Un exlegislador de Puerto Rico fue sentenciado hoy a 57 meses de prisión por participar en un esquema de soborno y cohecho. También se le ordenó pagar $ 190,000 en restitución.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Nelson Del Valle Colón, de 56 años, de Dorado, Puerto Rico, se declaró culpable en el Distrito de Puerto Rico de soborno en un programa federal en marzo. Según documentos judiciales, Del Valle Colón fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en 2016. Posteriormente contrató a Mildred Estrada-Rojas, de 55 años, y a su hija, Nickolle Santos-Estrada, de 33, ambas de Bayamón, Puerto Rico. Rico, para trabajar en su oficina legislativa.
Sin embargo, a cambio de su empleo y sus salarios, Estrada y Santos pagaron sobornos quincenales a Del Valle Colón de entre aproximadamente $500 y $1,300 desde principios de 2017 hasta aproximadamente julio de 2020.
Según declaraciones realizadas en relación con sus alegatos, Del Valle Colón, Estrada y Santos admitieron que los sobornos quincenales se pagaban de diversas maneras. Estrada y Santos generalmente pagaban sus sobornos quincenales en efectivo en sobres que entregaban a Del Valle Colón en las oficinas del edificio del Capitolio en el Viejo San Juan.
Estrada a veces pagó su soborno a Del Valle Colón a través de ATH Móvil, una aplicación de transferencia de efectivo para teléfonos móviles.
Estrada está programado para ser sentenciado el 28 de septiembre. Santos está programado para ser sentenciado el 16 de septiembre. Un juez de la corte federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico y el Agente Especial a Cargo Joseph González de la Oficina Local del FBI en San Juan hicieron el anuncio.
La Oficina de Campo de San Juan del FBI investigó el caso.
Están a cargo de la acusación en el caso el abogado litigante Jonathan E. Jacobson de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia y el fiscal federal adjunto Scott Anderson de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
