Soltera y sin dinero para mantener a sus hijos, Ana Tabares aceptó preparar alimentos en un laboratorio de cocaína hasta que fue arrestada como gran capo. Pero el gobierno de Colombia, convencido del fracaso de la guerra antidrogas, le abrió una ventana para salir de prisión.
La mujer, que entonces tenía 36 años, cocinaba para fabricantes del polvo blanco en una zona rural de la frontera con Ecuador. En 2019 militares y policías irrumpieron a disparos en el campamento improvisado donde trabajaba.
Tabares fue capturada junto a otras tres personas en medio de una feroz guerra contra las drogas en el país que más produce cocaína. Un juez desoyó sus súplicas y la condenó a 10 años y ocho meses de prisión por tráfico y fabricación de estupefacientes.
Su caso y el de otras miles de mujeres pobres encarceladas por delitos vinculados a las drogas son estudiados por el gobierno de izquierda de Gustavo Petro, que ha llamado a “acabar con la irracional guerra contra las drogas” liderada por Estados Unidos desde hace décadas.
El mandatario propone dejar de perseguir a los campesinos cocaleros y a otros trabajadores de bajo rango en la cadena del narco, pero endurecer los operativos contra los grandes capos y las redes de lavado de dinero.
El jefe de Tabares no fue atrapado y nunca fue a prisión. “Siempre somos los menos involucrados los que pagamos los platos rotos”, se queja esta mujer en una entrevista con la AFP en el Buen Pastor, la principal cárcel de mujeres de Bogotá, donde pasa los días limpiando y pintando cerámicas que luego se venden.
Hace un año Petro sancionó una ley que permite a madres cabeza de familia y de bajos recursos purgar su pena fuera de prisión, haciendo trabajo social con la autorización de un juez.
Gracias a la ley, y a través de lo que es un lento proceso, una decena de mujeres ya fueron liberadas. Tabares espera salir de prisión y reencontrarse con una hija que alcanzó la mayoría de edad mientras ella ha estado tras las rejas, así como con un pequeño de 12 años, al cuidado de una tía.
El Ministerio de Justicia calcula que el 37% de las 7.000 condenadas en las superpobladas cárceles de Colombia cometieron delitos relacionados con narcotráfico y microtráfico. Solo el 15% de los hombres están detenidos por esos delitos.
– “Me necesitan” –
Pese al millonario apoyo de Estados Unidos y la muerte de barones de la cocaína como Pablo Escobar, Colombia no logra acabar con el narcotráfico.
“El diagnóstico es que la guerra contra las drogas ha sido altamente costosa en recursos financieros, pero quizás de forma aún más grave en vidas”, sostiene Camilo Umaña, viceministro de Justicia.
Además, “muchas personas” han “terminado en las cárceles por delitos relacionados con los tráficos”, “mientras que los delitos por ejemplo de lavado de activos, donde se concentra gran parte de la riqueza, son prácticamente inexistentes”, dice.
Angie Hernández ha pasado casi cuatro años en prisión. Su adicción al bazuco -una droga parecida al crack- la llevó a vivir en las calles de Bogotá y municipios aledaños donde también distribuía la sustancia.
En su ausencia, sus dos hijos de 15 y 13 años viven con la abuela. El mayor dejó la escuela.
“Siento que me necesitan”, dice la mujer de 34 años, que pide ocultar su rostro. “He llamado y ellos se han acostado sin comer”, añade.
Cuenta que un juez estudia su caso y que confía en que podrá salir de la cárcel.
– “Diablo” –
El 79% de las mujeres detenidas en 2019 por narcotráfico o crímenes similares en Colombia tenían entre uno y cinco hijos, según un informe de 2019 de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito. El 60% fueron madres antes de cumplir la mayoría de edad.
La ONG Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) estima que más del 40% de las mujeres presas en las Américas fueron encarceladas por delitos vinculados a las drogas.
Isabel Pereira, politóloga del centro de estudios DeJusticia, sostiene que existe “una tendencia latinoamericana a criminalizar más conductas” con “castigos más severos”, y esto golpea a la población femenina sin estudios, con empleos informales y a cargo de varios hijos.
El informe de la ONU muestra que apenas el 19% de las presas colombianas terminó la escuela, casi una condena al desempleo.
En 2023, Estefany Villa, de 30 años, se quedó sin trabajo. Cuenta que sus hijos, que hoy tienen 11, 8 y 5 años, pasaban hambre, por lo que accedió a esconder en su casa bazuco y marihuana a cambio de dinero.
Se me “presentó literalmente el diablo”, dice entre lágrimas. “Usted lo hace porque es una necesidad. Son niños pequeños que piden todos los días desayuno, almuerzo y comida (cena)”, explica.
Espera que la nueva ley del gobierno la ampare. De lo contrario, deberá purgar más de cuatro años en el Buen Pastor.
