Nicolás Sarkozy será el primer expresidente francés juzgado por corrupción en 70 años. Tras el rechazo definitivo a los recursos presentados por el exmandatario, por su abogado Thierry Herzog y por el exmagistrado Gilbert Azibert, todos implicados, la Justicia Francesa determinó la reanudación del proceso.
Los tres están imputados por cargos de corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las ‘escuchas’, por el que la Justicia del país galo había solicitado que el teléfono de Sarkozy, fuera interceptado, ante sospechas de que el expresidente habría recibido financiación ilegal del fallecido presidente libio Muamar el Gadafi para su campaña electoral de 2007, que lo llevó a la Presidencia.
Durante las escuchas salieron a la luz conversaciones entre Sarkozy y Herzog, en las que se deducía que trataban de obtener, a través del exjuez Gilbert Azibert, información secreta de otro proceso judicial en el que se investigaba si Liliane Bettencourt, heredera de la marca de cosméticos L’Oréal, había financiado la campaña a la Presidencia del exmandatario en 2012.
Varias de las conversaciones, que llegaron a la prensa, revelaron que el expresidente francés habría estado dispuesto a ayudar al magistrado a conseguir un ascenso a cambio de que este influyera en la decisión del tribunal supremo sobre el caso Bettencourt, por el que finalmente Sarkozy fue absuelto.
Tras la validación como pruebas de prácticamente todas las llamadas, el 26 de marzo de 2018 los jueces ordenaron un juicio “por corrupción” y “tráfico de influencias” para los tres hombres, en un proceso que se prevé se reanude en los próximos meses. Thierry Herzog y Gilbert Azibert además serán juzgados por “violación del secreto profesional”.
Después de que se diera a conocer la decisión del tribunal, la defensa de Sarkozy alegó que la interceptación de conversaciones en una investigación sobre el financiamiento de una campaña ilícita para procesar cargos no relacionados de corrupción contradice una decisión ya tomada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
“Estos problemas legales siguen siendo relevantes”, dijo la abogada de Sarkozy, Jacqueline Laffont. “Corresponderá al Tribunal decidir si un tribunal francés puede anular una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Sarkozy tiene pendiente además otro proceso por la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales de 2012. Se trata del llamado “caso Bygmalion”, una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales, con la que, según la acusación, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados.
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