En cuatro meses el empresario y político Manuel Baldizón ha pasado de ser deportado a Guatemala e ingresar en prisión acusado de recibir sobornos de Odebrecht, a salir de la cárcel y presentar su candidatura como diputado al Congreso del país.
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La RR ha tenido acceso a un informe de la CICIG con información del FBI que muestra sus conexiones con empresas ‘offshore’ que recibieron US$1.36 millones de la constructora brasileña. Estas pruebas, que forman parte del expediente de la investigación, no han impedido el meteórico regreso del excandidato presidencial a la política.
Por el contrario, la fiscalía ha sacado del proceso el testimonio de un directivo de Odebrecht que señalaba a Baldizón y ha vuelto a acusar de obstrucción a la justicia a varios de los funcionarios que armaron el caso, entre ellos al excomisionado de la CICIG y actual ministro de Defensa de Colombia.
Una base de datos de la Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI por sus siglas en inglés), muestra pagos de la constructora Odebrecht por un total de US$1.36 millones a empresas offshore que, según las investigaciones, eran “controladas” por Manuel Baldizón, excandidato presidencial de Líder y aspirante a un cargo en el Congreso por el partido Cambio para las elecciones generales que se celebrarán el próximo junio.
Así consta en un documento de la clausurada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fechado el 11 de julio de 2018, al que ha tenido acceso la Redacción Regional.
La red de empresas y transferencias recogida en el informe del Departamento de Investigaciones y Litigio de CICIG, REF. INF EXT015-SIA-2018, forma parte de una base de datos de registros financieros entregada al FBI por el Meinl Bank, el banco de Antigua y Barbuda adquirido por Odebrecht para pagar sobornos a diferentes figuras políticas de al menos 12 países a cambio de obtener contratos públicos de construcción.
En la base de datos facilitada por Meinl Bank también se muestran operaciones reportadas a favor de offshore “controladas” por el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien continúa en prisión y ligado a proceso por el caso Odebrecht.
Según el documento de la CICIG, cuatro empresas fuera de plaza administradas por testaferros de Baldizón, y una persona particular ligada al político, recibieron cinco pagos de la constructora brasileña entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, año en el que fue candidato por segunda vez a la presidencia de Guatemala.
En ese periodo, siempre según el informe, se registraron transferencias de US$ 246 mil a American Legal Advisor Corporate desde la cuenta No. 8901215112 que la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht tenía en el Meinl Bank con sede en Viena, Austria; US$ 100 mil a la entidad Rentamos Ltd, registrada en Islas Vírgenes; y US$ 114 mil a Jiangsu Dengda Automobile Co LTD, una empresa de vehículos constituida en China.
El análisis financiero de la investigación de CICIG también registra que US$ 900 mil provenientes de cuentas del Bank of China fueron trasladados a la campaña política de Baldizón a través de Pablo Mauricio Yanes Guerra, hermano de un diputado del partido Líder. La fiscalía solicitó información a la República Popular de China en 2018 sobre estas entidades y cuentas sin obtener respuesta. Pero el propio Yanes, condenado por lavado de dinero en 2019, admitió haber recibido este dinero de Odebrecht.
El ex candidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática (Líder) llega a Guatemala el 5 de octubre de 2022, después de ser deportado desde Estados Unidos al cumplir una condena por lavado de dinero. Foto/Edwin Bercián
“En mayo o junio de 2015, no recuerdo la fecha, cuando por la mañana me llamó el doctor (Manuel) Baldizón y me citó a una reunión a su oficina privada a las cinco de la tarde. Llegué a las 5:30 horas ya estaba Carlos Machado (secretario privado de Baldizón en ese entonces) y el señor Marcos (de Cerqueira Lima) Machado (directivo de Odebrecht). Marcos me dijo que estaban en la disposición de apoyar en la campaña del partido Líder”, declaró ante el juzgado de Mayor Riesgo D, entonces dirigido por la jueza Ericka Aifán.
El esquema para hacer llegar estos fondos a Baldizón, según la investigación de la CICIG, era el siguiente: el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht autorizaba desembolsos a las entidades fuera de plaza “controladas” a través de testaferros por el político. El objetivo era pagar “comisiones ilícitas” que se habían pactado con anterioridad para garantizar el “avance de la obra vial CA-2 Occidente”. Las empresas fuera de plaza, algunas creadas en China o Islas Vírgenes Británicas, recibían las comisiones provenientes de las cuentas del Meinl Bank Antigua Ltd.
Las entidades fuera de plaza vinculadas a Baldizón eran a su vez accionistas de otras empresas. Por ejemplo, Rentamos Ltd registró una participación como accionista de otra entidad constituida en Guatemala vinculada al político y propietaria de bienes inmuebles: Constructoras en Consortium S.A., según registros mercantiles y notariales locales consultados por RR.
Uno de los principales nexos entre el político y estas entidades, según el informe, era el abogado Diego Chacón Yurrita, procesado por lavado de dinero en el caso Odebrecht. En el allanamiento a sus oficinas los fiscales encontraron en su computadora una carpeta rotulada “Dr. Baldizón”, en la que se encontraban con copia de las escrituras de propiedades y empresas vinculadas a este caso, así como poderes notariales para la representación en el extranjero de las “offshore” registrados a nombre de presuntos testaferros de Baldizón.
El abogado Diego Yurrita es trasladado a la cárcel Mariscal Zavala el 21 de enero de 2018, luego de ser detenido por sus nexos con el excandidato presidencial, Manuel Baldizón. Foto/Edwin Bercián
Esta información, que forma parte de la carpeta de investigación de la fiscalía sobre Odebrecht, sin embargo, no ha sido un obstáculo para que en los últimos cuatro meses Baldizón haya protagonizado un meteórico regreso a la política.
El 5 de octubre de 2022, después de cumplir una pena de 20 meses en Estados Unidos por lavar dinero proveniente del narcotráfico para su campaña presidencial de 2015, Baldizón fue deportado a Guatemala para ingresar en prisión y afrontar las acusaciones de recibir sobornos de Odebrecht. El 11 de enero de 2023 a las nueve de la noche salía del centro de detención en la Brigada Militar Mariscal Zavala después de pagar una fianza de 1,8 millones de quetzales (cerca de US $230,000). El pasado sábado, el partido Cambio anunciaba que Baldizón, en régimen de arresto domiciliario, ocuparía el primer lugar de su Lista Nacional de candidatos para diputados en el Congreso de cara a las próximas elecciones generales del 25 de junio.
Baldizón ha regresado a Guatemala en un contexto en el que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), encabezada por Rafael Curruchiche, ha anulado los acuerdos que esa misma institución, bajo el mando de Juan Francisco Sandoval, alcanzó en septiembre de 2017 con los entonces directivos de Odebrecht Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mameri y Eduardo Oliveira Gedeón para obtener su testimonio.
En su declaración jurada, que ya no se puede tener en cuenta en la causa, Lima Machado relató que el exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, actualmente en prisión acusado de recibir US$18.24 millones de la constructora brasileña, les presentó a Baldizón en 2013 y les pidió que le entregaran US $3 millones para garantizar la continuidad del proyecto para la ampliación de la carretera CA2-Occidente por $399.4 millones otorgado a Odebrecht en 2012 ya que, según sería “el próximo presidente del país”.
Manuel Baldizón es llevado a Torre de Tribunales entre decenas de periodistas y agentes de la Policía Nacional Civil el 5 de octubre de 2022, minutos antes había llegado al aeropuerto La Aurora al ser deportado desde Estados Unidos y cumplir una condena por lavado de dinero.Foto/Edwin Bercián
El partido de Baldizón, Líder, había votado en contra de los créditos en el Congreso adquiridos con el BCIE y BNDES, para el financiamiento de la obra. Y su jefe de bancada, el diputado Roberto Villate, denunció en el hemiciclo que se compraron votos de diputados a favor de los préstamos por Q250 mil (US$32 mil). Aún así, Baldizón recibió sobornos de Odebrecht desde 2014, según las pruebas recabadas por autoridades norteamericanas y guatemaltecas en la investigación.
El testimonio de Alejandro Sinibaldi ante la fiscalía, también analizado por RR, da cuenta que el compromiso con Odebrecht era recibir los sobornos conforme se dieran los desembolsos de los préstamos y se pagara a la empresa. La obra, sin embargo, iba a seguir en ejecución en el próximo gobierno (2016-2020) y Manuel Baldizón era el favorito para ganar esa elección, un mes antes de la primera vuelta de esos comicios aún lideraba la intención de voto, según la encuesta realizada por la firma ProDatos para el diario Prensa Libre.
En noviembre pasado este periodista acudió a la sede central del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala para entrevistar a Curruchiche sobre el caso Odebrecht. El funcionario indicó que el caso sigue bajo reserva judicial y que no podía realizar ninguna declaración, tampoco sobre el papel de Manuel Baldizón. Curuchiche se limitó a afirmar: “Vienen avances y sorpresas”.
Manuel Baldizón, ex candidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), acude a un mitin en la Plaza Central el 3 de mayo de 2015. Foto/Edwin Bercián
El 16 de enero, cinco días después de la salida de prisión de Baldizón, el jefe de la FECI anunció cuatro nuevas órdenes de captura por obstrucción de la justicia, conspiración y abuso de autoridad contra la exfiscal general del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana, la exsecretaria general del MP Mayra Véliz, y el exmandatario de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) David Gaitán; así como contra el abogado privado Juan Pablo Carrasco, que representó a los directivos brasileños que brindaron información sobre el caso.
A través de un comunicado oficial, Curruchiche también advirtió que iría tras el exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, el actual Ministro de Defensa de Colombia, “para que responda por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos”. El anuncio desató una crisis diplomática entre Guatemala y Colombia, que llamaron a filas a sus respectivos embajadores, y el pronunciamiento de Estados Unidos y las Naciones Unidas.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, respaldó al ministro Velásquez y se pronunció desde su cuenta de twitter: “Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”.
De igual forma se pronunció el portavoz del secretario general de la ONU, Farhan Daq: “El Secretario General expresa su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se ejerce la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”.
Fueron, precisamente, Velásquez y Aldana quienes el 23 de enero de 2018 anunciaron en una rueda de prensa sobre el caso Odebrecht, que según la investigación de CICIG y la fiscalía, Sinibaldi y Baldizón eran dos de los grandes protagonistas de la mayor trama de corrupción de la historia reciente del país.
El 24 de enero de 2018, la exfiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana brinda una conferencia de prensa junto a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), para dar a conocer los hallazgos en la investigación del caso Odebrecht en su primera fase. Foto/Edwin Bercián
Según el testimonio que el propio Sinibaldi dio a la fiscalía cuando se entregó después de cuatro años prófugo, existió una red de sobornos a funcionarios públicos que se repartieron un valor del 7.5 % de los cerca de 400 millones del contrato otorgado a Odebrecht. En el testimonio del exministro de Comunicaciones, cotejado por Redacción Regional, tres fuentes judiciales independientes, y que el propio fiscal Curruchiche confirmó que sigue siendo parte del expediente del caso, Sinibaldi indicó que 1% le correspondía al entonces presidente, Otto Pérez Molina, e igual monto a la vicepresidenta Roxana Baldetti; mientras que él negoció a espaldas del binomio recibir 1.5% de los sobornos. La declaración de Sinibaldi también incluye el detalle de los pagos realizados a diputados del Congreso de la República, electos para el periodo 2012-2016, coordinados por operadores tanto suyos como de la vicepresidenta Baldetti. Sobornos de entre $32 mil y $64 mil, en algunos casos, para obtener los votos necesarios para la aprobación de los dos préstamos suscritos entre el gobierno de Guatemala y los Bancos BCIE y BNDES.
Cinco años después del anuncio de la investigación del caso Odebrecht en Guatemala, la CICIG ha dejado de existir, 13 ex fiscales, incluida Aldana, están en el exilio, y tanto Curruchiche como la fiscal general, Consuelo Porras, están incluidos en la lista Engel como “actores corruptos y antidemocráticos”.
El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, es ingresado Torre de Tribunales por agentes de la Policía Nacional Civil, luego de ser capturado el 24 de agosto de 2020 sindicado de participar en la red de sobornos por el caso Odebrecht. Foto/Edwin Bercián
El anuncio de Curruchiche del 16 de enero fue compartido en una publicación realizada por el equipo de comunicación de Alejandro Sinibaldi. Dos días después la defensa de Baldizón solicitaba formalmente adherirse a la reciente denuncia presentada por el fiscal por presuntas “irregularidades en la suscripción de los acuerdos de colaboración eficaz con los exdirectivos de Odebrecht”, una solicitud aún en trámite.
Una segunda sorpresa de la FECI ocurrió un mes después. El 13 de febrero, Curruchiche anunció 12 órdenes de captura contra una presunta red de testaferros y abogados del político vinculados al caso Odebrecht. La figura más relevante de entre las cinco personas detenidas es el abogado Héctor Antonio Aldana Castillo, quien fue detenido de manera previa en 2018 por el caso de corrupción Transurbano en el cual se encuentra ligado a proceso Manuel Baldizón.
Aldana Castillo constituyó sociedades relacionadas al político como Proyectos Habitacionales Praga S.A. (empresa que registraba una de sus mansiones), Jemabal S.A., Riedel Group S.A., Inmobiliaria Mundo Maya S.A., Proyectos del Mundo Maya S.A. y Desarrollos Macroindustriales S.A.
Según declaró el fiscal los operativos buscan la captura de “siete abogados que en su momento formaron parte de la estructura de Baldizón, ya sea con la creación de empresas off-shore, que luego de constituidas en Panamá, el beneficiario era Baldizón, toda vez que el dinero regresaba a esa persona”.
Entre las personas con órdenes de captura pendientes se encuentra también Lubia Edith Catalán Espinoza, mandataria con una representación en Panamá de la entidad Rentamos LTD., una de las offshore señalada de la recepción de sobornos por el caso Odebrecht.
El 14 de febrero este periodista intentó obtener una reacción vía telefónica del fiscal Curruchiche por la contradicción que supone ordenar todas estas capturas, al tiempo que la Fiscalía avala desvanecer las pruebas que robustecen la acusación contra la misma estructura. Al cierre de este reportaje no hubo respuesta.
La caída de Baldizón
El 20 de enero de 2018 Manuel Baldizón Méndez volaba de República Dominicana a Florida. Mientras tanto un grupo de fiscales, agentes de la policía e investigadores de la CICIG preparaban una decena de allanamientos a oficinas y residencias de Baldizón y sus allegados en Guatemala.
La información de que Baldizón viajaba a Estados Unidos ese día, según relatan dos fuentes independientes de la fiscalía y de la CICIG, provino de la embajada estadounidense en Guatemala. En particular, relatan las mismas fuentes, el FBI estaba muy interesado en la figura de Baldizón y había mantenido contactos con la fiscalía y delegados de la CICIG desde 2017. La FECI, al mando del entonces fiscal Juan Francisco Sandoval, había conseguido una orden de captura de parte del juzgado de Mayor Riesgo D a cargo de la jueza Ericka Aifán, responsable del caso Odebrecht.
Un ex investigador de la CICIG, bajo reserva de su identidad, comentó a la Redacción Regional: “Del grupo de agentes y fiscales nadie sabía para que se les estaba convocando esa mañana”. El peligro de una filtración de la identidad del “blanco” era demasiado alto. “Para ese momento el gobierno (del presidente Jimmy Morales) era cada vez más hostil con la CICIG y la FECI a cargo de Juan Franciso Sandoval estaba cada vez más sola y sin recursos en el Ministerio Público”, explica esta fuente.
El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval es captado al salir de una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2020. Foto/Edwin Bercián
La CICIG experimentaba en esa época un periodo de desgaste y cada vez menor apoyo internacional para su continuidad. A partir de la administración republicana del presidente Donald Trump, la comisión contó con menos respaldo estadounidense, pese a que seguía siendo el principal financista individual de su trabajo.
Cuando Baldizón fue detenido intentó solicitar asilo, la FECI y la CICIG esperaban que agotara los recursos y fuera finalmente deportado para responder por la acusación del caso Odebrecht. Pero Baldizón aún tenía algunas cartas con las cuales negociar desde Estados Unidos. En agosto de ese año sorpresivamente su defensa desistió de buscar refugio en ese país como “perseguido político” y publicó una carta abierta en Guatemala donde reconocía “errores” y decía tener “el mayor de los respetos a las autoridades guatemaltecas y estadounidenses así como sus respectivos poderes judiciales”.
Después del “mea culpa” de Baldizón, en septiembre de ese año fue acusado del delito de lavado de dinero en Estados Unidos, un cargo por el cual la fiscalía podría pedir hasta 20 años de prisión. El 3 de octubre de 2018 Baldizón reconoció la recepción de fondos provenientes del narcotráfico entre los años 2014 y 2015 para su campaña política. Al menos $800 mil para sus actividades políticas y una cifra similar que empleó para la compra de un apartamento en Miami, según refiere el boletín del Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso No.18-CR-20758-Cooke.
Baldizón fue condenado a 50 meses de prisión, sin embargo, solo cumplió 21 meses, una pena reducida que se explica por su colaboración en ‘Black Mask’, una investigación conjunta del Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF), en el que participan el FBI, la DEA y el Departamento de Justicia para identificar, investigar y enjuiciar a miembros de alto nivel de empresas de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Esta operación permitió la captura del banquero guatemalteco Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, directivo del Banco de Crédito, en Miami, Florida, en noviembre de 2019 en el caso No. 19mj03536, 18cr20706 en la jurisdicción del Distrito Sur de Florida. El banquero fue acusado de facilitar el traslado de dinero de Guatemala a Estados Unidos con el conocimiento de que era obtenido del tráfico de drogas y fue grabado en la coordinación de estas transacciones. Los indicios apuntan, según una investigación del medio digital Plaza Pública, a que Baldizón fue el intermediario para estas operaciones y grabó a Cóbar.
La Redacción Regional solicitó a la embajada estadounidense en Guatemala un comentario sobre este traslado de información a la CICIG y FECI de los movimientos de Manuel Baldizón y las comunicaciones que mantuvieron para propiciar su detención en Estados Unidos. La respuesta de la sede diplomática fue remitir al boletín del Departamento de Justicia sobre el caso contra Baldizón en el cual reconoció la recepción de fondos provenientes del narcotráfico entre los años 2014 y 2015.
Documento judicial de aceptación de cargos de Manuel Baldizón.
La resurrección de Baldizón
En 2018 Baldizón buscó colaborar con la fiscalía de Guatemala por medio de sus abogados, según dijo el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval a la Redacción Regional. El político envió cartas a la CICIG y al menos una carta a la actual fiscal general, Consuelo Porras, a principios de 2019, ofreciéndose para contribuir en cuatro casos de alto impacto en investigación. Entre estos, la elección de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), designada en 2014 por el Congreso de la República por medio de una alianza de los partidos de Baldizón y Sinibaldi (Líder y PP) con la mayoría en el Legislativo. La corte se mantiene en el cargo hasta hoy a pesar de que su mandato concluía en 2019.
Estos contactos, dijo Sandoval, se suspendieron en 2019 cuando se confirmó la salida de la CICIG de Guatemala por decisión del gobierno de Jimmy Morales. Meses después, Porras fue renovada en su cargo por el presidente Alejandro Giammattei y en 2021 destituyó al fiscal Sandoval.
Desde entonces, el MP ha promovido investigaciones contra otros agentes fiscales de la FECI que colaboraron en investigaciones de CICIG y contra exmandatarios de la Comisión. En marzo de 2022, la jueza Ericka Aifán, quien giró la orden de captura contra Baldizón, renunció a su cargo y salió del país denunciando una persecución en su contra.
Consuelo Porras entra a su despacho el 17 de mayo de 2018 al terminar el acto de toma de posesión como Fiscal General del Ministerio Público. Foto/Edwin Bercián
Tres meses antes de ser deportado por EUA, Baldizón fue favorecido por una acción emprendida por la defensa de Alejandro Sinibaldi. En junio de 2022 la Sala Segunda de Apelaciones anuló los acuerdos de colaboración eficaz suscritos por la fiscalía a cargo de Sandoval con tres ex directivos de Odebrecht, entre ellos el testimonio clave de Marcos de Cerqueira Lima Machado.
La Redacción Regional se puso en contacto tanto con la defensa de Baldizón, a cargo del bufete del abogado Saúl Zenteno, como con la de Sinibaldi, con el jurista Paolo Montes, pero ambas se han negado a brindar declaraciones sobre el caso por encontrarse bajo reserva.
Extracto de declaración de Lima Machado.
En noviembre de 2022 la FECI, a cargo del fiscal Rafael Currruchiche, luego de que la defensa de Sinibaldi lograra anular los acuerdos de colaboración de los empresarios brasileños, pidió con éxito que se excluyeran las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado.
El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, es captado dentro de una patrulla al salir de una audiencia en Torre de Tribunales el 24 de abril de 2022. Foto/Edwin Bercián
Sus declaraciones ya no pueden ser tomadas en cuenta en el proceso. El 1 de febrero fueron citados por el juez Juan José Jiménez, sustituto de la jueza Ericka Aifán en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a rendir nuevamente declaración. Al no presentarse la fiscalía pidió y obtuvo de este juzgado una orden de captura en su contra.
Con el escenario de los testimonios anulados de los empresarios brasileños, Baldizón salió de prisión el 11 de enero de 2023 flanqueado por su hijo mayor, Jorge Baldizón, el secretario general adjunto de un nuevo partido político llamado Cambio. Menos de una semana después, el precandidato presidencial del partido, Carlos Pineda, renunciaba a la agrupación y denunciaba que Manuel Baldizón estaba interfiriendo en Cambio.
Tras la salida de Baldizón de la cárcel este no perdió el tiempo. El 5 de febrero, en la Asamblea General del partido Cambio, del cual sus dos hijos Jorge Eduardo y Manuel Antonio Baldizón Vargas son secretarios generales adjuntos, fue proclamado como candidato a diputado por la agrupación.
Así, el ex presidenciable regresa a la arena política y ocupa la primera casilla de la nominación por Lista Nacional, la posición con más posibilidades de ingreso al Congreso.
Los hermanos Manuel Antonio y Jorge Eduardo Baldizón Vargas, durante una asamblea del partido Cambio el 5 de febrero de 2023 donde fungen como secretarios generales adjuntos de dicha agrupación política. Foto/Edwin Bercián
Mientras que otro de sus familiares, el exdiputado del cancelado partido Líder, Álvaro Trujillo Baldizón, fue nombrado como candidato a la presidencia por esa agrupación. Baldizón opacó a todas las figuras políticas presentes: fue presentado en el escenario de la convención como “el líder del partido político Cambio”, juramentó a los candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano pidiéndoles que cumplierán “con la Constitución y las leyes del país” y dió el discurso central de la convención.
Baldizón fue de nuevo un animal político en campaña: Besos, selfies y abrazos con sus seguidores. Se rodeó de reporteros y camarógrafos de su canal de televisión por cable Star Plus para asegurarse preguntas cómodas y de un equipo de seguridad con armas largas bajo los chalecos que le brindaron resguardo a su salida del evento.
En su discurso, Baldizón recuperó viejas promesas de campaña: reactivar la pena de muerte en Guatemala (prohibida constitucionalmente), programas de asistencia social y un impuesto único para los empresarios. Así como promover desde el Congreso una amnistía para los militares procesados por crímenes durante el conflicto armado.
Tampoco desaprovechó la oportunidad para aludir a la exfiscal general Thelma Aldana, y al trabajo de la CICIG como una “intervención extranjera” que le “robó” las elecciones del 2015. En consultas de periodistas tras su discurso se refirió a su detención en 2018 por el caso Odebrecht como una acción de Aldana con fines políticos. La exfiscal general se postuló a la presidencia en 2019, inscripción que fue anulada por un investigación penal promovida por su sucesora en el MP, Consuelo Porras.
Manuel Baldizón juramenta a los candidatos a diputados por el partido Cambio durante una asamblea el 5 de febrero de 2023 en la Ciudad de Guatemala. Foto/Edwin Bercián
“Ella esperó un año previo, para que no se levantarán las aguas y me encausó (inició un proceso penal), hizo que un par de brasileños hablaran mentiras y ahora los brasileños son prófugos de la nación (…) yo nunca les pedí nada, solo le pedí al pueblo que votará por mí”, dijo Baldizón respecto al caso Odebrecht.
Este reportero consultó a Manuel Baldizón, tras la rueda de prensa improvisada luego de su proclamación como candidato, si sabía que la información que condujo a su arresto en 2018 en Miami provenía del FBI, mediante la embajada estadounidense en Guatemala. El político se limitó a responder:
-¿Te acuerdas cuando nos conocimos (en la campaña presidencial de 2011)?
-Sí, claro.
-Dios te bendiga. Ahora trabajas para Open Society que recibe dinero de otra gente del extranjero. ¿Cómo vamos a hablar?
