Luego de meses de incertidumbre sobre el futuro del proyecto de ley 139 de 2021, que apunta principalmente a regular la operación de los exchanges que operan con criptomonedas en Colombia, además de otorgarle reconocimiento jurídico a proveedores de servicios de activos virtuales.
Todo parece indicar que la iniciativa tiene chances de prosperar. Y es que, tras aprobar su tercer debate en Comisión Sexta del Senado, queda una última discusión en plenaria para que así pase a ser ley de la República.
No obstante, este paso final enfrenta una carrera contra el tiempo, pues las sesiones legislativas del Congreso terminan ese 16 de junio, fecha en la que el proyecto podría morir de no ser aprobado. Para el coordinador ponente del proyecto de ley y senador de la Alianza Verde, Gustavo Moreno, lograr este objetivo es muy importante en Colombia, sobre todo si se tiene en cuenta que no existe ninguna regulación frente a este tema en el país.
”Colombia tiene un problema muy grande de lavado de activos, un tema que queremos evitar actuando contra las pirámides y estafas. Con esas regulaciones se da el primer paso para tener un marco jurídico importante frente a la nueva era de criptomonedas que deben empezar a regularse.
Hoy se necesita marco regulatorio y proyecto más robusto, pero le hemos pedido al gobierno que no empecemos de cero sino que se integren proposiciones y que se permita pago de impuestos a través de criptomonedas, que esto va a aumentar el pago de impuestos en Colombia”, dijo el congresista.
Hay varias entidades que están de acuerdo con ese proyecto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está pidiendo que la gente pueda pagar impuestos con un criptoactivo tras identificar hasta cinco millones de personas que usan activos digitales en el país, dejando a Colombia en el puesto 15 en tasaciones de cripto en el mundo.
a su vez, las transacciones con criptomonedas han sido de hasta US$40.000 millones entre julio de 2021 y junio 2022, mientras que las ofertas de trabajo relacionadas con activos digitales en EE.UU. entre 2020 y 2021 aumentaron 395% . de ahí que moreno vea ese nicho como una oportunidad de generación de empleo dentro de un marco regulatorio, que no lo tenemos hoy en día.
por ello, el sistema bancario y financiero tienen un reto grande a futuro, pues la banca central ve que hay un sistema de intercambio que se salta al sistema y que no regula a través del blockchain. por ello se hace evidente la necesidad de regular y dar un marco jurídico a las empresas de criptoactivos, pero también a quienes mueven este tipo de moneda y demás.
los actores del sector también se han mostrado conformes con estos avances, pero también han dado sugerencias al proyecto. la head de Políticas Públicas de Bitso en Colombia, Karen Duque, sostuvo que un punto muy relevante para protección de los consumidores es la segregación de patrimonio que garantiza que los fondos de los usuarios y los fondos de las empresas no se podrán mezclar. para la experta, este principio es fundamental para evitar fraudes financieros en el ecosistema cripto como los vistos en el último año.
”Celebramos y esperamos que siga avanzando la conversación para permitir el desarrollo de la economía digital, y de esta forma promover productos financieros sin fronteras, seguros y fáciles de usar haciendo que las criptomonedas sean útiles y accesibles para toda la población”, añadió.
por su parte, el director de Asuntos Legales y Regulatorios de la plataforma Littio, Juan Uribe-Holguín, destacó la importancia de que la norma pueda ajustarse al dinamismo del sector. Por lo anterior, una aproximación adecuada al asunto debería enfocarse en principios que guíen las diferentes actividades que pueden desarrollar los intervinieres del ecosistema, mas que en los tipos de entidades que las llevan a cabo.
”Consideramos oportuna una aproximación enfocada en principios rectores y criterios funcionales, y ello implica ir más allá de las plataformas de intercambio y contemplar actividades adicionales como la emisión de tokens.
Colombia tiene el potencial de impulsar la innovación en este frente en toda la región, de manera que la normativa propuesta debe ser flexible y basada en principios con un enfoque funcional para que pueda adaptarse, vía regulatoria, a la evolución de la tecnología, los nuevos desafíos y las tendencias emergentes”, concluyó.
