El fiscal solicitaba inicialmente 2 años de cárcel y 10 millones de multa para el jugador, ahora en el PSG, y 5 años de prisión y 10 millones de euros de multa para Sandro Rosell, expresidente del Barcelona.
antilavadodedinero / elpais
El Ministerio Fiscal retiró todas las acusaciones contra Neymar y Sandro Rosell (presidente del Barcelona entre 2010 y 2014) en el caso del fichaje, presuntamente fraudulento, del jugador brasileño por el club catalán en 2013.
El fiscal Luis García Cantón entendió también que tanto Josep Maria Bartomeu (por entonces vicepresidente deportivo del Barça) como el padre del futbolista y el directivo del Santos, Odilio Rodrigues, no han cometido ningún delito ni simulado ningún contrato en el traspaso del actual jugador del PSG a la entidad azulgrana.
“Este caso no se ha construido a base de pruebas ni siquiera indiciarias. Se ha construido a base de presunciones”, concluyó el Ministerio Fiscal, que entiende que los acusados tal vez “han incumplido” o “incluso pisoteado” el reglamento de la FIFA o el Código Civil, pero no el Código Penal.
El fiscal solicitaba, de entrada, cinco años de prisión y 10 millones de euros de multa contra el expresidente azulgrana, Sandro Rosell. Y, contra Neymar, pedía dos años de cárcel y 10 millones de multa. En ambos casos, por un delito de corrupción en los negocios.
“El líder de la negociación siempre fue Raúl Sanllehí (en aquella época, director de fútbol del Barcelona). A mí se me informaba del dinero de las transacciones, pero no intervenía en el trabajo jurídico.
Para eso teníamos un departamento muy grande”, expuso Rosell. Y defendió a su amigo, el también expresidente de la entidad azulgrana entre 2014 y 2021, Bartomeu, que en aquella época firmó los contratos de Neymar como vicepresidente del área deportiva. “Él nunca participó en la negociación”, dijo el empresario catalán.
“El club tenía un protocolo por el cual todos los contratos los firmaba el presidente y el directivo responsable del área que correspondía”, añadió Bartomeu.
“En el fútbol parece ser que los contratos están para romperlos, para no cumplirlos. Esa es la impresión que ha podido dar estar presente en este juicio”, valoró el fiscal. En 2011, el Barcelona había llegado a un acuerdo con Neymar para que se vistiera de azulgrana en 2014, una vez que finalizara su vínculo con el Santos.
Para atar a la entonces joven promesa del fútbol brasileño, el club azulgrana pagó a N&N, empresa familiar que pertenece a la familia del futbolista, 60 millones por diversos conceptos. “No es un soborno, es una prima de fichaje que consiste en una cantidad extra que un club paga a un jugador por el mero hecho de que venga a ese club, y eso no está prohibido ni es delito”, valoró el fiscal.
Sin embargo, según Rosell, el club catalán anticipó el fichaje. Y para eso tuvo que pactar con el Santos. “Solo adelantábamos el contrato seis meses. Se pagó 17 al Santos, cuando lo suyo era esperarse seis meses y haber pagado cero.
Como dijo uno muy famoso [en referencia a Johan Cruyff], el dinero ha de estar en el campo y no en el banco”, contó Rosell. En total, el Barça pagó al club paulista 25 millones: 17,1, por el traspaso; y 7,9, por la opción preferencial, que jamás ejerció, sobre tres jóvenes promesas del equipo brasileño.
“El Barça tenía muchos acuerdos con el fútbol base de otros clubes, sobre todo en Argentina y Brasil, como con Boca Juniors o Fluminense”, explicó Bartomeu. Además, el Barça pactó con el Santos disputar dos amistosos (solo se jugó uno).
Ocurrió, entonces, que el fondo DIS, que ejerce la acusación particular, solo percibió 6,8 millones de toda la operación, pese a tener un 40% de los derechos de traspaso del delantero. Rosell recalcó que desconocía que DIS contará con un porcentaje del jugador y lo calificó de “fondo buitre” durante su declaración.
Y, en ese sentido, Rosell atribuyó los pagos que se hicieron a N&N a la necesidad de “tener un derecho prioritario” sobre Neymar en un futuro, algo que recordó que es “muy habitual” en el mundo del fútbol.
Y cerró: “No negocié el traspaso, aunque estoy convencido de que alguien me llamó o me consultaría el precio el director general y yo le dije un máximo. Probablemente, serían 18 o 20 millones, no recuerdo”.
Las defensas de los acusados reclamaron unánimemente que se condene a costas (pagar los gastos de los abogados) a la acusación particular (DIS) por “temeridad” y “mala fe” al haber presentado la demanda.
