Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 2015 y el primer semestre de 2022, en México se tuvo conocimiento de 5,698 víctimas de trata de personas del fuero común.
Antilavadodedinero / Eleconomista
Al presentar su estudio “Lavado de dinero en la trata de personas. Desafíos para su atención”, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) declaró insuficiente el trabajo financiero que hacen las autoridades mexicanas para combatir las redes financieras ligadas al mercado criminal de la trata.
Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 2015 y el primer semestre de 2022, en México se tuvo conocimiento de 5,698 víctimas de trata de personas del fuero común; dos de cada tres fueron mujeres y tres de cada 10 víctimas registradas eran menores de edad.
Sin embargo, refirió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sólo ha captado 1,083 operaciones posiblemente relacionadas con la trata de personas entre 2017 y julio de 2021, lo que representan apenas el 1% del total de Reportes de Operaciones Inusuales en ese año.
“Se ha utilizado la Lista de Personas Bloqueadas, pero se desconocen los montos actualizados en términos de personas designadas, terceros relacionados y montos bloqueados. Se desconoce si hay resultados en términos de sentencias condenatorias o algún tipo de sanción una vez satisfechos los procesos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y trata de personas”, mencionó.
Las ganancias derivadas por la trata de personas de grupos oriundos de Tlaxcala se mueven por mecanismos más rústicos que representan un desafíos enorme a la política contra el lavado de dinero de grupos del crimen organizado.
Puso como ejemplo el caso de Tlaxcala, entidad donde se han detectado las redes más grandes de tratantes. Ahí en 2019, dijo el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, se tuvo conocimiento de tres reportes. Dos de los casos se presentaron en Papalotla de Xicohténcatl y uno en Zacatelco. Indicó que las ganancias derivadas por la trata de personas de grupos oriundos de Tlaxcala se mueven por mecanismos más rústicos que representan un desafío enorme a la política contra el lavado de dinero de grupos del crimen organizado, además de que otros indicios sugieren como actividades vulnerables bienes raíces, transporte público e incluso industria textil
De hecho, uno de los aportes más relevantes del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad en su estudio es que describe cómo el caso de la Red de Trata de Personas que existe en Tlaxcala, pese a ser el más conocido y documentado, poco informa en cuanto a la investigación de sus flujos de dinero.
Por ello aseveró que el sistema financiero mexicano es sólido y ha avanzado en cuanto a la detección y rastreo de flujos ilegales ligados al narcotráfico, pero no así del mercado de la trata de personas, ya que “tiene una prioridad más bien baja dentro del abanico de riesgos de lavado de dinero”.
Resaltó que México es considerado un país origen, tránsito y destino de víctimas de trata, pero el trabajo de investigación se ha rezagado en la diversificación de frentes de combate a las modalidades de explotación humana y al rastreo de sus flujos financieros ilegales.
Este estudio del ONC se suma al “Informe trata de personas julio 2022”, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se concluyó que el gobierno de nuestro país “no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas”.
Francisco Rivas, director general del ONC, enfatizó que por lo general el combate contra la trata de personas no se caracteriza por seguir la ruta de sus flujos monetarios, lo que hace innovador el estudio al ofrecer información de experiencias internacionales en cuanto a, generación de inteligencia desde asociaciones civiles, sinergias público-privadas como modelo de intervención y persecución eficiente del lavado de dinero y trata de personas de acuerdo con causas penales sentenciadas.
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad sugirió a las autoridades de nuestro país adoptar un enfoque de múltiples funciones en la prevención y combate de estos delitos que implique la colaboración del sistema financiero, las actividades y profesiones no financieras designadas, el sistema de justicia, las policías y las oenegés.
También incorporar en los programas nacionales y estatales líneas de acción e indicadores de resultados en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita con énfasis en los procesos de justicia penal y de recuperación de activos.
Francisco Rivas concluyó que para consolidar la gobernanza nacional en relación con la lucha contra la trata de personas como delito precedente del lavado de dinero es prioritario para prevenir, investigar y recuperar activos. Sin embargo, para lograrlo se requiere un trabajo interinstitucional con reglas claras, capacidades institucionales suficientes y mecanismos seguros de intercambio de información, que permitan elaborar y diseminar más y mejores tipologías financieras y por ende, impulsar procesos preventivos y de investigación.
