Un operativo de gran escala ejecutado por la Policía Nacional puso al descubierto una estructura de lavado de activos vinculada al grupo criminal Los Choneros, que habría movilizado alrededor de USD 1.700 millones en el sistema financiero ecuatoriano durante los últimos ocho años.
La intervención, denominada “Emporio Presidiario”, es resultado de cerca de un año de investigaciones especializadas que permitieron identificar una red con presencia en varias provincias del país. Según las autoridades, la organización utilizaba empresas de fachada en sectores como transporte, alimentación, producción y seguridad privada para dar apariencia legal a recursos de origen ilícito.
De acuerdo con el informe oficial, la estructura estaba liderada por Richard Villagrán Freire, ciudadano estadounidense y representante del holding empresarial RIASEM, quien junto a su entorno familiar habría articulado el esquema para blanquear dinero.
Dentro de este entramado, se identificó que compañías como PROVISALI S.A. y LAFATTORIA S.A. recibían depósitos en efectivo en sus cuentas y en las de sus empleados, provenientes de personas sin vínculo comercial o societario. Muchas de estas transacciones, según las investigaciones, estarían relacionadas con individuos que registran antecedentes por delitos como asesinato o ingreso de artículos prohibidos.
Las autoridades también detectaron transferencias vinculadas a Corganpecsa, empresa relacionada con el entorno de Adolfo Macías, alias “Fito”, uno de los principales cabecillas de Los Choneros. Estas operaciones habrían sido parte de un esquema para legitimar activos ilícitos entre 2017 y 2025.
El operativo incluyó 13 allanamientos en las provincias de Guayas, Los Ríos y Pichincha, en ciudades como Guayaquil, Samborondón, Daule, Yaguachi, Quevedo y Quito. Como resultado, se reportaron 11 personas detenidas, entre ellas un miembro de la Policía, además de tres ciudadanos retenidos para investigaciones.
Durante las intervenciones, las autoridades incautaron teléfonos celulares, equipos informáticos, vehículos y tarjetas bancarias, que servirán como evidencia para profundizar el caso.
El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el operativo como uno de los golpes más significativos contra la economía criminal de Los Choneros. Según señaló, este tipo de acciones busca debilitar no solo las estructuras operativas de las organizaciones delictivas, sino también sus fuentes de financiamiento.
El caso vuelve a poner en evidencia cómo el crimen organizado ha diversificado sus estrategias, infiltrándose en sectores legales para mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas. Para las autoridades, el desafío ahora es seguir rastreando estos flujos financieros y evitar que estructuras similares continúen operando en el país.
