El gobierno de Ecuador se comprometió el miércoles 10 de noviembre a revisar una propuesta del poderoso movimiento indígena para desactivar la crisis social desatada por el alza de precios de combustibles de hasta 90% desde 2020, y que derivó en recientes protestas.
Antilavado de Dinero / DW.
El Ejecutivo «va a analizar y revisar las propuestas que han traído (…) sobre el tema de los combustibles», confirmó a la prensa la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, tras el segundo encuentro entre el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, y el jefe de la opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza.
Esa organización, que participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005, reclama una bajada del precio del galón (3,8 litros) de diésel a 1,50 dólares y de gasolina corriente a 2,10 dólares. Hace casi tres semanas, Lasso decretó un aumento de los combustibles de hasta un 12%, llevando el diésel de 1,69 a 1,90 dólares y la gasolina de 2,50 a 2,55 dólares.
El gobierno «va a determinar lo que tenga que determinar en función del interés del pueblo», indicó Vela.
«No hay un acuerdo mientras no se resuelva el problema de los combustibles», manifestó Iza, quien mantiene movilizados a sus partidarios en las comunidades y había anunciado nuevas protestas.
Quito aplicó en mayo de 2020 ajustes mensuales para eliminar millonarios subsidios ante una crisis económica agravada por la pandemia, política mantenida por Lasso que asumió hace casi seis meses.
El gobierno «revisará» el planteamiento de los indígenas, apuntó Iza en declaraciones por separado a la prensa después de que en octubre liderara dos días consecutivos de protestas con el bloqueo de carreteras.
«Aspiramos» a que en unos 15 días «podamos tener la respuesta» sobre el tema combustibles, agregó el presidente de la Conaie tras seis horas de reunión. Los indígenas también piden evitar la explotación de recursos naturales en zonas hídricas y territorios donde habitan pueblos originarios, un asunto sobre el que tampoco hay acuerdo.
Gobierno e indígenas tienen previsto establecer un nuevo mecanismo de diálogo para «llegar a una definición», según Vela, quien estimó que hubo «avances» hacia el arreglo de la crisis social.
