Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, pasa sus días con uniforme naranja, en una celda oscura en Florida, Estados Unidos. Se trata del ocaso de uno de los capos del narcotráfico más buscados en su momento y quien fuera la cabeza del Clan del Golfo, cuyo final fue la extradición a Norteamérica.
Antilavadodedinero / Semana
Precisamente, su traslado a Estados Unidos significaría impunidad para muchos y poca verdad para sus víctimas y las familias de las víctimas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad que esto.
SEMANA conoció, en exclusiva, un explosivo documento de once páginas con el que la Procuraduría le pide a la sala de Reconocimiento de Verdad, de la JEP, coordinar con autoridades colombianas y estadounidenses la ampliación de testimonio de Darío Antonio Úsuga David.
El “capo” deberá cantar las verdades que empezó a revelar en Colombia, especialmente las alianzas entre militares y paramilitarismo.
El Ministerio Público argumenta en su solicitud de ampliación del testimonio que Úsuga David es pieza clave en el esclarecimiento de verdad en tres macrocasos: el 03 (crímenes cometidos por los agentes de Estado que habrían presentado a más 6.400 colombianos como guerrilleros dados de baja en combate cuando no lo eran), el 04 (relacionado con la situación territorial de la región de Urabá) y el 06 (sobre la victimización de miembros de la Unión Patriótica).
La utilidad de su testimonio no ha desaparecido, pues a pesar de la extradición ha estado atento a los llamados de la JEP para brindar sus aportes a la verdad.
¿Qué verdades persigue la solicitud? Desaparición forzada, práctica de tortura, violencia sexual, secuestro extorsivo, métodos y medios prohibidos usados en el conflicto interno, eventuales delitos y daños ambientales, individualización de personas (dirigentes políticos, alcaldes, terceros civiles, militares, policías) que coadyuvaron y financiaron la guerra, profundización sobre la creación del movimiento Esperanza Paz y Libertad, muertes sistemáticas por parte de las FARC-EP contra integrantes del EPL y Comando Populares, fosas comunes y lugar de inhumación de los cuerpos.
Pero eso no es todo. La Procuraduría pide ampliación de los hechos sobre los enfrentamientos de la casa Castaño con las disidencias del EPL y las FARC-EP, ampliar la información e identificación de los bienes indicados de 1.000 y 350 hectáreas para la reparación de las víctimas, ampliar información del porqué considera que el exfiscal Néstor Humberto Martínez quería el sometimiento de las AGC siendo que los beneficios eran muy pocos y cuál cree que fue la razón para que se haya fraguado ese acuerdo.
Además, el ministerio público pide que Otoniel pueda ampliar información sobre posibles muertes de líderes sociales, si sabe de campos minados y su ubicación, en cuanto a la parcelación de tierras por parte del EPL y las FARC-EP, concretar cómo se realizó esa práctica y si se presentó desplazamiento forzado de la población rural como consecuencia de estos hechos.
También, qué otros hechos conoce de eventuales muertes de integrantes del EPL a manos de miembros del DAS, qué otras operaciones se coordinaron con la coadyuvancia de los militares en la región de Urabá y de los Llanos Orientales, qué otros nombres de oficiales recuerda que hayan participado o que tuvieron conocimiento de los operativos entre paramilitares y fuerza pública.
Otoniel compareció hace pocos días ante la juez que instruye su caso por tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York, para quejarse, a través de su abogado, de que no puede hablar con su familia ni recibir correspondencia.
La próxima audiencia está prevista para el 18 de octubre y se espera que entonces se pueda fijar una fecha para el juicio del capo del Cartel del Golfo, a quien la justicia estadounidense juzgará por “empresa criminal continuada” y “conspirar para manufacturar y distribuir cocaína”. ¿Qué verdades cantará Otoniel?
