El juez considera que durante los ejercicios 2011 y 2012, Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis y Zenith Media a cambio de una comisión de 2,02 millones de euros» que esas mercantiles abonaron a Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo, el presunto testaferro del exministro de Economía.
Esta empresa, a su vez, «transfirió a la sociedad Krandonara 2001 controlada por Rodrigo Rato 835.024,64 euros», que serían su parte en la comisión de acuerdo a la investigación y gran parte de los cuales acabaron en otra empresa participada por el exministro y dedicada a la explotación de un hotel en República Dominicana.
Asimismo, Serrano-Arnal propone juzgar a la que fue secretaria de Rato, Teresa Arellanos, que fue asumiendo cada vez más funciones en Bankia llegando a ser directora de Coordinación de Presidencia y a asumir las competencias de la dirección de Comunicación. Se da por acreditada su «activa participación» en la adjudicación de aquellos contratos de publicidad.
Según expuso en su escrito de acusación la Fiscalía, Rato se sirvió «de íntimos colaboradores» tales como Miguel Ángel Montero, a quien introdujo en la entidad como asesor externo y del que también consta el pago de 189.700 euros desde Albisa, así como de su secretaria personal y de Norniella, «hombre de confianza» para sus fines, constituyendo «un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera».
ALD/Iustel
