que se desató como reacción del Gobierno al asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla; y finalmente, la situación de los precios entre 1990-1993 reflejó la condición creada por el asesinato de Luis Carlos Galán, y la expansión nacional y mundial de las áreas cultivadas. (Uribe Ramírez, 1997, págs. 62-63)
Este precio se distribuye a nivel local entre el campesino productor de coca, el intermediario, el químico. “Los costos de producción se distribuyen entre mano de obra y los elementos necesarios para el proceso, así: • 22.81 % Mano de Obra • 19.36 % Otros Costos • 57.82 % Utilidades. El costo de transporte es de US$ 3.000 por tonelada y el que se asume de lavado de dinero es del 10% hasta 1989 luego se incrementa al 20%.” (Quinto & Arcila, 2004)
Se calcula que actualmente el kg de base de cocaína estaría en 2.000 dólares en territorio. A partir de allí se inicia una cadena de costos, hasta llegar al puerto de tráfico, y luego al puerto de destino y al mercado de consumo. En el eslabón final, el costo del kg de coca refinada puede llegar a 150 mil dólares, con precios al consumidor que van desde 24 mil dólares el kg de cocaína en España, hasta 286 mil dólares en Emiratos Árabes Unidos. [9]
Según el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, UNDCP, “más del 90% del valor agregado de la cocaína y de la heroína se genera en la fase de distribución de la industria ilegal. Si se incluyen las utilidades debido a la dilución, un promedio de tres cuartos del valor agregado total se genera en el país de destino y se reinvierte ahí mismo.” Es decir en el país de origen quedaría el 10%. (Rubio Pardo, 2000)
A partir de la comprensión del funcionamiento del negocio del narcotráfico y de los flujos del capital criminal, es posible fundamentar la propuesta de la legalización del proceso integral de producción y consumo de las drogas, para romper el círculo de la muerte y el control de la valorización del capital criminal. Esta política implica un viraje profundo sobre el modo de reproducción del capital mundial; quizás poder soñar todavía con el sentido sagrado de la hoja de coca.
- Narcoestado y necroliberalismo
Reconocer que el país ha entrado en el funcionamiento como narcoestado implica ver que hay una transformación profunda del ordenamiento de la economía y de poder, y de la articulación al sistema capitalista-colonial. No se trata de una modificación que afecta lateralmente a las redes de bandas, se da un reordenamiento del conjunto de la formación económico-social.
El agotamiento de la década de abundancia 2003-2014, basada en el incremento del precio internacional del petróleo y las commodities, bloquea el funcionamiento bonapartista del “Estado mágico” que llegó a controlar en 2014 el 42% del PIB, lo que debilita la hegemonía de la Revolución Ciudadana y el intento de una modernización desde el control disciplinario del Estado. Al perder progresivamente el control del aparato del Estado, la Revolución Ciudadana actúa como una fracción del capital que no logró legalizar a tiempo sus procesos de acumulación apoyados en el control del Estado; se mueve en una paradoja, cuenta con un respaldo electoral que ronda el 30% de las votaciones, lo que le constituye como la primera fuerza electoral, pero no cuenta con la fortaleza económica para sostener la hegemonía. Entramos en un período de empate político catastrófico.
Este vacío trata de ser resuelto a través de una especie de cogobierno tripartito inestable y conflictivo RC-PSC-Gobierno, con momentos de acuerdos y momentos de disputa. El nuevo “pacto burgués-oligárquico”, en término de Agustín Cueva, se realiza en medio de un reordenamiento geoeconómico y geopolítico mundial, a partir de la crisis de la hegemonía unilateral norteamericana; y en medio del paso a la articulación del capital financiero-rentista-criminal, como la forma de reproducción del capital mundial.
Una condición básica para el paso hacia el narcoEstado es la vinculación orgánica de la economía y las decisiones políticas con los circuitos del capital criminal mundial. Esta dinámica es favorecida por la instrumentalización de la revolución informática por parte del crimen organizado, para el establecimiento de comunicaciones transnacionales, la ejecución de nuevas formas de delincuencia vinculada a los cyberdelitos, la propaganda de la cultura narco y la seducción de las generaciones jóvenes. El acceso a armamentos sofisticados y a recursos y medios tecnológicos avanzados, refuerza el poder de los carteles transnacionales.
En primer lugar, hay una reubicación del país en el circuito y reproducción del capital mundial, el Ecuador pasa a ser un eslabón clave no sólo en los procesos de almacenamiento y tráfico de drogas, y del narcolavado, sino que el conjunto de la economía está marcado por la lógica de la reproducción y acumulación especulativa y lumpen del capital. Es decir, el problema micro de las vacunas y los flujos del narcolavado están ligados al funcionamiento del sistema financiero, al control del capital rentista (extractivismo, bienes raíces, agroexportación, peaje), a la propiedad de la tierra, al control del capital y los flujos financieros (bancos y sobre todo cooperativas de crédito).
El resultado es un creciente proceso de reprimarización y un cerco a los procesos de producción de valor agregado, ya sea en la industria o en el campo de los servicios, incluidos los procesos basados en la renta tecnológica y de conocimiento; mientras se refuerza la fuga de capitales, sobre todo a través de los dispositivos de los paraísos fiscales, y los mecanismos de dependencia. La base de esta acumulación está en la desposesión de tierras comunales, bienes públicos y bienes comunes.
El Ecuador es un terreno de disputa geopolítica. En el período de la RC se produjo un distanciamiento temporal del polo anglo-sajón, encabezado por USA-UE-Japón, y acercamiento al eje Este-Oeste, encabezado por los BRICS y la alianza China-Rusia-Irán. A partir de 2014 hay un retorno a la ligazón con Estados Unidos y a los organismos multilaterales. Una cadena de acuerdos establecidos por el Gobierno de Lasso y refrendados por el Gobierno de Noboa, abre el riesgo de que “los compromisos político-militares alcanzados con Estados Unidos representan un tutelaje estratégico del Comando Sur sobre las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En el mediano plazo, esto también puede acarrear una dependencia operacional. Con ello se restringe la capacidad del país para diseñar una política de defensa propia, restringiendo aún más el margen de maniobra política del Estado ecuatoriano.” (Córdova, 2024)
Estas modificaciones en la infraestructura económica impulsan modificaciones en la política. El reordenamiento del bloque en el poder esta cruzado por la articulación de los grupos económicos y de los polos políticos con diversas estructuras de las bandas locales y de los carteles transnacionales.
La presencia del capital criminal en los procesos electorales modifica el carácter de la democracia. Si bien no hay estudios en el país, se puede tomar como referencia los señalamientos en otros países, como México, en donde “se han detectado por los menos tres mecanismos ilegales para financiar campañas: el desvío de recursos públicos, las contribuciones ilegales de particulares y el financiamiento del crimen organizado,” cada uno con su lógica e intereses particulares. El estudio establece “el exceso de dinero ilegal, tanto público como privado, que fluye a las campañas para ganar elecciones y comprar beneficios futuros, como acceso a contratos de obra pública, permisos especiales, compra de impunidad y acceso a regulación favorable para hacer negocios.” (Casar & Ugalde, 2018)
En el caso del Ecuador, Luis Verdesoto señaló que en las elecciones seccionales del 2020, si bien no se puede ubicar narco-partidos, habría indicios de al menos 2 mil candidatos con vínculos con el narcotráfico; pero no se ha realizado un estudio del tema. (Plan V, 2019)
La modificación principal es el paso a una nueva gubernamentalidad que garantice la reproducción del capital criminal. “Una forma de gobierno que administre la violencia y la muerte que conlleva este tipo de economía.” La ejecución de una gubernamentalidad “necroliberal. El neoliberalismo se convierte en necroliberalismo cuando su política de libertad económica y libre mercado está dirigida a garantizar los negocios del capital criminal y cuando el Estado mínimo en política social y máximo en política represiva, está para administrar la muerte, decidir quién debe morir para asegurar los negocios.” (Sierra, 2024) El objetivo principal es la contención de la capacidad de respuestas autónomas de los movimientos sociales y de los pueblos, un nueva forma de Estado se seguridad policial, un Estado de excepción permanente que puede ser refrendado en la Consulta Popular.
La estrategia de guerra interna, con la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate a la bandas locales, puede tener un resultado inmediato de reducción de la violencia abierta y organizar la nueva gubernamentalidad necroliberal, obligando también a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDOs) a reconstruir la disputas y los dominios de territorios a partir de los acuerdos en las cúpulas del poder del capital criminal transnacional.
- Sociedad y cultura del narcotráfico
El cuarto cuadrado de la chakana de la violencia del narcotráfico se refiere a la raíz estructural que proviene desde la sociedad imbuida de la cultura y el sentido de vida secretados por el sistema de reproducción ampliada del capital criminal.
“La complejidad del problema del narcotráfico en Ecuador se evidencia no sólo en los juegos arriba, los procesos de dominación, las disputas entre mafias transnacionales, grupos financieros, fracciones de capital, sino también en la invasión abajo, la seducción y cooptación de la mente y el corazón de la gente hasta convertir a las ofertas del narcotráfico en un modo de vida, en una forma de subsistir ante la ausencia de oportunidades desde la sociedad y el Estado. El paso hacia el carácter estructural de la violencia se expresa en el implante de la narcocultura en el sentido común de la masa.” (Saltos, 2023)
La geografía de las bandas se ubica en zonas asoladas por la pobreza, la marginalidad y la ausencia de horizontes de vida, sobre todo para los jóvenes, que sufren un doble asedio: son captados como mano de obra de las bandas y como mercado del microconsumo. La pertenencia a las bandas implica no sólo la oferta del acceso a ingresos económicos fáciles, sino sobre todo un sentido de pertenencia-subsistencia ante los vacíos y abandonos de la sociedad y el Estado. No se trata de una ausencia del Estado, sino de una forma de su funcionamiento, ligado al capital lumpenizado. La violencia y las bandas operan como un dispositivo para la dominación de las poblaciones, la destrucción del tejido, la organización social y las redes comunitarias.[10]
Los costos, no sólo económicos, sino sobre todo de vidas, recaen sobre los sectores marginados-empobrecidos, barrios, comunidades, parroquias. Y los más vulnerables, tanto para la seducción y cooptación de las mafias y el capital criminal como micro-consumidores y como operadores del tráfico y de la violencia, son los jóvenes y adolescentes. A la vez víctimas y victimarios, se encuentran atrapados en caminos sin salida.
Hay una línea de continuidad y expansión entre la cultura hedonista del dinero fácil, el éxito individualista y el placer inmediato, difundida por el capitalismo en su fase neoliberal, a partir de una fractura entre las prácticas y las normas, entre las relaciones económicas y políticas, y los referentes de la ética iluminista, libertad-igualdad-fraternidad, y de la ética protestante del trabajo y el ahorro, y la forma extrema desarrollada por el capital en su fase de capital criminal. No se trata sólo de un problema cultural local, sino de una cuestión civilizatoria, la articulación modernidad-ilustración que guio el ascenso del capitalismo se ha agotado, y el sistema entra en una fase de decadencia, que produce una representación del mundo movida por las pulsiones de muerte y por la necropolítica en contra de sectores desechables y en contra de la naturaleza.
Uno de los eslabones es la difusión de una cultura de espectáculo que ensalza la vida de los narcotraficantes, convertidos en figuras emblemáticas del placer inmediato y la opulencia. “Nuestra aprehensión del narco la proyectan artefactos culturales como novelas, películas, series de televisión y música, que se basan en el periodismo narrativo que, a su vez, se nutre del discurso securitario. Este último hace lo propio alimentándose de los diferentes medios culturales. Un círculo vicioso que pone al descubierto la falta de “materialidad histórica debajo de la representación textual que supone mostrar lo real del narco” (Zavala, 2018, pág. 87)
- Estrategias
Uno de los temas menos analizados es el estudio de las estrategias aplicadas ante el problema. En este período se han impulsado diferentes estrategias.
En la primera fase, la estrategia de la “Isla de paz” permitió una convivencia con los negocios ilegales y el narcotráfico sobre todo por los puertos. Tuvo la secuela de no ver los cambios y prepararnos a las respuestas que se requerían. “Las políticas públicas de seguridad ciudadana fueron muy débiles, tanto que no se diseñaron desde una visión estratégica, dado que se consideraba un problema poco relevante para el país. Su enfoque se inscribió en la inercia, porque se creía que la violencia le era ajena al país. Pesó más el imaginario de la Isla de Paz, creyendo que en el Ecuador no había violencia, mientras que en los otros países sí. Esto es, un sustento falaz.” (Carrión, 2022)
En el período de la Revolución Ciudadana (2007-2017) se impulsa una estrategia de pacificación con las bandas y de reformas de leyes, sistema de inteligencia, sistema carcelario. La negociación con los Ñetas y los Latin King intentan una salida política. La incorporación de algunos miembros de las antiguas bandas a las filas de la RC abre riesgos de contagio que se profundizan progresivamente.
Un tema difícil que enfrentó fue la relación con las FARC, para evitar la alinearse con la estrategia del Plan Colombia, pero que dejó también brechas a la presencia de grupos de narcoguerrilla. Sin embargo el problema principal está en el silencio y la falta de una política suficiente ante la presencia y el crecimiento del vínculo con las bandas internacionales y el capital criminal mundial.
A raíz de los acontecimientos de Angostura y del 30S, el régimen impulsa varias reformas. El control de la justicia debilita la autonomía del poder judicial y no logra superar el inveterado ejercicio de invasión desde los otros poderes del Estado, desde intereses políticos y económicos. El control de la inteligencia desde el Ejecutivo y la orientación sobre todo al control de las disidencias sociales y políticas, debilitan la institucionalidad de seguridad y las instituciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía. Las reformas a las leyes, en particular, del COIP, borran las fronteras entre la persecución al crimen organizado y la criminalización de la lucha social, afectando al tejido social. La reforma al sistema carcelario introduce el modelo de megacárceles, siguiendo las experiencias sobre todo de Francia y Estados Unidos. Allí empieza un problema que no ha sido resuelto, pues las bandas, con el aprendizaje de bandas internacionales, como los Zetas en México y la mafia Distrito Capital de Brasil, han convertido progresivamente el control de las cárceles en una base para la coordinación y dirección del control y la violencia en los territorios.
Uno de los elementos más importantes en este período es la institución y fortalecimiento del control con apoyo tecnológico; en particular, el sistema 911 permite una vigilancia a nivel nacional. En los gobiernos siguientes disminuyó la atención al sistema.
Durante los gobiernos de Lenin Moreno y, sobre todo de Guillermo Lasso, se debilita la estrategia estatal ante el narcotráfico y el capital criminal. Los intentos de reformas de la justicia se truncan y quedan atrapados en nuevos controles y vínculos, utilizados por las redes delictivas. El fracaso de la reforma de la justicia, el empate político catastrófico entre el Ejecutivo y el Legislativo, controlado por la RC ye PSC, la ausencia de control de las cárceles, el silenciamiento de la Fiscalía ante diversos casos denunciados, como en el caso Gran Padrino, terminan por abrir paso a la agudización de la crisis y el estallido de la violencia. Se suceden las declaratorias de Estados de excepción ante la violencia y las masacres en las cárceles, pero no tienen ningún resultado.
Con la llegada de Noboa se instaura una estrategia del shock blando, que impulsa un estado de guerra interna con una acción directa contra las bandas locales, lo que ha obtenido el respaldo tanto de la sociedad como del Parlamento; y la utilización del atemorizamiento en la población para impulsar un paquete de medidas económicas que afectan a la economía de los sectores populares. “… el autoritarismo significa una predisposición defensiva a conformarse acríticamente a las normas y mandatos del poder investido por el sujeto de autoridad. Desde el punto de vista individual, los autoritarios son personas que invariablemente se hallan dispuestas a coincidir con las autoridades porque necesitan la aprobación o la supuesta aprobación de éstas como un alivio de su ansiedad personal.” (Adorno & otros, 1965, pág. 5. Prólogo)
La estrategia de guerra interna, instituida en el Decreto 111, se fundamenta en una definición amplia del conflicto armado, según definición de la ACNUR: “Todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: (…) b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a demandas de autodeterminación o autogobierno, o aspiraciones identitarias; la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna e internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva apara acceder o erosionar al poder; o al control de los recursos o el territorio.” El Artículo 3 dispone la lucha “contra el crimen organizado internacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”. Se deja una frontera indefinida y porosa entre las actuaciones del crimen organizado y las luchas de movilizaciones sociales, lo que corre el riesgo de abrir espacio a la persecución y criminalización de las organizaciones y movimientos sociales.
Esta estrategia cuenta con el asesoramiento y presencia de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Estados Unidos ha estado presente no sólo en la génesis de la “guerra contra el narcotráfico” y posteriormente la “guerra contra el narcoterrorismo”, sino que ha pincelado cada etapa en la relación con América Latina. En el caso del Ecuador, “el estallido de la violencia criminal en enero del 2018 abrió una ventana de oportunidad para que el gobierno de los Estados Unidos intervenga, al percibir que ciertos intereses estratégicos limitados estaban siendo amenazados. Al cabo de seis años de este proceso Ecuador se ha convertido en un «estado cliente» de Washington, pero no está claro si la estrategia militar será suficiente para desarticular las redes de crimen organizado en el país.” (Córdova, 2024)
Las dudas empiezan por la sostenibilidad de esta estrategia: ¿hasta cuándo pueden operar las Fuerzas Armadas bajo el Estado de excepción y el estado de guerra interna? Las preguntas de la Consulta apuntan a institucionalizar el Estado de excepción permanente, para que las Fuerzas Armadas puedan prolongar su intervención.
¿Cuáles son las políticas para enfrentar las raíces del problema, las articulaciones con el poder político y el poder económico, las condiciones sociales que permiten que jóvenes sin horizonte de vida encuentren en la seducción del narcotráfico y el crimen organizado una alternativa de vida?
La guerra es no sólo la continuación de la política por otros medios, sino también la construcción de una cultura de violencia, de destrucción del otro, convertido en el enemigo absoluto, la destrucción del sentido de humanidad. La estrategia de guerra contra el narcotráfico ha fracasado en Colombia y México.
Actualmente se presenta la estrategia Bukele en El Salvador, como exitosa para el control de las bandas y la violencia, pero falta un estudio objetivo de los resultados, pues todavía estamos en la fase de la propaganda bajo el relato de un canje de seguridad y control de la bandas por libertad y democracia.
- Experiencias alternativas
¿Cómo logra sobrevivir la población afectada en medio de un funcionamiento sistémico de la violencia?
La imagen que se presenta desde el poder es de violencia permanente, sobre todo en las provincias afectadas por el narcotráfico y la violencia, Esmeraldas, Manabí y Guayas, silenciando las estrategias de resistencia de la población.
La pregunta a nivel social es no sólo, ¿por qué hay un porcentaje de jóvenes que son cooptados por el narcotráfico?, sino también, ¿por qué hay un porcentaje, quizás mayor, que no entran en estas propensiones? Se trata de investigar las dinámicas socio-económicas, la cultura, la psicología, de los sectores populares, sobre todo juveniles, incorporados a la violencia y a la reproducción del capital; y también sistematizar las experiencias de resistencias-supervivencia, caminos de vida, espiritualidad y comunidad. Y, a partir de ello, proponer planes de vida y estrategias alternativas para reconstituir el tejido social y la solidaridad.
Quizás las respuestas van sobre todo por la presencia y fortaleza del tejido social, la construcción de formas de poder y economías autónomas, la presencia de la comunidad y de la solidaridad social. El punto de partida es creer que hay soluciones alternativas.
Es importante sistematizar estas experiencias, para poder trazar una estrategia de liberación. Podemos recoger experiencias a nivel internacional, como la propuesta del “vivir bonito” de las poblaciones afro en Colombia. O la educación interpares que ha dado resultados eficaces para enfrentar las violencias de género en diversos países de África. O la experiencia de incentivos para los jóvenes en Islandia, que permitió bajar el alcoholismo del 48 al 4%, con resultados avanzados en deportes, artes, tecnologías.
Una propuesta
La propuesta es sencilla y puede parecer utópica: mirar más allá de la estrategia unilateral de guerra interna contra el narco-terrorismo; y trazar una estrategia a mediano y largo plazo para desmontar las raíces estructurales, impulsar un Acuerdo Nacional y un Plan que fortalezca las políticas de prevención e inclusión, las visiones y prácticas de paz y fraternidad y de reconstitución del tejido social, asentado en el poder autónomo de las comunidades y los pueblos, con apoyo del Estado.
La conclusión principal es que la violencia del narcotráfico y del capital criminal es un problema estructural, con dos raíces principales: desde arriba, los vínculos con el poder y el Estado, y con el mercado y los grupos monopólicos, nacionales y transnacionales; desde abajo, las condiciones socio-culturales que propician la cooptación de las poblaciones, con dinámicas diferenciadas para las familias, las mujeres y los jóvenes de los territorios en disputa.
Este problema es un signo del tiempo de decadencia de la modernidad capitalista que retorna a ciclos de acumulación originaria y de acumulación por desposesión en torno al capital financiero-rentista-criminal mundial, y se articula a un tiempo caótico previo al proceso de transición civilizatoria.
Por tanto, se requiere una estrategia integral, que atienda a los cuatro cuadrados de la chakana de la violencia, el narcotráfico y el capital criminal: superar la seguritización de las estrategias de seguridad, que se basan en concepciones de guerra y la institucionalización del Estado de excepción permanente, del Estado policíaco de seguridad, para orientarlas a una propuesta democrática y de paz.
Esta perspectiva exige un viraje no sólo en el campo epistemológico, para el conocimiento holístico del problema, sino también para las respuestas, estrategias y planes. La epistemología de la chakana para el conocimiento, se vincula a una perspectiva integral de las respuestas, a una chakana del equilibrio y la paz.
El objetivo de las estrategias y los planes desde el poder se centra en el control, represión, criminalización y ejercicio de la fuerza contra los operadores, contra la fase D-M, la producción y tráfico desde los países periféricos; se reduce a un tema de seguridad policial y militar, mientras queda un espacio ambiguo en las respuestas ante las raíces económicas, políticas y culturas. Desde la visión de los pueblos originarios el objetivo es restablecer el equilibrio alterado por el narcotráfico y el capital criminal dentro de la comunidad, la sociedad y la humanidad. Se requiere reconstituir una chakana del equilibrio de la sociedad, lo que implica colocar como actor principal a las comunidades y los actores sociales, con apoyo del Estado, y privilegiar las políticas preventivas y de inclusión. Dentro de esta perspectiva se reubica la visión y respuesta de la seguridad y el papel del aparato represivo y jurídico del Estado.
Las respuestas alternativas parten de la investigación interdisciplinaria para una comprensión del problema integral, que abra las puertas a respuestas que superen estrategias que han fracasado y aborden temas que se han tornado en tabú. El camino es un diálogo de saberes entre los conocimientos que vienen desde las propuestas estatales y de las diversas ciencias sociales, y los aportes de los conocimientos y visiones desde las epistemologías y prácticas de los pueblos originarios y las comunidades.
La comprensión de la violencia del narcotráfico como un proceso de la reproducción ampliada del capital criminal, del paso hacia el narcoEstado y el necroliberalismo, de la difusión de la cultura del narcotráfico y de la pertenencia a las redes del crimen organizado como una forma de vida, debe llevarnos a un acuerdo de corresponsabilidad entre los actores estatales y los actores sociales, nacionales y transnacionales, a buscar respuestas integrales.
Es un problema transnacional, lo que demanda una estrategia de colaboración internacional de corresponsabilidades, a partir de la soberanía de los Estados y autonomía de los pueblos, superando acuerdos de asistencia con relaciones asimétricas de inmunidad, que parten de una visión de subordinación y dependencia. Tratar el problema integral implica no trasladar unilateralmente el peso y la criminalización a los países de producción y tráfico, sino desmontar los flujos de financierización legalizada de los capitales criminales, como en el caso de los paraísos fiscales, y los problemas de consumo, la demanda, en los países centrales.
En cada uno de los lados de la chakana del equilibrio es posible iniciar perspectivas de cambio estructural y de respuesta ante las raíces sistémicas.
La base está en desmontar la raíz de la ganancia y la plusvalía extraordinaria del narcotráfico y el capital criminal. Un paso es un acuerdo, al menos regional, para iniciar un proceso de legalización de la producción, distribución y consumo de las drogas, en forma planificada y gradual, bajo control del Estado y del poder autónomo de las comunidades y la sociedad.
Es un proceso complejo que abarca la devolución de las tierras invadidas a las familias y comunidades campesinas e indígenas, como fundamento de un proceso de reforma y reactivación del agro; cualquier política de sustitución de cultivos será viable sólo si hay una reforma agraria profunda, bajo las nuevas condiciones tecnológicas y el cuidado de la naturaleza. Abarca también la orientación de los capitales ilegales a procesos de industrialización y de nuevas formas de economía ligadas a la cuarta revolución científico-técnica; el desmonte de los vínculos con el capital financiero y comercial, para romper la unidad banca-Estado que bloquea el desarrollo productivo. En nuestro país, se requiere abordar el tema de la dolarización, al menos para un control estatal de los flujos financieros y monetarios que tengan el riesgo de vincularse con el lavado de los fondos criminales.
Una clave está en el debate y disputa sobre las concepciones y formas de vida, la cultura del narcotráfico y del capital criminal; la educación y reeducación a una visión de paz y fraternidad, y a una ética del bien común. Se requiere una estrategia de sanidad para los consumidores, sobre todo jóvenes, campañas para el no-consumo de estupefacientes y el impulso de programas de incentivos en los planes de vida personal y social.
La iniciativa principal está en reconocer y fortalecer las experiencias-semillas alternativas de las comunidades y los pueblos para impulsar proyectos de vida en medio de la violencia y el miedo. Crear condiciones para un viraje a estrategias de prevención y reinserción de la población en riesgo, basadas en la reconstitución del tejido social y la construcción de diversas formas de poder autónomo, bajo control de las comunidades, barrios y pueblos, con el apoyo del Estado.
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