Las cada vez más poderosas organizaciones criminales de México están financiando la siembra de coca y, por ende, a los grupos armados que protegen las plantaciones y se lucran de ellas.
Negocios en las sombras en Cali y Medellín. Reuniones en localizaciones secretas entre capos de distinta nacionalidad. Trasiego de dólares y armas. Después de un proceso de mutación constante durante las últimas décadas, en los ambientes del narco en Colombia se ha colado como protagonista el acento mexicano. Emisarios del país norteño se encuentran presentes en las ciudades y el campo colombianos, mezclándose con el resto de la población y financiando el negocio y a los grupos armados que lo protegen.
Los narcos mexicanos eran, en los años 80 y principios de los 90, apenas un enlace entre los grandes carteles colombianos de la época y Estados Unidos, por aquel entonces —y todavía— el mayor consumidor mundial de cocaína. Esa relación ha cambiado con los años y se ha invertido. Ahora son los mexicanos quienes dominan el negocio del narcotráfico transfronterizo.
La desarticulación de los carteles de Medellín y Cali y la atomización de los grupos criminales en Colombia dejó como consecuencia su pérdida de poder internacional en detrimento de los carteles del país norteamericano.
Colombia sigue siendo, con mucha diferencia, el principal productor mundial de cocaína. Una realidad que no ha cambiado ni tiene visos de hacerlo en un futuro próximo. Las remotas y montañosas comunidades rurales del país sudamericano, donde el Estado tiene una escasa o nula presencia, siguen siendo perfectas para la plantación de la hoja de coca y la producción de la droga a espaldas de las autoridades.
Pero ahora quienes se encargan de la parte más lucrativa del negocio, llevar la cocaína a Estados Unidos, son los grandes carteles mexicanos. Estos tienen presencia en el país sudamericano a través de emisarios, financiando la siembra de coca y, por ende, a los grupos armados que protegen las plantaciones y se lucran de ellas, tanto directamente como a través de impuestos a los campesinos. Un nuevo jugador que supone un escollo mayúsculo a los intentos del Gobierno colombiano de pacificar el país.
“Hay un sistema de franquicias y de representación comercial. Existen unas estructuras mexicanas que tienen un nivel de protección personal. Es decir, esquemas de seguridad propios, escoltas que casi siempre son contratados localmente y cuya principal labor en las regiones cocaleras de Colombia es adquirir cocaína, garantizar los contratos, dar condiciones de seguridad al negocio, organizar la logística y hacer un seguimiento”, asegura a El Confidencial Daniel Mauricio Rico, director de C-Analisis y experto en criminología.
Los principales grupos que operan en Colombia, a través de emisarios, son el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Trabajan en las grandes ciudades relativamente cercanas a zonas de sembradío, como Cali, o en los corredores de la coca que comunican las plantaciones con el Pacífico o el Caribe. Allí también cumplen una función de supervisión del negocio.
Se relacionan, dependiendo del lugar en el que estén, con los grupos colombianos que dominan la producción de cocaína, como el Clan del Golfo, que es el mayor grupo narco paramilitar de Colombia y, con diferencia, el principal proveedor de los mexicanos.
También operan con las disidencias de las extintas FARC, los Pelusos, la Cordillera, La Constru, Los Rastrojos o los Pachenca, entre otros actores armados, muchos de los cuales operan apenas a nivel local o regional, a diferencia de la época en la que Pablo Escobar y los hermanos Orejuela dominaban el negocio.
“Los mexicanos llevan a cabo un trabajo de articulación, regulando la cadena de producción de la cocaína. Un ejemplo es la relación construida entre el Cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo en el Bajo Cauca”, asegura Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito califican a los mexicanos como “los invisibles”, por operar en las sombras, aunque a veces topen con las autoridades colombianas.
Medio centenar de mexicanos han sido capturados por la Policía del país sudamericano bajo acusaciones de narcotráfico y parte de ellos han sido identificados como miembros de los grandes carteles del país norteamericano.
A pesar de no haberse establecido como grupo armado convencional en Colombia y de operar a través de emisarios, sí podrían tener la capacidad de medrar en el conflicto armado que desangra Colombia desde hace más de medio siglo.
Según fuentes de inteligencia, citadas por la revista Semana, un capo mexicano capturado el año pasado en Cali —era uno de los 30 más buscados por la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA)— habría llegado a Colombia, enviado por el cartel de Sinaloa, en busca de la pacificación entre dos grupos distintos de disidentes de las FARC enfrentados ahora en armas.
Uno es el liderado por alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia del ex comandante ‘fariano’ alias Iván Márquez. La sangrienta disputa estaba y está afectando al negocio del narcotráfico y el bajón lo notan los mexicanos.
Ese espíritu de influencia en los asuntos locales, aunque limitado, podría suponer un escollo para el proyecto de ‘Paz Total’ impulsado por el presidente Gustavo Petro como piedra angular de su gestión, la primera en la historia de un mandatario izquierdista en Colombia.
El líder progresista ha iniciado unas complejas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor guerrilla de Colombia, que se financia, en parte, cobrando impuestos a la coca y que dialoga también con el Clan del Golfo, con las disidencias de las FARC y con otros actores armados que se lucran del narcotráfico.
Su objetivo es firmar pactos de paz, como el rubricado en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos con las extintas FARC, o de sometimiento, con el objetivo de desmovilizar a esos grupos armados.
Pero incluso suponiendo que Petro pudiese tener éxito en esa difícil empresa —algo que expertos como Mauricio Rico no ven viable debido a cómo está estructurado el plan—, algunos analistas creen que los carteles mexicanos medrarían para que el narcotráfico, que es la gasolina del conflicto, continúe en marcha como hasta ahora, minando las posibilidades del plan.
“Son una amenaza para la paz total porque podrían poner plata para crear grupos que llenen los vacíos dejados por los actores armados que firmaran algún tipo de acuerdo”, comenta Kyle Johnson, experto de la Conflict Response Foundation.
Ninguno de los analistas espera, en cualquier caso, un desembarco masivo de los carteles mexicanos en Colombia. Sería inviable, entre otras cosas, porque los grupos colombianos saben defender muy bien su territorio a fuego y bala.
“El arreglo es que los colombianos controlan Colombia y los mexicanos ponen la plata. En un vacío hipotético de grupos armados colombianos, los mexicanos no podrían sustituirles. Primero, no conocen para nada el terreno; segundo, se delatarían muy fácilmente, porque no son de esas zonas y su acento y su cultura es distinta.
Tampoco es que tengan interés. Lo que sí pueden hacer es poner plata sobre la mesa de los actores armados colombianos para que no negocien de verdad, o para que se dividan”, considera Johnson.
Las autoridades colombianas son conscientes de que los carteles mexicanos han estado echando combustible al conflicto, especialmente con la venta de armas, que son parte de los pagos por la cocaína.
La droga sale de Colombia camino al norte, mientras que por las mismas rutas viajan camino al sur dólares, pero también fusiles, granadas y minas. Plata y plomo. Mientras el narcotráfico sea fuerte, la paz será un espejismo en Colombia.
