Las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori exigieron este domingo, una vez más, al juez que evalúa la denuncia fiscal que lleve a juicio al exmandatario y a sus exministros de Salud bajo la acusación de delitos de lesa humanidad.
Antilavado de Dinero / RPP.
Desde hace más de dos meses, las víctimas están a la espera de la decisión del magistrado Rafael Martínez, de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado, quien ha dilatado la lectura de su resolución en nueve sesiones semanales sin que hasta ahora se pronuncie sobre si el caso pasa a juicio o queda archivado.
«Yo quiero se haga Justicia, porque hasta ahora soy una mujer inservible», afirmó a Efe Dionisia Calderón, una de las denunciantes y presidenta de la Asociación de Afectados del Conflicto Armado Interno de Morochucos, municipio de la sureña región andina de Ayacucho.
«Cuando me esterilizaron, ni siquiera me dieron una pastilla. Nunca me han dado ni una pastilla en los centros de salud. Yo tenía que vender mi ganado para sobrevivir», sostuvo Calderón, que además se quedó sola tras ser abandonada por su marido.
La campesina aseguró que, pese a haber pasado ya más de 25 años desde los hechos, no cesará en su búsqueda de justicia e irá, si es necesario, hasta los tribunales internacionales.
«Muchas madres ya fallecieron, pero las que vivimos seguiremos luchando. Yo seguiré luchando. No voy a dejar de luchar. El día que muera, tengo mi descendencia que seguirá por mí», anticipó Calderón, durante un simbólico bordado artístico de una bandera de la memoria en el «Ojo que llora», monumento dedicado al conflicto armado.
LIBRO DE LA «BATALLA»
Durante el acto se presentó el libro «Perú: las esterilizaciones forzadas en la década del terror. Acompañando la batalla de las mujeres por la verdad, la justicia y las reparaciones», que repasa el largo y arduo camino legal para lograr justicia para las víctimas.
La publicación cuenta con artículos de mujeres que han seguido de cerca el caso, como la excongresista y exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, y la abogada Ana María Vidal, de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
Silva Santisteban explicó que en su artículo defiende que las esterilizaciones forzadas practicadas bajo el mandato de Fujimori fueron «un genocidio, porque implica controlar el crecimiento de una determinada población», en este caso mujeres pobres, indígenas, quechuahablantes y campesinas de los Andes peruanos.
«Tenemos la esperanza de que pase a un juicio oral y que todas las personas que estaban en la línea de mando de esta política pública de control de la población sean denunciados», añadió.
INDICIOS CONTRA FUJIMORI
Por su parte, la abogada Ana María Vidal, afirmó que las esterilizaciones forzadas no solo fueron «uno de los crímenes más crueles y perversos cometidos en la historia del Perú contra las mujeres, sino que ha sido uno de los más planificados».
Vidal destacó que el expediente fiscal del caso cuenta con pruebas de que las esterilizaciones fueron planificadas desde varios años antes y con documentos que apuntan a que Alberto Fujimori era plenamente consciente de su aplicación sistemática y de que incluso daba presuntamente recomendaciones para perfeccionar el programa.
La letrada recalcó que estas esterilizaciones «no se hicieron de manera libre e informada, sino de manera obligada y compulsiva, con las mujeres muchas veces llevadas a la fuerza, e incluso esterilizadas sin saberlo después de dar a luz».
Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, donde se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.
MILES DE CASOS
Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.
Por ahora, hay algo más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.
Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.
Fujimori, de 83 años, cumple actualmente una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
