Unas 18 órdenes de arresto fueron diligenciadas dentro y fuera de la Isla, como parte del operativo La Fundación que llevó a cabo el Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) junto con otras agencias federales y estatales para desarticular una peligrosa organización criminal dedicada al trasiego de drogas y lavado de dinero, que estaba siendo liderada, desde la cárcel, por José Julio Rodríguez Cumba.
Según el fiscal federal Stephen Muldrow, este fue el resultado de una extensa investigación relacionada a la importación y distribución de cocaína y marihuana. Esta pesquisa comenzó en el 2019 y fue en 2021 que se ejecutaron los primeros arrestos.
Entre las personas arrestadas se encuentran dos hermanas del alegado líder de la ganga criminal: Niurka A. Rodríguez Cumba, alias “Adela”, y Marta D. Cardona Cumba. El que continúa prófugo de la justicia también es hermano del jefe y responde al nombre de Luis Crespo Cumba alias “La L”. Las autoridades no descartan que esté fuera de la Isla.
“El líder de la organización, José Julio Rodríguez Cumba, conocido como Chambi, fue arrestado y procesado a nivel federal en el año 2021. Junto a su hermano Luis Enrique Crespo Cumba, que hasta el día de hoy permanece fugitivo, ambos han continuado dirigiendo la organización uno desde la cárcel federal y el otro como fugitivo de la justicia. Sus hermanas Niurka Rodríguez y Marta Cardona Comba son parte de la acusación del día de hoy (ayer). Se trata de una familia dedicada al narcotráfico y al lavado de activos”, manifestó Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de HSI en San Juan y en las Islas Vírgenes.
“Esta organización criminal de familia tenía un control absoluto de la importación, distribución y transportación de narcóticos en la costa noroeste de nuestra isla. El capital incautado es el resultado directo de la cantidad de narcóticos que esta organización distribuía”, agregó González Ramos.
En el grupo de arrestados también se encuentra un contratista del gobierno, Emiliano Feliciano Hernández, quien tenía un contrato activo con el municipio de Camuy y le fue cancelado tras la acusación federal. En el estado de la Florida, arrestaron a tres personas y en Massachusetts estaban en conversaciones para arrestar a un individuo.
Si Rodríguez Cumba es hallado culpable, enfrentaría una pena obligatoria de cadena perpetua. Los acusados de tráfico de drogas se exponen a una pena mínima de diez años de prisión hasta una máxima de cadena perpetua; y los que enfrentan cargos de lavado de dinero tienen una pena máxima de 20 años.
La acusación presentada dicta que un gran jurado federal emitió una acusación formal enmendada de 60 cargos contra 18 personas por los delitos de posesión de armas de fuego durante la comisión de un delito, narcotráfico y lavado de dinero. Es una acusación enmendada porque, de las personas arrestadas, había varias que habían sido acusadas a nivel federal por otros casos.
Al momento las autoridades federales han incautado más de $6 millones en efectivo y activos, diez armas de fuego y más de 2,000 kilogramos de narcóticos.
La investigación revela que esta organización delictiva utilizaba transportación terrestre, aérea y marítima para importar y distribuir cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia Puerto Rico y los Estados Unidos. Según dicta la acusación, también recibieron cargamentos de marihuana desde los Estados Unidos para distribuirlos en la Isla. Presuntamente en la ganga criminal existían los roles de transportistas, gatilleros y sicarios.
Premios falsos de Lotería
Según la acusación federal, José Julio Rodríguez Cumba intentó ocultar las ganancias de la organización criminal bajo varias entidades comerciales, depósitos y hasta premios de la Lotería de Puerto Rico.
“En total en ocho meses José Julio Rodríguez Cumba supuestamente ganó la lotería siete veces para un total de más de $375,000 para lavar el dinero”, indicó Muldrow, quien desglosó que los depósitos de los supuestos premios de Lotería iniciaron en septiembre del 2020 y culminaron en mayo del 2021.
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La investigación federal indica que los acusados abrieron cuentas bancarias personales para administrar las finanzas tanto de sus negocios como del narcotráfico, en las que hicieron depósitos y retiros en efectivo y así evadieron los requisitos de presentación de informes sobre transacciones financieras.
“Realizaron transferencias de cuentas bancarias personales a cuentas bancarias cooperativas y viceversa, para disfrazar la fuente y la naturaleza de los fondos y utilizaron sistemas de pago móvil para transferir ingresos de persona a persona y evitar la detección de las autoridades”, abundó Muldrow.
