La Justicia argentina decidió unificar los juicios por las dos causas que afectan a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por los negocios que sus empresas Hotesur y Los Sauces hicieron con adjudicatarios de obras durante su Gobierno.
Según informaron fuentes jurídicas, la Cámara Federal de Casación Penal declaró la competencia del Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires en ambos casos, en el marco de un conflicto de competencia entre ese juzgado y el número 8 de la misma ciudad.
“La tramitación conjunta de ambas resulta ser la solución más conveniente a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia”, señala el dictamen.
“En tales condiciones y toda vez que en el caso que nos ocupa el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 fue sorteado en primer término para entender en las maniobras investigadas, corresponde declarar su competencia para entender en ambas causas”, añade.
Aunque la exmandataria y actual senadora está procesada en más de una decena de causas, la mayoría por presunta corrupción, es en estas dos en las que se investiga, de forma concreta, las supuestas maniobras de lavado de dinero realizadas a través de las dos empresas hoteleras familiares.
En las dos se acusa a Fernández y los hijos que tuvo junto al también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en el 2010, entre otros imputados, como el empresario Lázaro Báez -ya en prisión desde el 2016- de delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
En octubre del 2018, el juez Julián Ercolini elevó a juicio oral el caso “Los Sauces” y en febrero pasado el mismo magistrado hizo lo propio con el caso “Hotesur”. En ambos casos se investiga si la familia Kirchner cobró, a través del alquiler a empresarios como Báez de propiedades inmobiliarias y hoteleras, retornos económicos de los sobrecostes de las obras adjudicadas.
De las causas elevadas ya a juicio contra Fernández, será el 21 de mayo cuando comience el único que tiene fecha fijada, también por presuntas irregularidades durante su mandato en la concesión de obras a la constructora de Lázaro Báez.
Este proceso se produce en pleno año electoral y con la imagen de Fernández subiendo en las encuestas, a pesar de que todavía no ha confirmado si se presentará a las elecciones presidenciales de octubre.
La exmandataria niega todas las acusaciones que pesan sobre ella e insiste que es víctima de una persecución judicial impulsada por el actual presidente, Mauricio Macri.
ALD/Cronicaviva
