El país se ha convertido en un actor cada vez más importante en el tráfico mundial de drogas, lo que desencadenó una extraordinaria ola de violencia que ha transformado la vida de millones de ecuatorianos.
Cuando el puerto más activo de Europa anunció hace poco el descubrimiento de casi nueve toneladas de cocaína ocultas en un cargamento de banano —su mayor incautación de narcóticos ilegales— divulgó un detalle que no causó sorpresa. El cargamento no procedía de Colombia ni de Perú, los mayores productores de cocaína de América Latina, sino de Ecuador, el pequeño país situado entre ambas naciones.
Durante años, Ecuador ha luchado contra el narcotráfico debido a su situación geográfica, sus fronteras muy fluidas y sus puertos importantes en el océano Pacífico.
Pero, en los últimos años, la situación ha empeorado.
Un sistema penal superpoblado, corrupto y mal financiado se ha convertido en el caldo de cultivo para las bandas de presos que han formado alianzas con poderosos cárteles de la droga del extranjero.
Estas características, que han contribuido a que Ecuador se convierta en un actor cada vez más importante en el tráfico mundial de drogas, desencadenaron una ola de violencia extraordinaria que ha transformado la vida de millones de ecuatorianos. Ahora el país ha llamado la atención internacional debido al asesinato de un candidato presidencial la semana pasada, mientras se organizan los preparativos para votar el domingo.
En repetidas ocasiones, el candidato Fernando Villavicencio había denunciado los vínculos entre las bandas de narcotraficantes y los funcionarios gubernamentales y políticos. Días antes de su asesinato había hablado públicamente de las amenazas que le había hecho un grupo criminal local.
Su asesinato ha conmocionado al país de 18 millones de habitantes, logrando que la seguridad sea una de las principales preocupaciones de los votantes y también ha hecho que muchos ecuatorianos se pregunten cómo es que su patria —que solía ser un oasis relativamente pacífico en una región turbulenta— se ha convertido en un campo de batalla y en un sitio donde un político puede ser asesinado a plena luz del día.
Ana Vera, de 44 años y ama de casa en Quito, la capital, dijo que la escalada de violencia la había convertido en una especie de reclusa. “Uno va de la casa al trabajo, y no más”, dijo.
En gran medida, las raíces de los problemas de Ecuador responden a las fluctuaciones del mercado de la droga y un gobierno mal equipado para manejarlo.
De hecho, la tasa de homicidios de Ecuador se redujo durante el mandato del expresidente Rafael Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017, gracias al aumento de la vigilancia policial y al auge de las materias primas que ayudó a que millones de personas salieran de la pobreza.
Sin embargo, Correa también decidió en 2009 no prorrogar el contrato de arrendamiento de una base militar estadounidense en la ciudad portuaria de Manta, utilizada para el vuelo de aviones de interceptación de drogas, y cortó los lazos con la agencia internacional antidroga del Departamento de Estado estadounidense.
La expulsión de las fuerzas de EE. UU. dificultó la capacidad de Ecuador para controlar su frontera septentrional con Colombia y facilitó la distribución de drogas en el país, según un antiguo oficial antiterrorista y antinarcóticos ecuatoriano que pidió no ser identificado porque se está reincorporando al servicio gubernamental.
El sucesor de Correa, Lenín Moreno, dio prioridad al pago de la deuda externa del país e impuso medidas de austeridad y recortes presupuestarios que debilitaron aún más el aparato de seguridad nacional.
También eliminó organismos gubernamentales, incluido el Ministerio de Justicia, y recortó drásticamente el gasto en policía y prisiones, sectores considerados “prescindibles” en un país que durante mucho tiempo había sido pacífico, según Glaeldys González, investigadora de Ecuador para el International Crisis Group.
En la vecina Colombia, el gobierno firmó un acuerdo de paz histórico en 2016 con el mayor grupo rebelde del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que controlaban gran parte del tráfico de drogas.
Cuando el grupo depuso las armas, se abrió el negocio del narcotráfico y eso originó nuevos grupos y rutas, dijo González.
Algunas facciones de las FARC que se negaron a firmar el acuerdo trasladaron su negocio a Ecuador, donde podían seguir operando lejos de la vigilancia del gobierno colombiano.
Durante mucho tiempo, Ecuador había sido un centro de tránsito para las drogas procedentes de Colombia y Perú pero, después de 2016, los grupos locales se involucraron en la fabricación y distribución, uniendo fuerzas con los cárteles de México e incluso los de Albania.
En tres años, Ecuador se convirtió en el principal exportador de cocaína a Europa, según una agencia europea de control de drogas, donde el consumo de esa droga ha ido en aumento.
La semana pasada, los Países Bajos anunció una incautación récord en Róterdam, el mayor puerto de Europa, de cocaína procedente de Ecuador valorada en 660 millones de dólares.
Grupos nacionales y extranjeros se aprovecharon de un país cuya capacidad para enfrentar al narcotráfico se había visto mermada por los recortes a la policía y el ejército, un sistema judicial débil y un sistema penal dirigido, en gran medida, por las bandas.
Una economía que utiliza el dólar como moneda local y la debilidad de los controles financieros también facilitaron el lavado de dinero procedente de la droga.
“No había esa institucionalidad propia de los países que tienen que enfrentar este problema”, dijo González, “porque nunca había sido un problema en Ecuador”.
Para complicar la situación, muchos policías, militares y funcionarios de prisiones han estado vinculados al tráfico de drogas. Estados Unidos ha revocado los visados de numerosos funcionarios de alto nivel, incluidos mandos policiales, debido a sus vínculos con el narcotráfico.
En la actualidad, al menos tres grandes grupos delictivos internacionales operan en Ecuador: los dos cárteles más poderosos de México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación; así como un grupo europeo al que la policía llama la mafia albanesa.
“Ya no nos enfrentamos a la delincuencia común sino a los más grandes cárteles de la droga de todo el mundo”, declaró el año pasado el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
A pesar de la influencia de estos grupos en los asesinatos y secuestros provocados por el narcotráfico, las cárceles ecuatorianas también han desempeñado un papel fundamental como centros de reclutamiento y cuarteles generales de las bandas.
En 2009, la población carcelaria de Ecuador era de 11.000 reclusos, pero en 2021 aumentó a 40.000 internos impulsada por una política implementada bajo el mandato de Correa que mantiene a los acusados en prisión hasta su juicio, así como por el endurecimiento de los castigos para los narcotraficantes de bajo nivel.
“Llenas estas prisiones con gente que tiene que sobrevivir ahí”, dijo Max Paredes, un investigador que se centra en los temas de drogas para un grupo de investigación ecuatoriano.“Muchos de ellos fueron rechazados por sus familias porque consumían drogas y entonces tienen que sobrevivir adentro, y la única forma era ser parte de estas organizaciones”.
Una unidad especial de inteligencia creada en 2015 para recabar información sobre el narcotráfico en las cárceles dio privilegios a ciertos reclusos a cambio de información. La práctica llevó a más incautaciones de cocaína fuera de las cárceles, pero también aumentó el poder de las pandillas, dijo Jorge Núñez, un antropólogo que ha estudiado el sistema penitenciario ecuatoriano durante 20 años.
El negocio de la droga en Ecuador se hizo más volátil en 2020, cuando fue asesinado el líder del cártel nacional más poderoso, Los Choneros, lo que fragmentó esa organización y desencadenó una intensa lucha por el control del mercado, dijo González.
Los Choneros era el grupo que, según Villavicencio, lo había amenazado.
Al mismo tiempo, el gobierno de Ecuador ha fracasado en gran medida a la hora de tomar medidas, incluso rudimentarias, para enfrentar la crisis de seguridad, dijo Carla Álvarez, quien investiga temas de seguridad en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito.
Muchos policías no usan armas ni chalecos antibalas, y muchas prisiones carecen de detectores de metales.
Algunas instalaciones de radar ubicadas a lo largo de la costa y que son utilizadas para detectar barcos y aviones que transportan drogas están dañadas, y los puertos no disponen de equipos de vigilancia que puedan utilizarse para detectar cargamentos de cocaína ocultos, dijo Álvarez.
Lasso ha sido criticado por su lenta e ineficaz respuesta a la crisis de seguridad, y hay grandes expectativas de que el próximo líder del país encuentre la manera de frenar la avalancha de violencia.
Pero el ministro del Interior del país, en un mensaje de voz de WhatsApp enviado al Times, dijo que la ola de violencia era una respuesta al aumento de la presión del gobierno sobre los grupos criminales, incluyendo más incautaciones de drogas y el traslado de muchos líderes de pandillas a cárceles de máxima seguridad.
“Entonces, claro, esto hace que se generen estos niveles de violencia”, dijo el ministro, Juan Zapata. “Eso marca la fuerza de respuesta del Estado”.
Todos los candidatos que participan el domingo han hecho hincapié en sus credenciales en materia de seguridad, especialmente tras el asesinato de Villavicencio. Pero también existe un pesimismo generalizado sobre la capacidad del gobierno para recuperar el control de muchas regiones del país que son dominadas por los grupos violentos.
Seis hombres detenidos en relación con el asesinato de Villavicencio son de nacionalidad colombiana, lo que aumenta la sensación de que fuerzas externas están contribuyendo a que Ecuador se hunda en una violencia aparentemente imparable.
Días después del asesinato de Villavicencio, fue asesinado un dirigente local de un partido político nacional en la provincia costera de Esmeraldas, se trata del tercer político asesinado en el último mes.
“Las personas ya no quieren salir a pasear ni a comer a un restaurante porque nos matan”, dijo Marcos Zúñiga, taxista de 53 años en Guayaquil, la ciudad más grande del país. “Nunca en la vida hemos pasado algo así”.
El asesinato de Villavicencio, quien hizo de la lucha contra el crimen organizado un pilar de su candidatura para dirigir el país, “fue como mandando un mensaje”, dijo González.
“Si hablas de estos temas o tocas esos temas tan abiertamente a nivel público en los medios, esto es lo que puede ocurrir”.
