La diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT), propuso una proyecto de ley que despenaliza el consumo de todas las droga y el cultivo de opio, así como la despenalización algunos casos de narcotráfico.
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La legisladora se explayó sobre su propuesta en un lugar adecuado para tal fin: la Expo Cannabis, que se realizó en Buenos Aires la semana pasada con una gran cantidad de expositores -muchos de ellos estatales- y una considerable afluencia de público.
«Creemos que es urgente dar este debate en el Congreso, para pasar de un paradigma represivo y prohibicionista que ha fracasado en todo el mundo, a un paradigma de salud pública, con un Estado presente que acompañe y no criminalice el consumo de sustancias«, señaló Gaillard ante un auditorio numeroso y entusiasta.
No se castigará a los traficantes
El innovador proyecto de ley del oficialismo elimina las penas de prisión para las personas que participan en el tráfico de drogas, en caso de que padezcan una extrema vulnerabilidad o violencia de género, lo cual, según Gaillard, va acorde con las recomendaciones efectuadas por diversos órganos internacionales.
Según la diputada -que es abogada-, se deben despenalizar esos casos de narcotráfico «a la vista de una característica generalizada entre las llamadas ‘mulas’ o ‘camellos, que suelen ser personas –generalmente mujeres– que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad socio económica o también, en virtud de situaciones de violencia de género, quedando expuestas a la sanción punitiva por una actividad que les es impuesta por sus parejas afectivas en el marco de una relación violenta».
Los cambios propuestos
Con la firma de 10 diputadas del FdT, el proyecto de ley también propone la derogación de la Ley sobre prohibición de cultivo, tenencia y comercialización de opio, marihuana y cocaína en Argentina, «a fin de dar claridad, certeza, unidad y coherencia al ordenamiento jurídico vinculado a la política de persecución de la narcocriminalidad», con nuevos postulados.
«Esta Ley, resabio de la dictadura que imbricaba la política de drogas con la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, fue dictada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y prohíbe la siembra, plantación, cultivo y cosecha de adormidera, cáñamo y coca y de la tenencia y tráfico de cannabis, aceites, resinas y semillas, sin prever sanción alguna, lo cual de por sí solo genera incertidumbre sobre el alcance de esta prohibición», advierte.
🟢 Presentamos un proyecto de ley para despenalizar el consumo personal de todas las sustancias.
— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) November 10, 2022
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Otra de sus deficiencias técnicas, refiere el texto, es que no solo hace recaer una prohibición sobre plantas (como el cáñamo) –que no son objeto de fiscalización internacional–, sino que es inconsistente con la legislación vigente sobre cannabis medicinal y con una regulación reciente, de modo que su derogación brindará mayor certeza jurídica y coherencia a las políticas de drogas.
La iniciativa establece una pena de tres a 15 años de prisión a quien, sin autorización o con destino ilegítimo, siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes, con fines de comercialización ilegal.
Por el contrario, considera no punible la posesión de hasta 40 gramos de flores de marihuana y el cultivo de hasta nueve plantas de cannabis de efecto psicoactivo, así como la actuación de médicos o profesionales autorizados que receten cannabis con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo.
En el caso específico del cannabis, propone cumplir los principios de no criminalización y no discriminación de las personas usuarias.
