En una Audiencia en Madrid se juzgará este lunes a uno de los líderes colombianos del Clan de los Yiyos y a nueve personas más acusadas de integrar una banda de lavado de dinero procedente del narcotráfico y el sicariato.
antilavadodedinero / Infobae
La Fiscalía española pide entre cuatro y 17 años de cárcel para los procesados en el juicio que está previsto que empiece este lunes, según fuentes jurídicas. El fiscal pide 17 años de cárcel para el cabecilla más una multa de dos millones de euros e imputar los delitos de blanqueo, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
La Fiscalía explica que los hechos ocurrieron entre 2013 y 2020 y recalca que el cabecilla es un “destacado dirigente del Clan colombiano de los Yiyos, organización involucrada desde los años 90 en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y operaciones violentas”.
El cabecilla, quien habría cumplido penas de prisión en Estados Unidos por distintas causas, “encabezó desde España, aunque con ramificaciones y actividades en aquel país y en otros terceros, un entramado de medios y conjunto de personas dedicados a conseguir la opacidad y apariencia de regularidad y licitud” de numerosos ingresos obtenidos con el tráfico de drogas, la extorsión o el cobro violento de deudas, detalla la fiscalía.
Actividades ilícitas a las que se suma el “encargo de agresiones físicas y asesinatos, englobadas dentro de lo que se denomina en el argot como ‘sicariato”, subraya un escrito del Ministerio Público.
Para ello, añade, “se valió de un conjunto de personas subordinadas (los otros procesados)”, con el fin de “recibir el dinero, custodiarlo y realizar pagos y transferencias a terceros, así como para asumir la titularidad formal de ciertos bienes sufragados con dinero de procedencia delictiva”,
Actividades ilícitas a las que se suma el “encargo de agresiones físicas y asesinatos, englobadas dentro de lo que se denomina en el argot como ‘sicariato”, subraya un escrito del Ministerio Público.
Para ello, añade, “se valió de un conjunto de personas subordinadas (los otros procesados)”, con el fin de “recibir el dinero, custodiarlo y realizar pagos y transferencias a terceros, así como para asumir la titularidad formal de ciertos bienes sufragados con dinero de procedencia delictiva”,
