Narcotráfico: “Decide el Estado y la sociedad o deciden las mafias”

Los mandatarios provinciales insistieron en que se trata de una problemática nacional que “requiere de medidas a la altura de lo que está en juego”; no hicieron alusión a la intervención de las Fuerzas Armadas en Rosario.

os gobernadores de la Argentina expresaron en un comunicado conjunto su apoyo al gobierno de Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe a raíz de la escalada de violencia y asesinatos ocurridos en la ciudad de Rosario. Al igual que el Gobierno, los mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires insistieron en que se trata de una problemática de escala nacional que “requiere decisiones a la altura de lo que está en juego”.

“El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos”, comienza el escrito al que obtuvo acceso LA NACION y que cuenta con la firma de los 24 jefes distritales.

Los gobernadores de la Argentina expresaron en un comunicado conjunto su apoyo al gobierno de Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe a raíz de la escalada de violencia y asesinatos ocurridos en la ciudad de Rosario. Al igual que el Gobierno, los mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires insistieron en que se trata de una problemática de escala nacional que “requiere decisiones a la altura de lo que está en juego”.

“En mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que -con distintas formas- afecta a todas las jurisdicciones”, añade.

En ese sentido, plantean: “La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía: decide el Estado y la sociedad o deciden las mafias”.

Por eso, el escrito expresa que los gobernadores de las provincias argentinas y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dan su acompañamiento al Gobierno y pueblo de la provincia de Santa Fe. “Apoyamos las acciones destinadas a fortalecer tanto la operatividad de las fuerzas de seguridad como la persecución penal del narcotráfico y el terrorismo que vienen llevando adelante los gobiernos provincial y nacional”, sostienen.

Al final, se ponen a plena disposición para cooperar con el gobierno de Pullaro ante la emergencia en materia de seguridad: “Todos somos Santa Fe”.

Cabe aclarar que pese a manifestar su apoyo y la posibilidad de cooperación conjunta, los gobernadores evitaron avalar el despliegue de las Fuerzas Armadas de la Nación en el territorio para contener la situación que en la última semana se cobró la vida de cuatro personas en manos del crimen organizado. En cambio, hicieron énfasis en fortalecer a las Fuerzas de Seguridad.

Tanto el presidente Javier Milei como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, plantearon cambiar la ley de Seguridad Interior para que el Ejército pueda intervenir en Rosario no solo en labores de apoyo logístico.

“Nosotros estamos evaluando enviar una nueva ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales”, aseguró en una entrevista televisiva el Presidente, que incluso reveló: “Es algo que estuvimos discutiendo hoy en el Gabinete, lo que pasa es que Petri trajo la ley y Patricia [Bullrich] estaba en el avión. Me pareció imprudente tomar una decisión final cuando faltaba una de las partes”.

Efectivos de Gendarmería Nacional, que responden al Ministerio de Seguridad, en RosarioMarcelo Manera – LA NACIÓN

En ese sentido, el jefe de Estado aclaró que esa modificación no implicaría que de ahora en adelante los agentes de las FF.AA puedan disparar, sino que “quiere decir que van a tomar acciones acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo”.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas solo están habilitadas en Rosario para llevar adelante cuestiones logísticas como repartición de alimentos, traslado y trabajo en los barrios. Siempre sin armamento. Esto es lo que genera temor y dudas dentro las FF.AA. con el cambio que plantea el oficialismo. Y es que la pregunta recae en cómo podría defenderse un cocinero o un chofer ante un eventual ataque de un narcoterrorista.

“No aparece claro un marco legal que avale la intervención de los militares en esta operación. No hay reglas de empeñamiento”, advirtió un general retirado a este medio. Además, algunos insisten en que todavía está presente “el fantasma de los juicios y condenas por la represión de los 70 aún está vigente”. “Sin el marco legal adecuado y sin reglas de empeñamiento claras y aprobadas por el poder político es una locura”, plantean.