El dinero que entraba de forma irregular desde empresas como Odebrecht era «blanqueado» a través de eventos de recaudación de fondos para financiar sus campañas presidenciales.
El fiscal José Domingo Pérez demandó las mismas penas para más de 40 involucrados en la situación judicial que afecta a la hija del exmandatario de ese país, Alberto Fujimori, además de solicitar la disolución del partido Fuerza Popular que lidera la excandidata presidencial.
El fiscal José Domingo Pérez acusa a Keiko Fujimori del delito de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia al captar dinero de empresas, entre ellas de la brasileña Odebrecht, para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, y ocultarlos con falsos registros de aportes en cócteles, rifas y otras actividades. Fujimori perdió en ambas campañas, además de otra en 2021.
La Fiscalía considera que se lavaron unos 17,3 millones de dólares aproximadamente. Respecto de Odebrecht, alega que la trasnacional le dio 1,2 millones en 2011.
La trama es conocida como caso “Cócteles” que se usaron para ocultar grandes aportes en pequeños montos.
Además de Keiko Fujimori, hay más de 40 implicados que incluyen al partido Fuerza Popular y la inmobiliaria MVV Bienes Raíces, del exesposo de la líder política, el estadounidense Mark Vito Villanella, quien también es sindicado de cómplice en el caso. La Fiscalía solicita la disolución de la organización política y la empresa del excónyuge.
Los jueces deben verificar que los implicados tengan abogados defensores, que hayan sido notificados de las acusaciones y que conozcan cuáles son los hechos por los que serán juzgados.
Los especialistas estiman que la etapa de juicio puede demorar hasta dos años. De este modo, es posible que siga en 2026, para cuando están programadas las próximas elecciones presidenciales y en las cuales aún no se conoce si la política será nuevamente candidata.
La víspera Keiko Fujimori insistió en que el origen de los fondos de sus campañas era legal en una entrevista televisiva. “Los fondos eran de personas y empresarios de prestigio, han demostrado que estos aportes provienen de fondos lícitos, legales”, dijo en la televisora local N.
El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial para los casos de Lava Jato, ha dicho que espera que este año se den cinco sentencias judiciales emblemáticas en los procesos que afrontan Keiko Fujimori, los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006), la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014) y otra sobre la investigación del metro de la capital.
Fuerza Popular es la primera minoría en el Congreso unicameral: tiene 22 parlamentarios de un total de 130 integrantes. El partido fue fundado por Keiko Fujimori con simpatizantes de su padre, que gobernó entre 1990 y 2000 y cumplió una condena desde 2007 por corrupción y por su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión. En diciembre, fue liberado por un indulto, pese a advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la entrevista, la líder política adujo que le gustaría que su padre se postule a la presidencia pese a sus 85 años y a una prohibición legal de que se puedan presentar candidatos condenados por delitos dolosos. El exmandatario, en una carta al diario local El Comercio, dijo el domingo: “reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”.
“Espero que se le respete su derecho a elegir y a ser elegido. Mi padre está lúcido, además tiene una gran experiencia, sí me gustaría, pero esa es una opinión personal, creo que él tendrá que tomar esa decisión y más adelante se harán los anuncios”, dijo Keiko Fujimori.
