El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron la madrugada de este martes al excandidato presidencial panameño, David Ochy, como sospechoso de lavado de dinero en Costa Rica.
Contra el también empresario pesaba además una orden de captura internacional por un caso de presunta corrupción ocurrido en la nación vecina del sur.
La detención del cuestionado político tuvo lugar en su casa de habitación, en Guápiles de Pococí. Simultáneamente, la Policía Judicial ejecuta otros dos allanamientos en La Selva de Guácimo y en Batán de Matina. En ese último punto se intervino una finca en la que operaba una empacadora recientemente comprada por Ochy.
Como parte del operativo está prevista la aprehensión de dos mujeres.
Según el canal TVN Panamá, el exaspirante es investigado por supuesto blanqueo de capitales (el equivalente a la legitimación de capitales) en un caso que policialmente se conoció como “New Business”, que tiene que ver con la compra del Grupo Editorial Epasa con dinero que aparentemente proveniente de fondos públicos, durante la administración de Ricardo Martinelli. De hecho, el exmandatario -condenado a 10 años de prisión- también figuró en esa pesquisa.
En su oportunidad, Ochy se libró de comparecer en juicio porque tenía un fuero penal electoral, que obtuvo mientras era candidato a la Presidencia en las elecciones internas del Partido Realizando Metas. Dicha inmunidad fue levantada cuatro meses atrás por el Tribunal Electoral de Panamá; situación que dio pie a que una jueza ordenara celebrar la audiencia del empresario.
Actualmente, el exaspirante tiene la condición de prófugo en su país. Sobre él pesaba un impedimento de salida del territorio canalero, por lo que de ser extraditado, podría ser enviado a prisión por violar tal disposición.
Ochy figura en un segundo expediente, relacionado con presuntas anomalías en la ampliación de la autopista Arraiján La Chorrera, de acuerdo con el medio local. Dicho caso se tramita en el Juzgado Primero Liquidador, en el que enfrenta cargos por delitos contra la administración pública.
