Es por lavado de dinero; el tribunal que hará el juico oral reanudó peritajes y pidió datos sobre alquileres y propiedades; involucra a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López
La causa Hotesur y Los Sauces, en la que se juzgará Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner por lavado de dinero, se reactivó.
El tribunal oral a cargo del juicio oral ordenó reanudar los peritajes contables y pidió informes sobre alquileres y propiedades como parte de las medidas previas antes de ponerle fecha de inicio al juicio oral.
Las medidas fueron dispuestas por el juez José Michilini, que integra el Tribunal Oral Federal N° 5, junto con sus colegas Adriana Palliotti y Sergio Toselli.
El fiscal de juicio Diego Velasco viene empujado para que se reanuden estas medidas de prueba y otras más que aún no fueron ordenadas con la intención de que el juicio oral se haga lo antes posible. Por eso es que el viernes pasado presentó un pedido de pronto despacho.
Esta causa está conectada con el juicio de Vialidad en el que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por fraude al favorecer en las licitaciones de la obra pública santacruceña a Lázaro Báez, convertido en millonario merced de esos contratos. Báez también fue condenado a 6 años en ese se juicio.
La hipótesis es que como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos justificados como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de Calafate.
También forma parte de la causa Cristóbal López, que obtuvo otros beneficios del kirchnerismo y transfirió dinero a los Kirchner como pago por el alquiler de departamentos. En este caso la conexión es con la causa Oil Combustibles, en la que López y su socio, Fabián de Sousa, capitalizaron su holding con la retención del impuestos a los combustibles, pero fueron absueltos, en un fallo que está pendiente de una resolución de la Corte.
La causa Hotesur-Los Sauces estaba detenida hasta que la Corte falló el 17 de diciembre del año pasado y rechazó el último recurso de Cristina Kirchner que frenaba el juicio.
La Corte se la envió el tribunal oral federal que ahora reactivó el proceso. El juez Michilini dispuso enviar oficios a Edesur, Metrogas, Telecom y Telefónica para que informe los datos de los usuarios a nombre de los cuales se encontraban los respectivos servicios, como también los modos de pago y cómo se pagaban en los departamentos de Macacha Güemes 340, piso 4to, departamento “L”, Edificio Dique y en la calle Juana Manso 555, departamentos “D” pisos 8° y 9°, Complejo Madero Center.
Esto es porque esos departamentos pertenecen a Cristina Kirchner y eran alquilados por Fabián de Sousa y Cristóbal López.
Por eso, se pidió a la administración del Complejo Madero Center, que informe si existen registros de ingresos de vehículos que hayan utilizado las cocheras de esos inmuebles.
La justicia quiere conocer los recibos de expensas de un departamento de un edificio de San José al 1100 en la ciudad de Buenos Aires, entre 2014 y 2016, donde vive Florencia Kirchner, hija de la expresidenta.
La hipótesis es que esos alquileres eran una manera de pagar el retorno a los Kirchner por los negocios que les permitieron hacer a Báez y López.
La justicia quiere saber los titulares del servicio de ABL -Alumbrado, Barrido y Limpieza- de los departamentos de Puerto Madero de los Kirchner
Asimismo ordenó que se reanude un peritaje contable sobre los fondos enviados y recibidos por los Kirchner de Báez y López y su comparación con los beneficios obtenidos por los contratos de obra pública que recibieron.
Asimismo se solicitaron informes “con carácter de muy urgente” sobre los antecedentes y permisos de construcción del predio de la Avenida Jorge Newbery y la calle Günter Pluschow, en Calafate. Y los planos de catastro de la ciudad donde se indique la ubicación del terreno, y sus sucesivos dueños.
Lo mismo con respecto a una decena de lotes y departamentos de Río Gallegos , alquilados por la sociedad Los Sauces, del patrimonio de la expresidenta.
Quiere saber la Justicia los antecedentes y permisos de construcción y el historial de los sucesivos titulares.
