El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ratificó hoy su compromiso para que el país salga este año de las listas grises del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en las que permanece desde 2019.
En su mensaje a la nación desde el plenario de la Asamblea Nacional (Parlamento), que inició este sábado su quinto período de sesiones ordinarias, el mandatario destacó los esfuerzos por cumplir unas 15 medidas del plan de acción y lograr mayor transparencia, control de beneficiarios finales y sanciones a delitos financieros, entre otras.
En ese sentido, Cortizo adelantó que en septiembre próximo visitará el istmo una comisión de GAFI para evaluar cómo enfrenta el Gobierno este asunto, uno de los problemas heredados de la anterior administración, según expresó.
También confirmó que participaría activamente en el diálogo pospuesto en varias ocasiones sobre el futuro de la Caja de Seguro Social, cuya autoridad dijo respetar, pero inmersa hoy en una de las peores crisis financiera y carencia de medicinas.
Cortizo llamó a que desde la sociedad surjan las opciones viables que fortalezcan particularmente el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM) .
“Hago un llamado a todos los sectores de la sociedad para que tratemos estos temas con responsabilidad, despojados de intereses económicos, políticos o de cualquier otra índole que no sea el bienestar de las mayorías”, recalcó.
En su discurso, el jefe de Estado alabó el enfrentamiento a la Covid-19, el mayor desafío de su Gobierno, cuyo propósito dijo, con programas como el Plan Panamá Solidario, está asociado a sentar las bases para derribar la sexta frontera, la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza extrema en Panamá se redujo de 6.6 por ciento en 2019 a 5.7 por ciento en 2021, reveló.
También se refirió al contrato suscrito con Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, blanco de críticas de organizaciones sociales y ambientalistas que se congregaron a las puertas del Legislativo para demandar que los diputados no aprueben ese pacto, declarado institucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, el dignatario elogió los ingresos al Estado que permitiría el pacto, en el orden de los 375 millones de dólares anuales, de los cuales, ratificó, se destinarían altos porcentajes a comunidades, jubilados, instituciones docentes y el programa de IVM.
Entre otros aspectos de la comparecencia, Cortizo elogió estadísticas de la recuperación económica, con crecimiento de 15,8 por ciento en 2021 y de 10,8 por ciento el año pasado, resultados que no son palpables para las mayorías, según las denuncias de los manifestantes que permanecieron en las afueras del Parlamento reclamando justicia social.
En su primera sesión, el Legislativo eligió a Jaime Vargas como presidente de la Asamblea Nacional.