La exigencia de Estados Unidos sobre México, ante los pocos resultados de las autoridades mexicanas con su política de ‘abrazos no balazos’, se debe a que en 2021 las sobredosis de este opioide han ocasionado más de 71 mil muertes, un incremento de 24 por ciento respecto a 2020, según informe del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, publicado en Reforma del 4 de mayo.
El artículo anterior sobre las delicadas relaciones internacionales de México con el mundo suscitó algunos reclamos sobre que faltaron temas muy sensibles, como el de la producción, distribución, venta y consumo de la nueva droga sintética denominada fentanilo, así como las diferencias que ello ha provocado con otros países y con la ONU, no sólo con Estados Unidos.
En efecto, este tema del narcotráfico a través de la frontera México-Norteamérica ha sido un punto álgido con acusaciones mutuas y palabras altisonantes, no usuales en el estilo diplomático. Estados Unidos acusó a México su falta de control sobre los cárteles de Sinaloa y del Cartel Jalisco Nueva Generación, que tienen múltiples laboratorios donde se procesan los componentes y se producen los polvos y pastillas de fentanilo.
Esto dio lugar a que el Presidente de México desmintiera a las autoridades del gobierno del país del norte, a la DEA y a senadores republicanos a quienes llamó “mequetrefes”; sin embargo, el propio Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública contradijeron al Presidente al informar sobre la destrucción y desmantelamiento de laboratorios en Sinaloa, Durango, Jalisco y otros lugares y los decomisos de miles de pastillas de fentanilo, metanfetamina y otros precursores químicos.
Llegó a tal grado la “reculada”, que a la reunión binacional de seguridad México-Estados Unidos, México envió a cinco secretarios de Estado, al Fiscal General y al director del Centro Nacional de Inteligencia para explicar la posición de México, mientras que la delegación de Estados Unidos la encabezó la asesora de seguridad del Presidente Biden, Liz Sherwood y el Procurador Merrik Garland.
El Gobierno de México ha tenido que reconocer que aquí sí se elabora el fentanilo, pues según Estados Unidos el 96 por ciento del fentanilo incautado ha sido en la frontera de Baja California y Sonora, principalmente en San Diego y Tucson, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Lo anterior coincide con las autoridades mexicanas que informan que en la misma región también se ha decomisado el 75 por ciento de la droga confiscada.
La exigencia de Estados Unidos sobre México, ante los pocos resultados de las autoridades mexicanas con su política de “abrazos no balazos”, se debe a que en 2021 las sobredosis de este opioide han ocasionado más de 71 mil muertes, un incremento de 24 por ciento respecto a 2020, según informe del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, publicado en Reforma del 4 de mayo.
Pero este problema ha saltado ya a otros países; la Unión Europea pide (casi suplica) a México un frente unido para combatir a los cárteles mexicanos, pues “la disponibilidad de cocaína y otras drogas está en máximos históricas en Europa”.
Igualmente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU informó que los carteles mexicanos han desarrollado nuevas fórmulas similares al fentanilo combinando más de 50 opioides, muchos de ellos importados de China o bien “utilizando medicamentos que se desecharon por sus efectos secundarios”, según El Universal del 22 de marzo.
En “2022 la DEA ha incautado más de 57 millones de píldoras y más de 13 mil 700 libras de polvo; y en lo que va de 2023 ha asegurado ya más de 5 millones de pastillas y mil 660 libras de polvo”, la mayoría procedentes de México.
Otro asunto de discrepancia de México con Estados Unidos es el del espionaje, ya que el Presidente acusa al Pentágono y a la DEA de espiar al Ejército y a la Marina, como argumento para la compra del software Pegasus; según el diario The New York Times, “México es el primer comprador de Pegasus y donde más se usa por el Ejército” y según el diario El Universal, con el sistema Pegasus el Ejército espía a activistas y organizaciones civiles que no comparten la ideología y actividades del Gobierno, mismos a quienes el Presidente ha acusado como “vinculados a actividades ilícitas o que reciben dinero de Estados Unidos”.
El Presidente acusa también sobre “supuesto espionaje” de la DEA y otras dependencias extranjeras en territorio nacional, razón por la cual decidió que todo lo relacionado con el sistema Pegasus sea considerado “de seguridad nacional”.
La doctora Mariana Cendejas, investigadora de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey, refiere que la acusación del Presidente de que Estados Unidos espía a México es más bien un pretexto para ocultar que el Ejército Mexicano sí espía a activistas, políticos y periodistas mexicanos.
