El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, entregó este martes al Parlamento el plan de combate al crimen y la corrupción elaborado por el Gobierno de Jair Bolsonaro, que propone establecer penas más duras para todo tipo de delito.
«En el país hay un serio problema de seguridad», declaró Moro a periodistas, y apuntó que uno de los agravantes es la conexión que existe entre la corrupción, el crimen organizado y la violencia.
«Son cosas que están relacionadas y no sirve enfrentarlas por separado», indicó el ministro, quien hasta fines del año pasado ejercía como juez responsable de la operación Lava Jato, que llevó a a la cárcel por corrupción a decenas de políticos y empresarios, entre los que figura el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Una de las propuestas es tipificar como delito penal la llamada «Caja B», mediante la cual los partidos políticos evitan declarar todo el dinero utilizado en una campaña, que hasta ahora en Brasil se trata como delito electoral, castigado con sanciones pecuniarias.
Moro admitió que, en ese punto, existe cierto recelo en sectores de la Cámara de Diputados y del Senado y dijo que el Gobierno está «dispuesto» a debatir el asunto, pero insistió en que la «Caja B es un crimen, tal vez no tanto como la corrupción o la violencia, pero aún así es grave».
Aún así, explicó que la propuesta en relación a la «Caja B» ha sido separada del proyecto y presentada por separado, de forma de favorecer el debate sobre ese punto específico.
También subrayó que «hay otro problema del pasado (reciente), con la conducta de algunos gobernantes», que fue destapado en especial por la Lava Jato, que investigó la vasta trama de corrupción que nació en la estatal Petrobras y se extendió por la administración pública en los niveles federal, regional y municipal.
En ese sentido, una de las principales propuestas es darle forma de ley a una jurisprudencia aprobada en 2016 por la Corte Suprema, que permite encarcelar a un reo condenado en segunda instancia, pese a que la Constitución dice que eso sólo puede ser cuando se agoten todas las apelaciones.
Esa jurisprudencia ha permitido el encarcelamiento de Lula y de decenas de políticos, que hasta ahora se valían de la lentitud de la justicia y de las numerosas posibilidades del proceso de apelación, que en muchas ocasiones llevaba los casos a la prescripción.
Según Moro, así como el Gobierno es «sensible» y está «abierto al debate», también está decidido a adoptar una «estrategia diferente y firme contra el crimen», que a diario «viola los derechos de todos los brasileños».
El proyecto también plantea nuevos «métodos de investigación» y propone el establecimiento de bancos de datos nacionales sobre la delincuencia, a fin de que cada uno de los 27 estados del país pueda intercambiar información sobre las actividades ilegales.
Asimismo, refuerza el concepto de la «legítima defensa» para los casos en que agentes de los cuerpos de seguridad matan a sospechosos en situaciones de riesgo, endurece las penas para delitos violentos y plantea diversas acciones para perfeccionar y agilizar el trámite procesal.
ALD/EFE
