El Gobierno de México envió una carta dirigida al recluso número 59745-177 del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York el 18 de octubre de 2021. Preso por narcotráfico y crimen organizado en Estados Unidos, Genaro García Luna recibió notificación oficial de que las autoridades de su país también iban a abrir otro frente legal en su contra.
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“Usted obtuvo o usó de manera deliberada e ilegal un total de por lo menos 250 millones de dólares que legítimamente pertenecen a los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en el documento.
La demanda civil, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, alega que el exsecretario de Seguridad Pública se aprovechó de sus contactos tras dejar su cargo y lideró un esquema corrupto que desvió fondos públicos para crear un “imperio” inmobiliario en Florida.
La bomba se filtró a los medios esta semana prácticamente al mismo tiempo que García Luna se sentaba en el banquillo al inicio del juicio penal en Nueva York, en el que se le acusa de colaborar con el Cártel de Sinaloa durante más de 20 años. años.
Son dos pistas diferentes que siguen la estela del dinero corrupto y que corren en paralelo. La Casa Blanca persigue, en parte, los sobornos del narcotráfico y las autoridades mexicanas lo persiguen por fraude y malversación de fondos, con daños que ascienden a 750 millones de dólares.
La batalla legal de Estados Unidos y México contra García Luna va por dos caminos separados. El juicio en Nueva York es una causa penal contra el exjefe de la Policía Federal, pero también tiene una derivación económica, ya que se le acusa de recibir “decenas de millones de dólares” en sobornos del narcotráfico desde 2001, en unos pocos meses que asumió como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006).
Los vínculos del exfuncionario con el crimen organizado se hicieron especialmente estrechos cuando fue secretario de Seguridad Pública en la Administración de Felipe Calderón (2006-2012), pero continuaron varios años después, incluso después de su arresto en 2019 en Texas, argumentan los fiscales. .
Por otro lado, el caso que construyeron las autoridades mexicanas es una demanda civil en Florida. Los casos civiles no terminan con penas de cárcel, pero por lo general requieren que el acusado pague dinero.
Parte de la lista de contratos corruptos que la UIF incluyó en su demanda contra García Luna ante un tribunal de Florida.
No hay precedentes de que el gobierno mexicano utilice una estrategia legal similar para recuperar fortunas amasadas por actos de corrupción que terminaron en otros países. “Lo que vamos a intentar es cobrar el dinero, eso depende de nosotros”, dijo esta semana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha aprovechado el juicio penal en Nueva York para poner en agenda las reivindicaciones de México. la corte de miami.
El presidente ha dejado claro que el proceso contra García Luna es una de sus máximas prioridades y que será un tema recurrente en sus ruedas de prensa diarias. El mandatario ya se había quejado en varias ocasiones de que EE.UU. suele quedarse con la riqueza que los políticos y narcotraficantes logran construir a través de actos delictivos o de corrupción cometidos en México. “Es un drama judicial”, comentó sobre el juicio penal.
La batalla de la UIF no ha sido fácil. También en México fue objeto de polémica y fuego amigo dentro del propio gobierno federal. La demanda inicial fue presentada ante la Corte del Distrito Judicial 11 de Florida el 21 de septiembre de 2021, semanas antes de que Santiago Nieto dejara la dirección de la UIF.
El brazo contra el lavado de dinero del Tesoro contrató a una firma de abogados estadounidense para que actuara como su representante en el litigio: la firma Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM.
A cambio de sus servicios legales, el gobierno mexicano acordó pagar a los intermediarios el 30% de lo que pudieron recuperar en la corte de la fortuna corrupta de García Luna, que la demanda estimó en $250 millones. Si la demanda no tiene éxito, los litigantes estadounidenses se irán con las manos vacías.
La contratación de un intermediario privado para representar a la UIF levantó las sospechas de la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Alejandro Gertz Manero, quien mantuvo una lucha política contra Nieto cuando formaba parte del gobierno federal.
La FGR inició una carpeta de investigación y acusó al funcionario de Hacienda de uso indebido de poderes por haber contratado a la firma de abogados para representar al país. Nieto se defendió en su momento con el argumento de que México no cuenta con representación legal para liderar procesos similares en EE.UU., y señaló que el contrato era equiparable al firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener representación legal en el juicio. de México contra las empresas de armas.
Nieto lamentó que el cuestionamiento de la FGR al contrato con KCM le dio argumentos a los tribunales estadounidenses para desconocer la legitimidad del litigio y puso en peligro la recuperación del dinero público sustraído por García Luna.
